Primera Parte<\/p>\n
Hago un alcance a las observaciones efectuadas en el pa\u00eds por el Relator de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados. A\u00f1ado breves aportes acerca de algunas omisiones del contenido del informe preliminar en cuesti\u00f3n, omisiones que posiblemente sean cubiertas en el informe final se\u00f1alado para junio pr\u00f3ximo.
\nEn cuanto a los primeros tres puntos. La justicia est\u00e1 \u201clejos de la gente\u201d por la cotizaci\u00f3n que \u00e9sta supone. El potencial litigante debe consultar primero su bolsillo para decidir si optar\u00e1 por embarcarse en el juicio o resignarse a renunciar a la defensa de sus derechos. Si se trata de un penalmente imputado, su suerte depender\u00e1 tambi\u00e9n de sus posibilidades. En suma, nuestra justicia es econ\u00f3micamente selectiva al margen de su presunta gratuidad, de la ley y la \u00e9tica. Estos par\u00e1metros il\u00edcitos convierten a la justicia en a\u00fan menos accesible a las mujeres y a los desheredados del Estado y de la sociedad.
\nLa autonom\u00eda judicial ind\u00edgena desde su origen es una decisi\u00f3n de tinte claramente pol\u00edtico utilitario. M\u00e1s que haber sido limitada por la Ley de Deslinde Jurisdiccional, este tipo jurisdiccional es distorsionado por montoneras y sus linchamientos atentatorios contra una verdadera justicia. La detenci\u00f3n preventiva no solo se la usa irrestrictamente, sino que es un recurso de determinados jueces para ganar tiempo y negociar la libertad o la prisi\u00f3n del detenido. Es un factor importante de la saturaci\u00f3n de las c\u00e1rceles.
\nSi m\u00e1s de 500 jueces son transitorios o interinos viene a ser una realidad a medias. Este personal permanece en la judicatura en tanto en cuanto obedezca las instrucciones del Ejecutivo o de los poderosos del partido de Gobierno, obediencia que los convierte en jueces permanentes. Esta verdad generalizada al interior del organismo judicial rompe la Independencia de \u00d3rgano Judicial, sin ser el \u00fanico factor determinante de la anomia del sistema. La cr\u00edtica al 1 % del Presupuesto General del Estado asignado a la Justicia es exiguo a todas luces. Su incremento debe ajustarse prioritariamente al incremento del n\u00famero de jueces para descongestionar la carga procesal. Sin embargo, deviene en tapadera hacia el reajuste de sueldos de magistrados y jueces. Que perciben menores emolumentos a nivel latinoamericano amerita una digresi\u00f3n, si se ve que estamos frente a una mayor\u00eda de personal poco calificado y hasta improvisado. En el exterior los sueldos son altos debido a la formaci\u00f3n especializada de sus integrantes en centros prestigiosos, adem\u00e1s de otras exigencias decisivas que debe cumplir el servicio. Es muy corriente en el \u00e1mbito de la Justicia que tanto jueces como fiscales sean incorporados como tales apenas titulados de abogados, con frecuencia no se aplica el requisito de experiencia de dos a\u00f1os de ejercicio profesional o en otras formas del mismo. \u00bfD\u00f3nde ocurre algo semejante?
\nAunque la Ley 260 de 2012 del Ministerio P\u00fablico no fija dr\u00e1sticas ni amplias atribuciones para su desempe\u00f1o, la imputaci\u00f3n queda a su arbitrio por lo general sin un condigno an\u00e1lisis exhaustivo del caso o por c\u00e1lculo extorsivo. Tampoco es extra\u00f1a una suerte de condescendencia del juez de la causa con los requerimientos fiscales, sobre todo si el encausado no tiene filiaci\u00f3n oficialista. Si la denuncia es contra militantes o allegados al Gobierno, los fiscales rechazan de oficio la denuncia o querella. Salta a la vista que este brazo persecutor permanece atento a las inculpaciones de los jerarcas del r\u00e9gimen a trav\u00e9s de los medios de comunicaci\u00f3n contra opositores. Si es as\u00ed son imputados apenas se presenten a declarar o, a la inversa, no disponen la investigaci\u00f3n o la clausuran si la denuncia involucra a los adictos del r\u00e9gimen, aunque medien pruebas incriminatorias que los condenen.
\nEl punto final del informe preliminar de Diego Garc\u00eda-Say\u00e1n, comprende dos aspectos de enorme importancia. El primero se\u00f1ala que \u201cla independencia de los jueces es un tema pendiente\u201d. Esa breve afirmaci\u00f3n asienta el dedo en la llaga por la injerencia del Gobierno en toda la escala judicial, convirti\u00e9ndola en agencia de sus designios. Se espera que el informe conclusivo sugiera una verdadera independencia del Poder Judicial y, en consecuencia, sean adoptadas medidas para su efectividad. En segundo lugar, preliminarmente incide que \u201cse debe ajustar la elecci\u00f3n de las altas cortes del pa\u00eds\u201d. Sin embargo, no menciona que la degradaci\u00f3n de la administraci\u00f3n de justicia tiene que ver precisamente con el procedimiento sesgado de selecci\u00f3n y elecci\u00f3n de las altas cortes. No es el voto popular el responsable de la debacle. En efecto, la selecci\u00f3n en los dos ensayos efectuados fue patrimonio privativo de los dos tercios legislativos detentados por el MAS. Tuvo su sello exclusivista y, para mal de males, la selecci\u00f3n pec\u00f3 por la falta de idoneidad de los escogidos, fue peor a\u00fan en no pocas designaciones, pero aseguraba obediencia a los gobernantes y, a la vez, reten\u00eda en sus manos un arma represiva poderosa y recurrente.<\/p>\n
El autor es jurista, escritor y periodista.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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