El derecho de acceso a la informaci\u00f3n de inter\u00e9s p\u00fablico, como componente de la libertad de expresi\u00f3n, ha ganado una batalla en el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (TCP) que fall\u00f3 a favor de un abogado que pidi\u00f3 informes sobre la contrataci\u00f3n de servicios legales en el Seguro Social Universitario estatal (SSU) de la ciudad de Cochabamba.
\n\u201cLa jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jur\u00eddico III.1 del presente fallo constitucional, establece que el derecho al acceso a la informaci\u00f3n es parte de la libre expresi\u00f3n, e implica la prerrogativa de toda persona a impetrar (solicitar) informaci\u00f3n a las entidades p\u00fablicas\u2026\u201d, se\u00f1ala la Sentencia Constitucional Plurinacional 0920\/2021-S2 del 2 de diciembre de 2021.
\nEl documento que se halla en la gaceta electr\u00f3nica del TCP, es el primero que se pronuncia en respaldo pleno al par\u00e1grafo 6 del art\u00edculo 21 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado (CPE) que reconoce el derecho \u201cA acceder a la informaci\u00f3n, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva\u201d.
\nEl acceso a la informaci\u00f3n de inter\u00e9s p\u00fablico tiene por finalidad otorgar a todo ciudadano el derecho de conocer las actividades de las entidades estatales, as\u00ed como obtener datos sobre el uso de recursos p\u00fablicos y es componente fundamental en la lucha contra la corrupci\u00f3n.
\n\u201cDe hecho es tan importante este derecho que permite el ejercicio de otros derechos que vienen a continuaci\u00f3n: derecho a la salud, justicia, educaci\u00f3n, desarrollo, etc. y es uno de los principales promotores de desarrollo porque una ciudadan\u00eda m\u00e1s informada estar\u00e1 m\u00e1s preparada para la vida\u201d, explic\u00f3 el abogado especializado en libertad de expresi\u00f3n, Sergio Ardaya.
\nAntes de la aplicaci\u00f3n de la norma constitucional (2009), el decreto 28168 promulgado por el presidente Carlos Mesa en mayo de 2005, reconoci\u00f3 el derecho de las personas a la informaci\u00f3n mediante peticiones individuales y colectivas.
\nDe acuerdo al fallo, se reconoce la existencia de salvedades que impiden la entrega de informaci\u00f3n en casos de confidencialidad de datos a los cuales asigna un grado de reserva \u201cmesurada y destinada a la protecci\u00f3n de ciertos valores\u201d.
\nEn ocho p\u00e1ginas, los magistrados Br\u00edgida Celia Vargas y Carlos Alberto Calder\u00f3n hacen una reivindicaci\u00f3n de la facilidad de acceso a informaci\u00f3n de inter\u00e9s p\u00fablico que deben tener los ciudadanos bajo el \u00fanico requisito de ser boliviana o boliviano.
\nUna investigaci\u00f3n realizada por la Asociaci\u00f3n Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) en alianza con CAinfo de Uruguay, en 2011, determin\u00f3 que de 33 pedidos realizados a entidades p\u00fablicas, 26 no fueron atendidos y fue necesario enviar quejas al Defensor del Pueblo y al Ministerio de Transparencia.<\/p>\n
LA DEMANDA
\nEntre agosto y noviembre de 2020, el abogado y catedr\u00e1tico universitario, Henry Pinto D\u00e1valos, recibi\u00f3 una negativa de la gerencia del Seguro Social Universitario de la ciudad de Cochabamba (SSU) a pedidos de informaci\u00f3n sobre la contrataci\u00f3n de asesores externos (abogados y t\u00e9cnicos).
\nEl solicitante ten\u00eda el inter\u00e9s de saber las razones de una \u201ccontrataci\u00f3n dispendiosa e innecesaria de asesores legales externos que, en su opini\u00f3n no se justifican considerando que en el SSU de Cochabamba existe un asesor a tiempo completo, un auxiliar y personal jur\u00eddico de apoyo\u201d, seg\u00fan explic\u00f3 a la Unidad de Monitoreo de la ANP.
\nPinto recurri\u00f3 al Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba que a trav\u00e9s de la Sala Tercera y en una resoluci\u00f3n del 30 de diciembre, rechaz\u00f3 el pedido al argumentar que el solicitante no acudi\u00f3 a la instancia superior del SSU, el Directorio de la entidad de salud.
\nEn fase de revisi\u00f3n, el abogado Pinto acudi\u00f3 al TCP que analiz\u00f3 aspectos doctrinales sobre el derecho de acceso a la informaci\u00f3n y cit\u00f3 la interpretaci\u00f3n de Ernesto Villanueva que define a esta facultad de las personas como: \u201cEl conjunto de datos y hechos ordenados que tienen como prop\u00f3sito servir a las personas para la toma de decisiones, de manera que se enriquezca la convivencia y participaci\u00f3n democr\u00e1tica. En ese sentido, la informaci\u00f3n p\u00fablica tiene una doble perspectiva, pues opera como un \u2018deber del Estado de dar a conocer a la sociedad sus propias decisiones y derecho de los ciudadanos a acceder a dicha informaci\u00f3n p\u00fablica\u2019\u201d.<\/p>\n
TRANSPARENCIA
\n\u201c\u2026Dados los requerimientos actuales, es necesario brindar la ma\u0301s amplia informacio\u0301n, como muestra de transparencia de las actividades desplegadas por la administracio\u0301n pu\u0301blica, que permita a las personas controlar los actos de gobierno y conocer aquella informacio\u0301n de cara\u0301cter pu\u0301blico que pueda tener relevancia no s\u00f3lo personal, sino tambie\u0301n para el grupo social al que pertenece el individuo que solicita los datos, enriqueciendo el sistema democra\u0301tico representativo\u201d, expresa otra de las valoraciones de la resoluci\u00f3n.
\nRatifica la jurisprudencia desarrollada en el fundamento jur\u00eddico y \u201cestablece que el derecho al acceso a la informaci\u00f3n es parte de la libre expresi\u00f3n, e implica la prerrogativa de toda persona a impetrar (solicitar) informaci\u00f3n a las entidades p\u00fablicas\u201d.
\nEl TCP identifica como \u201csujetos del derecho a la informaci\u00f3n en su dimensi\u00f3n activa, los medios de comunicaci\u00f3n social; las personas individuales; en general grupos sociales de cualquier naturaleza; y sujetos pasivos, las personas individuales o grupos colectivos\u201d.
\nRespalda su argumento en el art\u00edculo 19 de la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos en el que se proclama el derecho a recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitaci\u00f3n de fronteras, por cualquier medio de informaci\u00f3n, concordante con el Art\u00edculo IV de la Declaraci\u00f3n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos. (ANP)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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