Evitar que los jueces realicen trabajos administrativos, garantizar su independencia econ\u00f3mica y estabilidad laboral, son las medidas que la Asociaci\u00f3n de Jueces y Magistrados de Bolivia (Amabol) plantea para cumplir con sus funciones establecidas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado (CPE) y las leyes.
\n\u201cUn juez que est\u00e1 siendo amenazado de manera constante ante las afirmaciones de que ser\u00e1 destituido de su cargo en cualquier momento (situaci\u00f3n que constituye acoso y hostigamiento laboral), eso genera en el funcionario un conflicto que no permite trabajar de manera sosegada, porque est\u00e1 preocupado de que se cumplan las amenazas y cualquier d\u00eda pueda ser destituido de su fuente laboral, esto se agrava si consideramos que los jueces no estamos dentro de la Ley General del Trabajo y al momento de la desvinculaci\u00f3n salimos con el \u00faltimo sueldo\u201d, advirti\u00f3 la presidenta de Amabol, Grenny Booling en contacto con EL DIARIO.
\nBooling aclar\u00f3 que de acuerdo al art\u00edculo 178 de la CPE, las garant\u00edas de la independencia judicial son: El desempe\u00f1o de los jueces de acuerdo a la carrera judicial y la autonom\u00eda presupuestaria del \u00d3rgano Judicial.
\n\u201cLamentablemente no se tiene autonom\u00eda presupuestaria, toda vez que es el Ejecutivo quien determina el presupuesto del \u00d3rgano Judicial, en realidad el monto asignado es menor al asignado a algunos ministerios, es decir que no se reconoce la condici\u00f3n de \u00d3rgano del Estado, en cuanto al presupuesto\u201d, lament\u00f3.
\nDe acuerdo a denuncias del \u00d3rgano Judicial, en 2021 sufrieron una reducci\u00f3n de Bs 174 millones de su presupuesto anual; de los 1.034 millones que recib\u00edan cada gesti\u00f3n, el a\u00f1o pasado solo obtuvieron 959 millones. No obstante, en la misma gesti\u00f3n, mediante el Decreto Supremo 4484, el gobierno de Luis Arce decidi\u00f3 incrementar el presupuesto del Viceministerio de Comunicaci\u00f3n de 59,5 millones de bolivianos a 110,2 millones. Se trata de un aumento de 50,7 millones de bolivianos respecto de los recursos que ten\u00eda en la gesti\u00f3n 2020, seg\u00fan publicaci\u00f3n de un medio de comunicaci\u00f3n de circulaci\u00f3n nacional.<\/p>\n
EVALUACIONES
\nPara salir de la crisis en la que actualmente se encuentra el \u00d3rgano Judicial, la representante de Amabol manifest\u00f3 que debe someterse a evaluaciones conforme prev\u00e9 la Ley 025, respetando las recomendaciones internacionales.
\n\u201c(Debemos evaluar) con reglamento de evaluaci\u00f3n previo, que delinee la forma de evaluaci\u00f3n, respetando el derecho al trabajo, con personal id\u00f3neo con conocimiento y experiencia en el \u00e1rea jurisdiccional y no solo administrativa, donde adem\u00e1s intervengan necesariamente pares, es decir, evaluaci\u00f3n por pares, sujetando a todos los jueces a evaluaci\u00f3n, sin discriminaci\u00f3n que coloque a los jueces en posici\u00f3n de jueces de primera y de segunda\u201d, apunt\u00f3.
\nRespecto a los exjueces que se encuentran procesados, manifest\u00f3 que se debe proseguir las investigaciones, respetando sus derechos constitucionales como el de cualquier persona, garantizando la presunci\u00f3n de inocencia y el derecho a la defensa, hasta llegar a la verdad hist\u00f3rica de los hechos y en caso de comprobarse la existencia de la comisi\u00f3n del delito, se sancione conforme lo prev\u00e9 la ley.<\/p>\n
REFORMA
\nLa representante de Amabol manifest\u00f3 que luego de un an\u00e1lisis, coincidieron en la necesidad de una reforma judicial, desde la forma de elecci\u00f3n de las altas autoridades del \u00d3rgano Judicial, la reforma de la Ley 025, que no se ajusta a la realidad actual, y respecto al r\u00e9gimen disciplinario, al que consideran vulneratorio a derechos fundamentales, al permanecer en un sistema \u201cinquisitivo transgresor\u201d, entre otros del derecho a la defensa y la presunci\u00f3n de inocencia.
\nAclar\u00f3 que los jueces son procesados por dos v\u00edas, una primera por faltas leves, graves y grav\u00edsimas, ante juez disciplinario y los hechos tipificados como delitos ante el Ministerio P\u00fablico, como el caso del exjuez Rafael Alc\u00f3n.<\/p>\n
\u201cNO GENERALIZAR\u201d
\nRespecto a los jueces procesados por liberar asesinos, Booling asegur\u00f3 que no se pueden realizar afirmaciones definitivas, en tanto no concluyan las investigaciones que establezcan la existencia de responsabilidad en la conducta de jueces y\/o exjueces y que no corresponde hablar en plural.
\n\u201cNo corresponde hablar en plural, incluyendo a todos los jueces, toda vez que son hechos aislados que involucran a determinadas personas y no todas corresponden a actos jurisdiccionales; cada funcionario, as\u00ed como personas en general, act\u00faa de acuerdo a los valores que le fueron inculcados en la familia\u201d, dijo.
\nAclar\u00f3 que para detectar a qu\u00e9 se atribuye las supuestas irregularidades, inicialmente se debe establecer la existencia de las mismas, de lo contrario se estar\u00eda atribuyendo una conducta que a\u00fan se encuentra en proceso de investigaci\u00f3n.
\n\u201cLa sociedad a delegado la resoluci\u00f3n de sus conflictos al \u00d3rgano Judicial para materializar la justicia, y precisamente ante estos acontecimientos tan sensibles, es cuando m\u00e1s debe confiar la sociedad en la justicia para restablecer la paz social, en la que cualquier exjuez investigado, goce los mismos derechos de los que goza toda persona\u201d, dijo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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