Grupos que rechazan la obligatoriedad de la vacuna anticovid presentaron ayer ante estrados judiciales una Acci\u00f3n Popular, en contra los decretos 4060 y 4061, que obligan a portar certificado de vacunaci\u00f3n o prueba PCR para ingresar a lugares con aglomeraci\u00f3n.<\/p>\n
\u201cLos decretos supremos 4640 y 4641 se constituyen decretos atentatorios y vulneratorios de derechos y garant\u00edas fundamentales\u201d, manifest\u00f3 el abogado Gabriel Justiniano, que patrocina este recurso.<\/p>\n
El recurso constitucional fue presentado por el representante de la Iglesias Evang\u00e9licas, Luis Aruquipa, el exdirigente sindical Jaime Solares, adem\u00e1s de m\u00e9dicos promotores del uso del di\u00f3xido de cloro como Patricia Callisperis y Guery Cordero. El abogado Justiniano indic\u00f3 que se cuenta con el apoyo tambi\u00e9n del Comit\u00e9 C\u00edvico de El Alto.<\/p>\n
Seg\u00fan el jurista, en este tema no se trata solamente del derecho a vacunarse, sino se est\u00e1 defendiendo la libertad de las personas, el derecho a la libertad de expresi\u00f3n, libertad de culto y la libertad de disposici\u00f3n sobre su cuerpo.<\/p>\n
Alert\u00f3 que con los decretos ya existen vulneraciones a derechos, como personas que son rechazadas de sus fuentes de trabajo o gente que no ha sido atendida en el sistema de salud p\u00fablica o que no pudo retirar su dinero.<\/p>\n
Con los decretos, desde enero el certificado de vacunaci\u00f3n o la prueba PCR es requisito para ingresar a entidades p\u00fablicas y a bancos, es decir, quien no tenga alguno de estos documentos no podr\u00eda realizar tr\u00e1mites o transacciones presencialmente en dichas instituciones.<\/p>\n
El abogado Justiniano explic\u00f3 que si s\u00f3lo una persona no quisiera vacunarse, se puede aplicar el criterio de que el derecho de una colectividad est\u00e1 por encima del de un individuo, pero en este caso sostuvo que son cuentos de miles que rechazan la vacunaci\u00f3n, por lo cual tambi\u00e9n es una colectividad.<\/p>\n
Seg\u00fan la Constituci\u00f3n, una Acci\u00f3n Popular procede contra \u201ctodo acto u omisi\u00f3n de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad p\u00fablica, el medio ambiente y otros de similar naturaleza\u201d.<\/p>\n
El recurso debe ser resuelto por una Sala Constitucional. (Erbol)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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