El ministro de Econom\u00eda y Finanzas P\u00fablicas, Marcelo Montenegro, posesion\u00f3 a Jaime Dur\u00e1n Chuquimia como Gerente General de la Gestora P\u00fablica de la Seguridad Social de Largo Plazo, en reemplazo de Pablo Mauricio Salazar P\u00e9rez, quien present\u00f3 su renuncia al cargo por motivos personales.
\nLa designaci\u00f3n del cargo se efect\u00faa en cumplimiento a la Resoluci\u00f3n Suprema N\u00b0 27523 del 17 de mayo de 2021.
\nMontenegro destac\u00f3 el aporte de la Gestora P\u00fablica en el pago de la Renta Dignidad y el pago del Bono contra el Hambre que contribuyen a fortalecer la redistribuci\u00f3n de ingresos.
\n\u201cPara m\u00ed es un honor y una gran responsabilidad administrar la Gestora P\u00fablica\u201d, declar\u00f3 la flamante autoridad luego de su posesi\u00f3n.
\nEn la actualidad la Gestora P\u00fablica se hace cargo de la administraci\u00f3n y pago del beneficio de la Renta Dignidad desde enero de 2018, poniendo en funcionamiento oficinas de atenci\u00f3n al p\u00fablico en todo el pa\u00eds.
\nObservaciones
\nEn junio de 2020, el entonces gerente de la Gestora, Sergio Flores, denunciaron contratos millonarios de software con da\u00f1o econ\u00f3mico al Estado.
\nEn esa ocasi\u00f3n, Flores dijo que el se\u00f1or Arce Catacora, en su calidad de exministro y presidente del directorio de la Gestora debe responder ante estos hechos de corrupci\u00f3n.
\nLos contratos observados fueron realizados con dos empresas, una paname\u00f1a y otra colombiana, con el objetivo de que la Gestora cuenta con el software apto para migrar los datos desde las AFP y encargarse de la gesti\u00f3n de los fondos de jubilaci\u00f3n. Sin embargo, ambas contrataciones no dieron resultados, seg\u00fan public\u00f3 Erbol, en esa fecha.
\nFlores explic\u00f3 que en el caso de la empresa Sysde de Panam\u00e1 se hizo la contrataci\u00f3n por 5 millones de d\u00f3lares y se pag\u00f3 3.8 millones, pero nunca se tuvo el software.
\nRespecto al segundo contrato, con la empresa Heisohn de Colombia, inform\u00f3 que el contrato es de 10,4 millones de d\u00f3lares para una \u201csupuesta compra\u201d, del software, pero en realidad era una clase de alquiler, porque el Estado a\u00fan deb\u00eda pagar 1,6 millones de d\u00f3lares al a\u00f1o por concepto de licencia y c\u00f3digo fuente. Ese contrato, adem\u00e1s, se hab\u00eda firmado durante los conflictos de octubre de 2019. Con datos del peri\u00f3dico opini\u00f3n de esa fecha.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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