El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, convoc\u00f3 a los tres niveles del Estado a coordinar esfuerzos para atender la emergencia por sequ\u00eda que perjudica a m\u00e1s de 114.000 familias en Bolivia y record\u00f3 que alcald\u00edas y gobernaciones deben cumplir los procedimientos establecidos para solicitar asistencia humanitaria.
\nLa autoridad se\u00f1al\u00f3 que la declaratoria de Emergencia Nacional, establecida mediante el Decreto Supremo 5759, exige una respuesta conjunta de las instituciones responsables de agua, salud, producci\u00f3n, infraestructura, medio ambiente y econom\u00eda, adem\u00e1s de los gobiernos departamentales y municipales.
\n\u201cEsta no es una responsabilidad exclusiva del Ministerio de Defensa\u201d, afirm\u00f3 Justiniano, quien pidi\u00f3 a gobernadores y alcaldes identificar los da\u00f1os, evaluar las necesidades y emitir sus propias declaratorias de emergencia o desastre cuando la magnitud de los acontecimientos lo justifique.
\nSeg\u00fan el reporte oficial al 29 de octubre, la sequ\u00eda perjudica a 114.048 familias en 63 municipios de seis departamentos. De ese total, 78.217 est\u00e1n clasificadas como afectadas y 35.831 como damnificadas.
\nEl viceministro de Defensa Civil, Roberto Rivero, explic\u00f3 que, para solicitar ayuda por sequ\u00eda, las alcald\u00edas deben identificar a las familias perjudicadas y presentar ante Defensa Civil una declaratoria municipal de desastre, el formulario de Evaluaci\u00f3n de Da\u00f1os y An\u00e1lisis de Necesidades (EDAN), informes t\u00e9cnico, jur\u00eddico y financiero, adem\u00e1s de los respaldos exigidos por la gu\u00eda operativa.
\nLa Direcci\u00f3n General de Emergencias y Auxilio (DGEA) verificar\u00e1 la documentaci\u00f3n y las necesidades antes de autorizar, cuando corresponda, la entrega de bienes. Rivero aclar\u00f3 que una solicitud no garantiza la asistencia y que todav\u00eda debe precisarse la aplicaci\u00f3n del Decreto Supremo 2342, que admite una solicitud formal como alternativa a una declaratoria para determinadas transferencias, sujeta a requisitos adicionales.
\nAsimismo, se\u00f1al\u00f3 que las intervenciones que requieran maquinaria, obras o recursos p\u00fablicos deben contar con evaluaciones t\u00e9cnicas, costos, fuentes presupuestarias y autorizaciones correspondientes, sin quedar exentas de controles legales.
\nJustiniano advirti\u00f3 que durante los pr\u00f3ximos meses podr\u00edan presentarse inundaciones, riadas, desbordes, heladas, granizadas e incendios forestales, aunque aclar\u00f3 que se trata de riesgos cuya ocurrencia no est\u00e1 confirmada.
\nEl ministro precis\u00f3 que la declaratoria nacional permite gestionar financiamiento para enfrentar los desastres, pero no implica desembolsos autom\u00e1ticos ni autoriza gastos sin respaldo legal.
\nDefensa Civil coordinar\u00e1 las acciones de su competencia y articular\u00e1 el apoyo de las Fuerzas Armadas cuando sea necesario, mientras las autoridades territoriales deber\u00e1n garantizar la atenci\u00f3n de las familias perjudicadas y la rendici\u00f3n de cuentas sobre los recursos utilizados.
\nRivero explic\u00f3 que alcald\u00edas y gobernaciones pueden utilizar su presupuesto mediante las normas habituales de contrataci\u00f3n. En casos de derrumbes que a\u00edslen comunidades, corresponde identificar a la entidad vial responsable, evaluar da\u00f1os y definir los trabajos urgentes para restablecer el acceso; una reconstrucci\u00f3n definitiva requiere proyectos y financiamiento espec\u00edficos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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