Hasta ahora, gran parte del debate sobre la eliminaci\u00f3n de subsidios se ha concentrado en el di\u00e9sel y la gasolina porque representan una carga fiscal significativa. Sin embargo, el Gas Licuado de Petr\u00f3leo (GLP) tiene adem\u00e1s una caracter\u00edstica distinta, es probablemente el subsidio con mayor sensibilidad social.
\nEn el caso del di\u00e9sel, la experiencia reciente parece mostrar que si el precio se acerca al valor de mercado desaparece gran parte del incentivo al contrabando inverso y al acaparamiento. La gasolina y el GLP presentan una l\u00f3gica similar, mientras exista una brecha significativa entre el precio subsidiado y el precio internacional, seguir\u00e1 existiendo un incentivo para que operadores informales desv\u00eden el producto hacia mercados donde pueden venderlo m\u00e1s caro.
\nEl GLP afecta directamente a la preparaci\u00f3n de alimentos y el funcionamiento cotidiano de millones de hogares especialmente de bajos ingresos. Por ello, un problema de abastecimiento tiene un costo pol\u00edtico y social mucho m\u00e1s elevado.
\nUna garrafa de GLP cuesta Bs 22,50 en Bolivia y se paga a m\u00e1s de Bs 100 en Per\u00fa. Si hablamos de una garrafa de GLP que cruza ilegalmente hacia la frontera con Argentina, el c\u00e1lculo econ\u00f3mico es bastante revelador, se han reportado costos entre Bs 150 y Bs 200 por una garrafa de GLP boliviana. Si algunos especialistas estiman precios en el mercado interno cercanos a Bs 120 por garrafa de GLP sin subsidio, entonces la brecha es enorme y es precisamente la que crea el incentivo para el contrabando inverso.
\nM\u00e1s interesante a\u00fan es que el mercado ya est\u00e1 revelando parcialmente esa escasez. En La Paz y El Alto se reportan reventas por encima de Bs 40 por garrafa. Desde la \u00f3ptica econ\u00f3mica, eso es una se\u00f1al cl\u00e1sica: El mercado paralelo suele anticipar el precio de equilibrio antes de que lo reconozca la regulaci\u00f3n.
\nAunque el Gobierno asegura que el subsidio al GLP permanecer\u00e1 intacto al menos hasta despu\u00e9s de 2027, un desabastecimiento persistente podr\u00eda obligarlo a reconsiderar esa postura antes de lo previsto. Hasta el momento la estrategia se ha basado en una represi\u00f3n al contrabando. Sin embargo, esta medida apunta a los s\u00edntomas y no a la causa de fondo: la diferencia entre el precio subsidiado en Bolivia y el valor de mercado en los pa\u00edses vecinos.
\nEl Gobierno ha manifestado su intenci\u00f3n de reemplazar gradualmente el subsidio generalizado por un esquema focalizado dirigido a los hogares m\u00e1s vulnerables. Si bien esta medida podr\u00eda aliviar el impacto sobre los sectores en situaci\u00f3n de pobreza y pobreza extrema, el riesgo de una focalizaci\u00f3n excesivamente estrecha es confundir pobreza con vulnerabilidad. Entre ambos conceptos existe una amplia franja de hogares que, sin ser considerados pobres extremos ni beneficiarios de programas sociales, viven con presupuestos ajustados y dependen del GLP para cubrir necesidades b\u00e1sicas. Para estas familias, un incremento significativo en el precio de la garrafa de gas puede representar una p\u00e9rdida importante de bienestar, aun cuando estad\u00edsticamente no formen parte de la poblaci\u00f3n m\u00e1s pobre.
\nLa experiencia internacional muestra que la focalizaci\u00f3n del subsidio no necesariamente implica mantener un subsidio directo al producto. En muchos pa\u00edses se han utilizado mecanismos alternativos orientados a proteger a los hogares sin distorsionar el precio de la energ\u00eda, por ejemplo, vales energ\u00e9ticos para cubrir parte del consumo b\u00e1sico o tarifas diferenciadas seg\u00fan niveles de consumo. Estas herramientas buscan preservar el acceso a servicios esenciales sin generar los incentivos al contrabando, el acaparamiento y el sobreconsumo que suelen acompa\u00f1ar a los subsidios.
\nExiste adem\u00e1s un riesgo que suele pasar desapercibido en los dise\u00f1os de subsidios focalizados. Los sectores de ingresos bajos y medios est\u00e1n conformados en gran medida por gremiales, transportistas, taxistas, maestros, trabajadores por cuenta propia y peque\u00f1os emprendedores. Un segmento amplio de la sociedad cuya capacidad de organizaci\u00f3n y movilizaci\u00f3n es significativo, un aumento sustancial en el precio del GLP sin mecanismos adecuados de compensaci\u00f3n podr\u00eda generar resistencia social a las medidas de ajuste.
\nLa experiencia internacional muestra que los programas de estabilizaci\u00f3n fracasan con frecuencia no por errores t\u00e9cnicos, sino porque los costos recaen sobre grupos sociales lo suficientemente amplios como para bloquear pol\u00edticamente las reformas.
\nLa sostenibilidad de las reformas tambi\u00e9n depende de que los costos sean percibidos como distribuidos de manera justa. Cuando amplios sectores de ingresos bajos y medios sienten que soportan una carga desproporcionada, la resistencia social puede terminar comprometiendo los objetivos mismos de la estabilizaci\u00f3n.
\nCuanto m\u00e1s se retrase la discusi\u00f3n, mayor es la probabilidad de que la decisi\u00f3n termine siendo impuesta por la escasez y no por la planificaci\u00f3n econ\u00f3mica. Esa suele ser la diferencia entre una reforma ordenada y una reforma forzada por la realidad.<\/p>\n
El autor es economista.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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