A 18 d\u00edas de la promulgaci\u00f3n de la Ley N\u00b0 1773 de 02 de octubre de 2026, fui entrevistado por la Red Unitel sobre la posesi\u00f3n de los nuevos Fiscales Departamentales interinos.
\nCabe mencionar que esta ley N\u00b0 1773, menciona las facultades del Fiscal General transitorio y entre ellas, se encuentra: \u201cla reasignaci\u00f3n temporal de responsabilidades internas\u201d. En ese sentido, el nombramiento de Fiscales Departamentales se sustenta en dicha ley, por ende, responde a una reorganizaci\u00f3n temporal necesaria.
\nPretender aplicar el art\u00edculo 33.II de la Ley N\u00b0 260, mediante convocatoria p\u00fablica y calificaci\u00f3n de capacidad profesional y m\u00e9ritos mediante concurso p\u00fablico, teniendo en cuenta, lo tedioso que eso representa (impugnaciones, resolver impugnaciones, etc.), se les ir\u00eda los 90 d\u00edas, solo en eso.
\nAhora, no solo es mejorar la imagen p\u00fablica, es menester contener el deterioro institucional, recuperar el control de la estructura institucional, ganar tiempo, administrar la transici\u00f3n y recuperar legitimidad mediante resultados. La legitimidad no se recupera con el nombramiento en s\u00ed mismo, sino con decisiones verificables, respeto al debido proceso y controles que contin\u00faen funcionando cuando cambie la autoridad. Esos son los retos, brindar certidumbre jur\u00eddica a los administrados.
\nTodos los Fiscales Departamentales deber\u00edan presentar ante el Fiscal General, un cronograma de 90 d\u00edas con resultados medibles. La gesti\u00f3n deber\u00eda tener tres etapas. El plazo es corto, por lo que no ser\u00eda realista prometer que se resolver\u00e1n todas las causas de corrupci\u00f3n; s\u00ed es razonable exigir que se identifiquen riesgos, se protejan evidencias y se produzcan resultados verificables. Y que el fiscal general interino garantice la supervisi\u00f3n, la continuidad de las investigaciones y el concurso p\u00fablico para las titularidades.
\nEse ser\u00eda un primer paso serio para pasar de una Fiscal\u00eda dependiente de la integridad personal de sus autoridades a una instituci\u00f3n cuyo dise\u00f1o haga m\u00e1s dif\u00edcil la corrupci\u00f3n y m\u00e1s f\u00e1cil detectar, investigar y sancionar sus manifestaciones.
\nLas tres etapas podr\u00edan ser: 1) Estabilizar y preservar (inventario de causas sensibles, cr\u00edticas y procesos con plazos pr\u00f3ximos a vencer; preservaci\u00f3n de expedientes, evidencias y registros inform\u00e1ticos. Cumplir con la debida cadena de custodia de las evidencias; identificaci\u00f3n de conflictos de intereses y riesgos de interferencia; protocolo de asignaci\u00f3n y reasignaci\u00f3n documentada de casos. El Indicador deber\u00eda ser: inventario de casos cr\u00edticos completado y medidas de protecci\u00f3n documentadas); 2) Corregir e investigar (auditor\u00edas jur\u00eddicas priorizadas, investigaci\u00f3n de irregularidades detectadas y derivaci\u00f3n a las instancias competentes, revisi\u00f3n de cargas procesales, retardaci\u00f3n y decisiones sin fundamentaci\u00f3n suficiente, implementaci\u00f3n de alertas digitales y mecanismos de denuncia protegida. El Indicador: hallazgos documentados, responsables de seguimiento asignados y medidas correctivas ejecutadas); y 3) Rendir cuentas y asegurar continuidad (informe p\u00fablico de resultados y limitaciones, evaluaci\u00f3n de la eficacia de los controles, recomendaciones de reforma y presupuesto, plan de continuidad para que la siguiente autoridad no interrumpa las medidas adoptadas. El Indicador: informe verificable, controles operativos y plan de continuidad formalizado).
\nLa nueva autoridad debe evitar dos extremos: a) la impunidad interna, que consiste en proteger a los funcionarios por jerarqu\u00eda, amistad o conveniencia; y 2) la persecuci\u00f3n interna, que consiste en destituir, trasladar o procesar funcionarios sin elementos objetivos, \u00fanicamente para demostrar una ruptura pol\u00edtica. Eso se debe evitar.
\nSi los hechos investigados comprometen a autoridades de alguna Fiscal\u00eda Departamental, no ser\u00eda suficiente que el nuevo fiscal departamental controle por s\u00ed solo toda la investigaci\u00f3n. Debe asegurarse una separaci\u00f3n funcional entre: 1) La autoridad que administra la Fiscal\u00eda Departamental; 2) Los fiscales que investigan los hechos presuntamente delictivos; 3) Las instancias que ejercen control disciplinario; y, 4) Las autoridades judiciales que controlan la legalidad de los actos sometidos a su competencia.
\nCuando existan conflictos de intereses, corresponde activar los mecanismos legales de reasignaci\u00f3n, coordinaci\u00f3n o intervenci\u00f3n de otras instancias competentes. El fiscal departamental no puede sustituir al juez ni apropiarse de atribuciones que la ley asigna a otra autoridad, Por lo tanto, el \u00d3rgano Judicial debe necesaria y obligatoriamente acompa\u00f1ar eficientemente. Adem\u00e1s, la Fiscal\u00eda General del Estado debe supervisar que no se produzcan interferencias y que las decisiones relevantes tengan respaldo documental.
\nEn conclusi\u00f3n, estos 90 d\u00edas no son para improvisar ni para buscar aplausos f\u00e1ciles. Son una ventana de oportunidad cr\u00edtica para demostrar que la Fiscal\u00eda General del Estado puede funcionar con rigor t\u00e9cnico, independientemente de la transitoriedad de sus funciones. Solo con metas claras, plazos fatales y una fiscalizaci\u00f3n implacable se podr\u00e1 sentar la base de la instituci\u00f3n que Bolivia exige: una Fiscal\u00eda robusta, predecible y ajena al arbitrio pol\u00edtico.<\/p>\n
El autor es abogado constitucionalista.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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