El 31 de agosto de 2026 se dio fin a un abuso que nunca estuvo plenamente justificado: la vigencia de un \u201cCertificado \u00danico de Idiomas Oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia\u201d que era un requisito ineludible para el acceso a la funci\u00f3n p\u00fablica.
\nEl fondo de la exigencia era leg\u00edtimo: validar los idiomas originarios y evitar su desaparici\u00f3n. Se introdujo a la normativa boliviana en el primer par\u00e1grafo del art\u00edculo 5 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado (CPE) que reconoce a 36 de esos idiomas como oficiales de Bolivia, adem\u00e1s del espa\u00f1ol, que el texto constitucional sigue llamando castellano. M\u00e1s adelante, el art\u00edculo 234 establece como exigencia \u201cpara acceder al desempe\u00f1o de funciones p\u00fablica\u201d el \u201chablar al menos dos idiomas oficiales del pa\u00eds\u201d (234.7).
\nHasta ah\u00ed todo estaba muy bien, pero los problemas comenzaron cuando los funcionarios que deb\u00edan aplicar esas reformas constitucionales las interpretaron a su manera. La exigencia de los dos idiomas se convirti\u00f3 en la m\u00e1s importante para el acceso a la funci\u00f3n p\u00fablica, por encima de requisitos t\u00e9cnicos elementales, como, por ejemplo, la formaci\u00f3n acad\u00e9mica inherente al cargo. No solo se exig\u00eda hablar los idiomas, sino que eso se pruebe mediante certificados de formaci\u00f3n que dieron lugar al surgimiento de una variada oferta de universidades e institutos.
\nEl colmo del abuso fue el Decreto Supremo 4566, promulgado por Luis Arce, que convirti\u00f3 el Certificado \u00danico en el \u00fanico documento v\u00e1lido para ejercer funciones en la administraci\u00f3n p\u00fablica y en entidades privadas de servicio p\u00fablico. Su art\u00edculo 4 no se conform\u00f3 con exigir una acreditaci\u00f3n: oblig\u00f3 adem\u00e1s a los servidores p\u00fablicos a actualizar peri\u00f3dicamente sus conocimientos en idiomas originarios. La norma, en lugar de promover el aprendizaje mediante una pol\u00edtica p\u00fablica accesible, instal\u00f3 un mecanismo de control que pod\u00eda repetirse indefinidamente.
\nCuando Rodrigo Paz asumi\u00f3 la presidencia, la exigencia de ese certificado segu\u00eda vigente y, en la pr\u00e1ctica, quien quer\u00eda demostrar que hablaba al menos dos idiomas oficiales deb\u00eda presentar el certificado \u00fanico de la Escuela de Gesti\u00f3n P\u00fablica Plurinacional (EGPP), pues no se aceptaba otro. Lo curioso es que la EGPP dicta cursos que terminan con los certificados necesarios para entrar a la funci\u00f3n p\u00fablica, pero, aunque los idiomas oficiales son 37, solo ofrece quechua y aymara, lo cual discrimina al resto. Para peor, son los cursos m\u00e1s caros (actualmente cuestan 440 Bolivianos frente a los Bs 100 del curso de prevenci\u00f3n de la violencia) y son los m\u00e1s dif\u00edciles de aprobar, puesto que el examen oral vale el 70 por ciento de la calificaci\u00f3n total. Una amiga m\u00eda que habla quechua fluido fue reprobada en ese sistema.
\nEstos abusos comenzaron a desmontarse el 31 de agosto de 2026, cuando se promulg\u00f3 el decreto 5688. La nueva norma ya no impone un certificado \u00fanico: reconoce la ense\u00f1anza y certificaci\u00f3n de idiomas oficiales por institutos, adem\u00e1s de las universidades p\u00fablicas aut\u00f3nomas. Tambi\u00e9n dispone que los certificados emitidos por instituciones legalmente habilitadas tengan vigencia indefinida, sin renovaci\u00f3n, convalidaci\u00f3n ni certificado adicional, y mantiene la validez de los que fueron emitidos antes. Finalmente, abroga el Decreto Supremo 4566.
\nLos idiomas originarios merecen protecci\u00f3n, no burocracia. Si el Estado quiere que sus servidores p\u00fablicos hablen los idiomas oficiales, debe formar, no abusar.<\/p>\n
Juan Jos\u00e9 Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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