El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admiti\u00f3 un nuevo recurso de conflicto de competencia que busca trasladar a la jurisdicci\u00f3n ind\u00edgena originaria campesina el proceso judicial por el caso Las Londras, seg\u00fan inform\u00f3 la defensa de los periodistas afectados.<\/p>\n
La abogada de los periodistas, Raquel Guerrero, inform\u00f3 que el martes 27 de octubre fue notificada con la nueva acci\u00f3n, promovida por Fernando Mita Trujillo y Reynaldo Alvarado Flores, quienes se identificaron como jueces naturales de la jurisdicci\u00f3n ind\u00edgena originaria campesina y acudieron al TCP para solicitar que esa instancia conozca la causa.<\/p>\n
Seg\u00fan la jurista, los acusados Mart\u00edn Tejerina Villalobos, Nicol\u00e1s Ram\u00edrez Taboada y Sixto Canaza ya hab\u00edan impulsado anteriormente un recurso de esta naturaleza. La defensa considera que estas acciones buscan retrasar el proceso y dificultar que se establezcan responsabilidades por los hechos investigados.<\/p>\n
El caso se remonta al 28 de octubre de 2021, cuando 17 personas, entre ellas periodistas, polic\u00edas y civiles, fueron emboscadas por un grupo armado en el predio Las Londras, ubicado en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz. Las v\u00edctimas fueron retenidas contra su voluntad y sometidas a agresiones, amenazas y actos de tortura.<\/p>\n
Desde entonces, el proceso judicial ha enfrentado reiteradas dificultades y postergaciones. Uno de los principales obst\u00e1culos fue la controversia sobre la jurisdicci\u00f3n competente para juzgar a los acusados, que ocasion\u00f3 la suspensi\u00f3n del juicio oral en 2025. Aunque posteriormente se dispuso su continuidad en la justicia ordinaria, la causa ha seguido enfrentando problemas para avanzar hacia una sentencia.<\/p>\n
La presentaci\u00f3n del nuevo recurso genera incertidumbre sobre la continuidad del juicio, debido a que nuevamente se plantea que el caso sea tratado fuera de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. La defensa de los periodistas cuestiona esta situaci\u00f3n y advierte sobre el riesgo de nuevas demoras.<\/p>\n
A cinco a\u00f1os del ataque, las v\u00edctimas contin\u00faan sin obtener una sentencia por los hechos denunciados, mientras persiste la controversia judicial que, seg\u00fan su representaci\u00f3n legal, obstaculiza el esclarecimiento de las responsabilidades penales. (Santa Cruz, agencias)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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