El Gobierno boliviano autoriz\u00f3 de manera excepcional a personas y empresas privadas a importar gas natural (GN) y gas natural licuado (GNL) para consumo propio o generaci\u00f3n de electricidad, pero prohibi\u00f3 su comercializaci\u00f3n o transferencia a terceros, mediante el Decreto Supremo 5755.<\/p>\n
La disposici\u00f3n, promulgada el 26 de octubre de 2026, tambi\u00e9n alcanza a personas naturales y jur\u00eddicas del sector p\u00fablico, con el prop\u00f3sito de fortalecer el abastecimiento energ\u00e9tico del mercado interno y garantizar la continuidad de las actividades productivas. La medida se enmarca en la emergencia energ\u00e9tica y social establecida por el Decreto Supremo 5517.<\/p>\n
El art\u00edculo 5 de la normativa proh\u00edbe expresamente que los importadores vendan o transfieran a terceros los vol\u00famenes de gas adquiridos en el exterior, independientemente de la modalidad de la operaci\u00f3n. El incumplimiento de esta restricci\u00f3n constituye una infracci\u00f3n muy grave, sancionada con la revocatoria de la autorizaci\u00f3n de importaci\u00f3n.<\/p>\n
Para acceder a este mecanismo, los interesados deber\u00e1n obtener la autorizaci\u00f3n del ente regulador y cumplir los requisitos que establezca el Ministerio de Hidrocarburos y Energ\u00edas mediante una resoluci\u00f3n ministerial, adem\u00e1s de las condiciones t\u00e9cnicas, ambientales y de seguridad correspondientes.<\/p>\n
La disposici\u00f3n tambi\u00e9n obliga a registrar y reportar, antes del ingreso del combustible al pa\u00eds, los vol\u00famenes que se pretende importar, la documentaci\u00f3n que acredite su calidad y el precio de compra. Esta informaci\u00f3n permitir\u00e1 efectuar el seguimiento, control y fiscalizaci\u00f3n de las operaciones.<\/p>\n
El decreto contempla sanciones econ\u00f3micas por otras infracciones administrativas. Las faltas leves ser\u00e1n castigadas con multas equivalentes al 3% del valor de compra del volumen promedio diario importado; las graves, con el 5%, y determinadas infracciones muy graves, con el 10%.<\/p>\n
Asimismo, permite que operadores p\u00fablicos y privados, nacionales o extranjeros, presten servicios de transporte de GNL, siempre que cuenten con la licencia correspondiente y cumplan las exigencias establecidas por la regulaci\u00f3n vigente.<\/p>\n
En cuanto al transporte por ductos, la normativa prioriza el abastecimiento del mercado interno, seguido del gas importado para generaci\u00f3n el\u00e9ctrica, otros consumidores, las exportaciones y el gas en tr\u00e1nsito, de acuerdo con la capacidad disponible y las condiciones aplicables a los contratos interrumpibles.<\/p>\n
Seg\u00fan un an\u00e1lisis elaborado por, Fernando Romero, la disposici\u00f3n representa una alternativa para diversificar las fuentes de suministro energ\u00e9tico y ampliar la participaci\u00f3n del sector privado, aunque tambi\u00e9n presenta riesgos econ\u00f3micos y limitaciones en su alcance.<\/p>\n
Entre los aspectos favorables, Romero identifica la posibilidad de que las industrias y empresas generadoras de electricidad accedan a gas importado cuando la oferta nacional resulte insuficiente. Esta alternativa permitir\u00eda atender necesidades operativas y reducir el riesgo de interrupciones en los procesos productivos.<\/p>\n
Tambi\u00e9n destaca que la participaci\u00f3n privada en la importaci\u00f3n y el transporte del combustible abre oportunidades para nuevas operaciones empresariales, bajo regulaci\u00f3n estatal.<\/p>\n
Sin embargo, advierte que la adquisici\u00f3n de gas en el exterior podr\u00eda incrementar los costos de funcionamiento de las empresas y generar una mayor demanda de divisas, especialmente si el precio del combustible importado supera al del producido en Bolivia.<\/p>\n
Otra limitaci\u00f3n identificada es que la autorizaci\u00f3n est\u00e1 restringida al consumo propio y la generaci\u00f3n de electricidad. En consecuencia, la medida no constituye una soluci\u00f3n general para abastecer a todos los consumidores del mercado nacional.<\/p>\n
Para enfrentar los problemas estructurales del sector, Romero plantea actualizar la Ley 3058 de Hidrocarburos y revisar el marco tributario, laboral y contractual, con el prop\u00f3sito de fortalecer la seguridad jur\u00eddica y establecer condiciones favorables para nuevas inversiones.<\/p>\n
Asimismo, propone desarrollar alianzas estrat\u00e9gicas transparentes entre Yacimientos Petrol\u00edferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y empresas privadas, mediante mecanismos que permitan distribuir adecuadamente los riesgos y beneficios de los proyectos energ\u00e9ticos.<\/p>\n
Entre las prioridades tambi\u00e9n se\u00f1ala la necesidad de incrementar la exploraci\u00f3n, perforaci\u00f3n y recuperaci\u00f3n de campos gas\u00edferos, adem\u00e1s de fortalecer la certificaci\u00f3n de reservas y las evaluaciones t\u00e9cnicas y ambientales de las actividades hidrocarbur\u00edferas.<\/p>\n
Estas acciones deber\u00edan complementarse con inversiones en infraestructura de transporte y procesamiento, ampliaci\u00f3n de conexiones hacia los centros de consumo y contratos de largo plazo, con precios que permitan recuperar los recursos invertidos.<\/p>\n
Finalmente, Romero considera necesario priorizar el abastecimiento nacional y diversificar la matriz energ\u00e9tica para reducir la dependencia del gas natural. El incremento de la inversi\u00f3n y la producci\u00f3n, junto con reformas e infraestructura adecuada, permitir\u00eda fortalecer el sector, generar empleo y avanzar hacia la recuperaci\u00f3n de la capacidad exportadora de Bolivia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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