Existe en la legislaci\u00f3n boliviana una suficiente normatividad relacionada con el uso y destino de los bienes incautados al narcotr\u00e1fico o que bien tengan conexi\u00f3n con ese grave il\u00edcito.
\nLa ley 913, de lucha contra el tr\u00e1fico il\u00edcito de sustancias controladas, por ejemplo, hace prevenci\u00f3n del destino legal de los bienes y recursos monetarios incautados al narcotr\u00e1fico. Si uno se toma la molestia de leer su articulado, es muy probable que termine satisfecho con los objetivos edificantes que deben cumplir esos bienes. Sin embargo, la realidad de los esc\u00e1ndalos de corrupci\u00f3n de las \u00faltimas semanas hace imposible no dudar de que esos bienes van a cumplir un fin social o institucional, porque es un secreto a voces que, en todos los gobiernos, las autoridades vinculadas al control, investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n del tr\u00e1fico il\u00edcito de drogas y que, dentro de nuestras fronteras, abundan, reciben sus participaciones, por lo que en este flagelo, la corrupci\u00f3n pone en tela de juicio el control efectivo de esos activos.
\nCuando el Ministerio P\u00fablico y\/o la Polic\u00eda incautan dinero en efectivo, como sucedi\u00f3 en reiteradas veces, la flagrancia o el allanamiento en dichos operativos obliga a que el dinero tenga que quedar inicialmente bajo resguardo institucional en cuentas oficiales, mientras se determina la situaci\u00f3n jur\u00eddica de quien ha sido sorprendido en posesi\u00f3n de esos recursos. De tal manera, solo una sentencia condenatoria ejecutoriada autoriza al Estado a la disposici\u00f3n de esos bienes a trav\u00e9s de procedimientos y porcentajes que la misma norma prev\u00e9.
\nDIRCABI tiene la potestad de administrar, durante la substanciaci\u00f3n del proceso penal, los bienes a trav\u00e9s de custodias institucionales y de subasta p\u00fablica, si los bienes corren el riesgo de deteriorarse, perder valor tecnol\u00f3gico u otras causas justificables. Eso, es lo que el derecho positivo contempla.
\nPero los caudales nada despreciables que en ciertos operativos contra el narcotr\u00e1fico son incautados, en la ciudadan\u00eda tienen una percepci\u00f3n tal, que esos recursos, en gran parte de sus montos y sin distinci\u00f3n de gobiernos, de doctrinas ni ideolog\u00edas, terminan en el patrimonio privado.
\nNo obstante, el principio de presunci\u00f3n de inocencia incorporado con acierto en nuestra legislaci\u00f3n penal, existen, pues, casos de alto perfil institucional, como los recientes e impactantes operativos que involucraron la aprehensi\u00f3n del propio exfiscal general de Estado, Roger Mariaca, investigado por supuestos v\u00ednculos con redes del narcotr\u00e1fico y legitimaci\u00f3n de ganancias il\u00edcitas. Las circunstancias en que grandes sumas de dinero fueron incautadas de la multiplicidad de domicilios que le pertenec\u00edan hacen inferir casi una flagrancia en la comisi\u00f3n de esos tipos penales. De manera que, en casos como ese, se torna muy dif\u00edcil que una autoridad del rango que ostentaba el sindicado, con un salario muy por debajo de su jerarqu\u00eda, pueda justificar la posesi\u00f3n de tanto dinero en su casa.
\nAntecedentes que, por supuesto, no le privan del derecho a un debido proceso en el que el Ministerio P\u00fablico tenga que probar la procedencia il\u00edcita de esos dineros. Con todo, la tenencia de ese efectivo fuera de los canales financieros formales por altas autoridades que tienen tuici\u00f3n sobre delitos como el narcotr\u00e1fico, ilustra la porosidad frente al dinero sucio.
\nEsas consideraciones que no involucran a nadie con exclusividad, pero que es est\u00e9ril negar que son un comportamiento habitual en nuestras altas autoridades, hacen inevitable que la ciudadan\u00eda medianamente pensante o los hombres y mujeres que todav\u00eda tienen en su formaci\u00f3n c\u00f3digos de moralidad, tengan la certeza de que entre los recursos incautados y lo que dicta la Ley 913, hay un desfase; esto es financiar la salud, la fiscal\u00eda y los propios operativos antidroga, y el destino verdadero que sufren los bienes debido al desv\u00edo por corrupci\u00f3n institucional, la falta de transparencia de quienes circunstancialmente est\u00e1n al frente de los organismos competentes y que no est\u00e1n dispuestos a desperdiciar la oportunidad de resolver su vida y de los suyos, en algunos meses de ejercicio.
\nAs\u00ed, en esos pomposos operativos televisados, donde la Polic\u00eda incauta millones en efectivo, inmuebles de lujo y flotas de veh\u00edculos de astron\u00f3micos precios, nuestras autoridades acuden a una narrativa que la venden como un golpe al crimen organizado, cuando todos sabemos que los bienes incautados han dejado de ser instrumentos de resarcimiento social para transformarse en botines pol\u00edticos y en no pocos casos en veh\u00edculos de uso privado de la misma burocracia que deber\u00eda combatirlos. Y para colmo, ocasionando accidentes en estados cuestionables. El rol de custodio de DIRCABI est\u00e1 lejos de asumirse como una conservaci\u00f3n honesta de lo incautado, atribuyendo la ciudadan\u00eda al Estado un mensaje demoledor: el de promotor de apropiaciones indebidas.<\/p>\n
Augusto Vera Riveros es abogado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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