La abrogaci\u00f3n de la Ley 1333 de Medio Ambiente podr\u00eda debilitar la protecci\u00f3n de los recursos naturales en Bolivia, debido a las presiones de sectores econ\u00f3micos interesados en flexibilizar las regulaciones ambientales.<\/p>\n
Frente a ese escenario, se plantea reforzar la legislaci\u00f3n vigente, garantizar su cumplimiento y fortalecer las instituciones encargadas de fiscalizar las actividades que provocan da\u00f1os al medioambiente, antes que sustituir completamente la normativa.<\/p>\n
La diputada y experta en medioambiente, Cecilia Requena, en entrevista con EL DIARIO, rechaz\u00f3 la posibilidad de eliminar la Ley 1333, al considerar que los principales problemas ambientales del pa\u00eds no responden necesariamente a deficiencias de la legislaci\u00f3n, sino a la falta de aplicaci\u00f3n de las disposiciones existentes y a las debilidades institucionales para hacerlas cumplir.<\/p>\n
\u201cLa Ley 1333 ha aguantado bastante bien el paso del tiempo. Debe ser m\u00e1s que, sobre todo, complementada y reforzada, pero de ning\u00fan modo abrogada\u201d, afirm\u00f3 durante una entrevista en la que analiz\u00f3 la situaci\u00f3n de la normativa ambiental y los obst\u00e1culos pol\u00edticos que impiden avanzar hacia una mayor protecci\u00f3n de los recursos naturales.<\/p>\n
Requena advirti\u00f3 que promover una reforma integral de la legislaci\u00f3n ambiental en las actuales circunstancias representar\u00eda un riesgo, considerando la influencia que ejercen determinados sectores econ\u00f3micos sobre las decisiones gubernamentales y legislativas. A su juicio, las presiones existentes apuntan m\u00e1s a flexibilizar las restricciones que a establecer mayores exigencias de protecci\u00f3n.<\/p>\n
Seg\u00fan explic\u00f3, entre los sectores que ejercen esas presiones se encuentran los cooperativistas mineros dedicados a la explotaci\u00f3n aur\u00edfera, adem\u00e1s de actores vinculados con los hidrocarburos y las actividades agropecuarias, que han mostrado resistencia a la aprobaci\u00f3n de disposiciones ambientales m\u00e1s estrictas.<\/p>\n
Como ejemplo de esa tendencia, mencion\u00f3 que, despu\u00e9s de que el Gobierno del expresidente Luis Arce desistiera de otorgar permisos especiales para actividades mineras en \u00e1reas protegidas, la actual administraci\u00f3n restituy\u00f3 esa posibilidad, seg\u00fan sostuvo la legisladora.<\/p>\n
Tambi\u00e9n hizo referencia a versiones sobre la orientaci\u00f3n que podr\u00eda asumir un nuevo C\u00f3digo Minero, aunque aclar\u00f3 que se trata de rumores y no de informaci\u00f3n confirmada. Su preocupaci\u00f3n radica en que las eventuales modificaciones legislativas no conduzcan a mayores exigencias ambientales, sino a disposiciones m\u00e1s permisivas para las actividades extractivas.<\/p>\n
En ese contexto, record\u00f3 las dificultades que enfrent\u00f3 una propuesta de Ley de Bosques, que no consigui\u00f3 el respaldo necesario de los sectores involucrados. Consider\u00f3 que esa experiencia refleja la resistencia existente frente a iniciativas destinadas a establecer mayores responsabilidades en la protecci\u00f3n de los recursos forestales.<\/p>\n
Requena insisti\u00f3 en que abrir un proceso de sustituci\u00f3n de la Ley 1333, sin condiciones pol\u00edticas favorables para fortalecer la protecci\u00f3n ambiental, podr\u00eda terminar debilitando las disposiciones actualmente vigentes.<\/p>\n
\u201cYo temo que aqu\u00ed se est\u00e1 echando la culpa a las normas cuando, en realidad, lo que est\u00e1 fallando es la aplicaci\u00f3n o, en este caso, m\u00e1s precisamente, la no aplicaci\u00f3n de las normas\u201d, manifest\u00f3.<\/p>\n
Por ello, consider\u00f3 indispensable fortalecer la institucionalidad ambiental, mejorar los mecanismos de fiscalizaci\u00f3n y establecer consecuencias efectivas para quienes incumplen las disposiciones legales. Se\u00f1al\u00f3 que el problema no se resolver\u00e1 \u00fanicamente con la aprobaci\u00f3n de nuevas normas si persisten las dificultades para exigir su cumplimiento.<\/p>\n
La parlamentaria expres\u00f3 especial preocupaci\u00f3n por la expansi\u00f3n de las actividades mineras ilegales y la ausencia de consecuencias efectivas para quienes operan al margen de la normativa. En ese sentido, cuestion\u00f3 que \u201cla miner\u00eda ilegal est\u00e1 campeando y no tiene ning\u00fan costo hacer eso\u201d.<\/p>\n
Respecto a las denominadas leyes incendiarias, identificadas con los n\u00fameros 337, 1171 y 741, reconoci\u00f3 que su abrogaci\u00f3n contin\u00faa pendiente, pese a los avances registrados en distintas etapas de su tratamiento legislativo y a los intentos de eliminar esas disposiciones.<\/p>\n
Explic\u00f3 que el Senado aprob\u00f3 en su momento los proyectos de abrogaci\u00f3n de las tres leyes, que posteriormente fueron remitidos a la C\u00e1mara de Diputados. Sin embargo, las iniciativas no consiguieron superar la votaci\u00f3n en comisi\u00f3n, debido a la oposici\u00f3n pol\u00edtica que encontraron durante su tratamiento.<\/p>\n
La legisladora se\u00f1al\u00f3 que existieron fuertes presiones para impedir que el proceso de abrogaci\u00f3n concluyera favorablemente, situaci\u00f3n que, a su criterio, evidencia la influencia de sectores interesados en mantener las disposiciones cuestionadas.<\/p>\n
Indic\u00f3 que, durante la gesti\u00f3n legislativa a la que hizo referencia, las iniciativas fueron repuestas y nuevamente consideradas en las instancias correspondientes. Desde el Comit\u00e9 de Medio Ambiente, Cambios Clim\u00e1ticos, \u00c1reas Protegidas y Recursos Forestales se impuls\u00f3 su tratamiento para avanzar en la eliminaci\u00f3n de las normas.<\/p>\n
En el caso de la Ley 1171, explic\u00f3 que se trabaj\u00f3 en el informe correspondiente para promover su abrogaci\u00f3n. No obstante, durante el tratamiento en comisi\u00f3n se plante\u00f3 abrir un espacio de di\u00e1logo con los sectores involucrados para intentar alcanzar acuerdos, particularmente sobre el r\u00e9gimen de sanciones.<\/p>\n
Requena sostuvo que la derogaci\u00f3n o abrogaci\u00f3n de determinadas disposiciones debe acompa\u00f1arse de medidas complementarias que eviten vac\u00edos legales. En ese contexto, record\u00f3 que la propuesta de Ley de Bosques contemplaba aspectos que permitir\u00edan completar la regulaci\u00f3n ambiental existente.<\/p>\n
Precis\u00f3 que la Ley 1333 no abarca todos los aspectos relacionados con la protecci\u00f3n del medioambiente, por lo que resulta necesario desarrollar legislaci\u00f3n complementaria, sin que ello implique eliminar una norma que considera fundamental para la gesti\u00f3n ambiental del pa\u00eds.<\/p>\n
En cuanto a la Ley 337, explic\u00f3 que fue necesario realizar un seguimiento que, a su juicio, no debi\u00f3 haber sido indispensable para conseguir finalmente la emisi\u00f3n del informe de abrogaci\u00f3n. Una situaci\u00f3n similar se present\u00f3 con la Ley 749, cuyo tratamiento tambi\u00e9n avanz\u00f3 en las instancias legislativas correspondientes.<\/p>\n
Sin embargo, las iniciativas no llegaron al pleno de la C\u00e1mara de Diputados, situaci\u00f3n que atribuy\u00f3 tanto a las prioridades de una agenda parlamentaria recargada como a la falta de respaldo pol\u00edtico suficiente para completar el procedimiento legislativo.<\/p>\n
\u201cHan sido tratados en el nivel de comit\u00e9 y comisi\u00f3n, pero no han pasado todav\u00eda al pleno\u201d, puntualiz\u00f3, al aclarar que s\u00ed se realizaron actuaciones legislativas para avanzar en la abrogaci\u00f3n de las tres normas.<\/p>\n
La diputada explic\u00f3 que, en el tratamiento de la Ley 1171, la b\u00fasqueda de consensos con los sectores involucrados tampoco permiti\u00f3 completar el procedimiento. Reconoci\u00f3 que alcanzar acuerdos sobre las sanciones representa una dificultad adicional, particularmente cuando existen intereses contrapuestos.<\/p>\n
En su evaluaci\u00f3n, la falta de resultados no puede atribuirse exclusivamente a la acumulaci\u00f3n de asuntos pendientes en la Asamblea Legislativa, porque tambi\u00e9n existe una insuficiente voluntad pol\u00edtica para modificar disposiciones que benefician a determinados sectores.<\/p>\n
Ante esta situaci\u00f3n, sostuvo que la pr\u00f3xima legislatura deber\u00e1 retomar el tratamiento de las iniciativas de abrogaci\u00f3n pendientes y procurar que cualquier modificaci\u00f3n normativa est\u00e9 acompa\u00f1ada de mecanismos legales e institucionales que permitan fortalecer la protecci\u00f3n ambiental.<\/p>\n
Requena remarc\u00f3 que la prioridad debe concentrarse en mejorar el cumplimiento de las leyes, establecer responsabilidades frente a las infracciones ambientales y evitar que las presiones sectoriales conduzcan a un debilitamiento de los controles sobre las actividades econ\u00f3micas que afectan a los bosques y otros recursos naturales.<\/p>\n
Finalmente, consider\u00f3 que la permanencia de las normas cuestionadas tambi\u00e9n responde a la influencia que determinados grupos mantienen dentro de la Asamblea Legislativa, lo que dificulta alcanzar los acuerdos necesarios para modificar la legislaci\u00f3n vigente.<\/p>\n
\u201cY s\u00ed, no hay la suficiente voluntad pol\u00edtica. Es m\u00e1s, hay poderes que est\u00e1n bien presentes en la Asamblea que preferir\u00edan que todo se quede igual\u201d, concluy\u00f3.<\/p>\n
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