{"id":441134,"date":"2026-10-22T05:52:02","date_gmt":"2026-10-22T09:52:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.eldiario.net\/portal\/?p=441134"},"modified":"2026-10-22T05:52:02","modified_gmt":"2026-10-22T09:52:02","slug":"once-capacidades-para-medir-la-autonomia-real-lo-que-muestran-los-datos-de-gobernaciones-y-municipios","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.eldiario.net\/portal\/2026\/10\/22\/once-capacidades-para-medir-la-autonomia-real-lo-que-muestran-los-datos-de-gobernaciones-y-municipios\/","title":{"rendered":"Once capacidades para medir la autonom\u00eda real: lo que muestran los datos de gobernaciones y municipios"},"content":{"rendered":"

Un estudio de CEBEM eval\u00faa a las entidades territoriales aut\u00f3nomas en once dimensiones, de la fiscal a la de gobernanza. El resultado es un mapa de recursos en ca\u00edda, tr\u00e1mites sin digitalizar y un poder pol\u00edtico fragmentado.<\/em><\/p>\n

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Transferir competencias y recursos a gobernaciones y municipios exige una condici\u00f3n previa: que puedan gastar bien. Para lograr medirlo se propone once capacidades: fiscal, administrativa, organizacional, burocr\u00e1tica, tecnol\u00f3gica, de equipamiento, digital, coercitiva, estatal, de gobernabilidad y de gobernanza.<\/p>\n

El Producto Interno Bruto real pas\u00f3 de USD 8.451 millones en 2000 a USD 55.177 millones estimados para 2025. El mayor crecimiento anual fue 6,80% en 2013, impulsado por los precios de las materias primas, y para 2025 se proyecta una variaci\u00f3n de \u22121,58%. Ese crecimiento no se tradujo en estabilidad para los territorios. Los departamentos no productores de hidrocarburos operan en desventaja, porque el Estado centraliza los recursos y los redistribuye seg\u00fan poblaci\u00f3n, no seg\u00fan generaci\u00f3n propia.<\/p>\n

La inversi\u00f3n p\u00fablica ejecutada registra el deterioro con claridad. La serie del Ministerio de Planificaci\u00f3n muestra que el total nacional alcanz\u00f3 su m\u00e1ximo en 2016, con USD 5.065,2 millones, y cay\u00f3 a USD 1.784,0 millones en 2020: una reducci\u00f3n de 64,8%. El patr\u00f3n se repite en los departamentos, aunque con intensidad distinta.<\/p>\n

Entre los departamentos, La Paz pas\u00f3 de USD 850.274,7 miles en 2016 a USD 366.076,5 miles en 2020 (\u221256,9%), y Tarija de USD 665.438,3 miles en 2013 a USD 144.943,7 miles en 2020 (\u221278,2%). Las variaciones son c\u00e1lculo propio sobre la serie del Ministerio de Planificaci\u00f3n.<\/p>\n

Los ingresos por hidrocarburos siguieron una trayectoria similar. En los gobiernos municipales, el total de ingresos por regal\u00edas hidrocarbur\u00edferas pas\u00f3 de 8.556,039 en 2015 a 6.265,755 en 2020 (una ca\u00edda de 26,8%; serie en miles de bolivianos seg\u00fan el t\u00edtulo del cuadro) y los datos preliminares de 2024 (8.390,775) recuperan 98,1% del nivel de 2015, seg\u00fan el cuadro 46 del estudio. En la Gobernaci\u00f3n de La Paz, el IDH baj\u00f3 de Bs 104.069.698 en 2019 a Bs 83.937.227 en 2020, una p\u00e9rdida de Bs 20.132.471 (19,3%). El documento recoge adem\u00e1s la denuncia, formulada por autoridades de la Gobernaci\u00f3n de La Paz en 2020, de que el gobierno central descuenta y administra 85% del IDH promedio de las nueve gobernaciones para financiar la Renta Dignidad, el Bono de Vacunaci\u00f3n, prediarios de c\u00e1rceles y contrapartes de carreteras nacionales.<\/p>\n

La dependencia es extrema en territorios rurales. En el Norte de Potos\u00ed, las transferencias del Tesoro General alcanzan en promedio 96,60% de los ingresos. En 2024, 32 municipios recaudaron menos de Bs 1.000 en impuestos propios; el cuadro 3 del estudio registra adem\u00e1s 71 municipios entre Bs 1.000 y Bs 100.000, y 8 por encima de Bs 100 millones que concentran 71% de la recaudaci\u00f3n total. La autonom\u00eda, concluye el estudio, es en muchos casos formal y carece de sustento material.<\/p>\n

El peso de los salarios var\u00eda con el tama\u00f1o del municipio. En los principales representa entre 30% y 40% del gasto corriente; en los intermedios, entre 60% y 80%; y en los m\u00e1s peque\u00f1os, entre 80% y 100%. Estos \u00faltimos quedan sin margen para inversi\u00f3n y recurren, seg\u00fan el estudio, a la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) del Ministerio de la Presidencia, cuyos criterios de asignaci\u00f3n favorecer\u00edan a alcaldes afines al gobierno central. Es una afirmaci\u00f3n del autor que requerir\u00eda verificaci\u00f3n con datos de asignaci\u00f3n por municipio.<\/p>\n

En tr\u00e1mites, el estudio recoge estimaciones de volumen diario en el eje central: La Paz tiene 8.000, Santa Cruz 12.000, Cochabamba 5.000 y El Alto 9.000. Son cifras aproximadas del propio documento, y la presentaci\u00f3n las agrupa en un rango de 8.000 a 12.000 para La Paz y Santa Cruz. El catastro urbano cubre entre 25% y 85% de las viviendas seg\u00fan la ciudad, con Cochabamba en el extremo alto y El Alto en el bajo. El catastro rural no supera 25% en todo el pa\u00eds, lo que genera superposici\u00f3n entre concesiones mineras, forestales y territorios ind\u00edgenas.<\/p>\n

Los municipios de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz digitalizaron al menos 40% de sus tr\u00e1mites, sobre todo permisos de construcci\u00f3n, licencias de funcionamiento y pagos de impuestos y multas. En el resto el avance es casi nulo, y en las gobernaciones es pr\u00e1cticamente inexistente: el estudio no registra experiencias piloto de digitalizaci\u00f3n de tr\u00e1mites departamentales. La intranet del Concejo Municipal de La Paz, implantada en la gesti\u00f3n 2014\u20132019 para que los ciudadanos siguieran las sesiones e interactuaran con sus concejales, se desmantel\u00f3 a los tres a\u00f1os porque los concejales consideraron que no contribu\u00eda a la gobernabilidad.<\/p>\n

El equipamiento es limitado y se concentra en volquetas y veh\u00edculos livianos, la mayor parte de estos \u00faltimos donados durante el gobierno de Evo Morales a municipios de su partido, seg\u00fan el documento. Entre 20% y 30% de los equipos de computaci\u00f3n registrados est\u00e1 en desuso o en reparaci\u00f3n, y el estudio estima que se necesitar\u00eda al menos el triple de los equipos actuales para atender la demanda administrativa.<\/p>\n

Las capacidades no se miden en aislamiento, y los indicadores regionales ayudan a leerlas. La n\u00f3mina que consume entre 80% y 100% del gasto corriente de los municipios peque\u00f1os convive con una informalidad de 82,2% en el pa\u00eds, seg\u00fan la OIT: cuando la base tributaria propia es m\u00ednima, la planilla se financia casi por entero con transferencias, lo que es coherente con la dependencia de 96,60% que el estudio registra en el Norte de Potos\u00ed, aunque el documento no establece esa relaci\u00f3n de forma directa.<\/p>\n

La estructura del Estado incluye 12 ministerios, 120 entidades descentralizadas, 79 empresas p\u00fablicas, 9 gobiernos departamentales, 339 municipales, 5 gobiernos aut\u00f3nomos ind\u00edgenas y un gobierno regional, sin contar 405 territorios comunitarios de origen dentro de los municipios. El documento retoma el argumento de Acemoglu, Johnson y Robinson (2005) sobre la capacidad estatal fiscal atrofiada en Am\u00e9rica Latina, y sostiene que en Bolivia se agrava por la concentraci\u00f3n del poder pol\u00edtico y econ\u00f3mico.<\/p>\n

Las elecciones subnacionales del 22 de marzo de 2026 renovaron 2.716 cargos titulares y 2.300 suplentes, un total de 5.016. La participaci\u00f3n promedio fue 85%, pero los votos v\u00e1lidos alcanzaron 83%, y el porcentaje de votos v\u00e1lidos respecto al padr\u00f3n fue 72%. Compitieron 181 siglas, frente a 122 en 2021, y 84% no super\u00f3 1% de los votos. Solo 12% de los alcaldes electos tiene mayor\u00eda en su Concejo y el ganador promedio obtuvo 31%, contra 55,4% en 2015. Solo dos gobernaciones resultaron aliadas del gobierno nacional, y ninguna Asamblea Legislativa Departamental tiene mayor\u00eda de dos tercios.<\/p>\n

El contexto conflictivo agrega presi\u00f3n. Bolivia vivi\u00f3 en 2026 dos grandes movilizaciones, incluido un bloqueo de 53 d\u00edas entre mayo y junio. El estudio observa que el nivel subnacional no se vio mayormente afectado. La Fundaci\u00f3n UNIR clasifica la conflictividad local principalmente como de naturaleza econ\u00f3mica y distributiva: escasez de recursos, demandas de inversi\u00f3n, l\u00edmites territoriales y presi\u00f3n sobre servicios b\u00e1sicos.<\/p>\n

El estudio identifica una \u00abtrampa de gobernanza ineficiente\u00bb: los cambios frecuentes de coaliciones, ministros y secretarios erosionan la coherencia intertemporal de las pol\u00edticas p\u00fablicas y la acumulaci\u00f3n de capacidad institucional. Frente a ello propone una transferencia diferenciada y gradual, con certificaci\u00f3n de capacidades y asistencia t\u00e9cnica; un Sistema Plurinacional de Coordinaci\u00f3n Fiscal con informaci\u00f3n homologada y datos abiertos; trazabilidad digital de cada boliviano transferido; y la modificaci\u00f3n de la Ley 482, cuyo art\u00edculo 15 obliga a duplicar estructuras administrativas cuando se separan los \u00f3rganos ejecutivo y legislativo de un municipio.<\/p>\n

Esta lectura conecta las capacidades con la agenda 50\/50. La transferencia que se negocia con las gobernaciones (15% de coparticipaci\u00f3n, 12% del IDH, relevo de los prediarios y el bono de vacunaci\u00f3n) llega a entidades cuyo desempe\u00f1o es muy desigual, y el estudio advierte que una transferencia sin certificaci\u00f3n de capacidades produce subejecuci\u00f3n y obras deficientes. La gradualidad que propone el autor no es una cautela burocr\u00e1tica. Es la consecuencia de los datos de este art\u00edculo: una inversi\u00f3n departamental que cay\u00f3 64,8% entre 2016 y 2020 no se recupera por decreto.<\/p>\n

La advertencia metodol\u00f3gica es necesaria. Varias series del documento tienen vac\u00edos, y los datos de recursos propios de gobernaciones y municipios no se encontraron completos. Los datos de tr\u00e1mites, por ejemplo, solo se obtuvieron para los municipios del eje central, mientras los peque\u00f1os son los m\u00e1s numerosos: 202 de 329 tienen menos de 15.000 habitantes. Esa asimetr\u00eda de informaci\u00f3n es, en s\u00ed misma, un indicador de capacidad estatal.<\/p>\n

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El autor es economista.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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