El pasado 16 de octubre, la Asamblea Legislativa de Santa Cruz, cumpliendo con el mandato del Estatuto Auton\u00f3mico, promulg\u00f3 la Ley que crea la \u201cDefensor\u00eda Departamental de las cruce\u00f1as y cruce\u00f1os\u201d, una entidad desconcentrada del Ejecutivo, que actuar\u00e1 contra entidades p\u00fablicas de cualquier nivel de gobierno y entidades privadas que presten servicios p\u00fablicos cuando \u00e9stas vulneren derechos individuales o colectivos dentro del Departamento.
\nLa decisi\u00f3n marca un avance sustantivo en el proceso de reorganizaci\u00f3n del Estado, en esta etapa de transici\u00f3n hacia un modelo democr\u00e1tico, liberal y auton\u00f3mico. Su mayor m\u00e9rito es recuperar los principios de que las transformaciones no pueden limitarse a la econom\u00eda, la gesti\u00f3n fiscal o el reparto de competencias; que los derechos humanos deben volver al centro de la planificaci\u00f3n p\u00fablica; y que las instituciones, en cualquier nivel, est\u00e1n al servicio de las personas.
\nLa Ley 429 es adem\u00e1s una respuesta a la deplorable gesti\u00f3n de la Defensor\u00eda del Pueblo, una entidad que, en los \u00faltimos 10 a\u00f1os, fue funcional a los gobiernos masistas, sin legitimidad, ineficiente y profundamente politizada hasta desnaturalizar los objetivos y principios con los que fue creada en 1997.
\nLa Defensor\u00eda cruce\u00f1a tiene grandes desaf\u00edos. Al ser un \u00f3rgano dependiente del Gobernador, con estructura aprobada por esta autoridad, presupuesto sujeto a disponibilidad y una Asamblea que puede interpelarla y fiscalizarla, su dise\u00f1o no ofrece las garant\u00edas de independencia que requiere una instituci\u00f3n de derechos humanos.
\nOtro problema es la duplicaci\u00f3n de funciones. En Santa Cruz ya opera una delegaci\u00f3n departamental de la Defensor\u00eda del Pueblo, y aunque la Ley 429 manda evitar duplicidad, la coexistencia de ambas instituciones exige delimitar con claridad sus competencias y establecer mecanismos de coordinaci\u00f3n. De lo contrario, podr\u00edan producirse superposiciones, conflictos de atribuciones y demoras que dificulten la atenci\u00f3n de las v\u00edctimas.
\nA esto se suma el alcance de sus facultades. Muchas de las violaciones m\u00e1s graves ocurren en \u00e1mbitos de competencia nacional como la polic\u00eda, cuarteles, c\u00e1rceles, sistema de justicia y migraci\u00f3n, que actualmente quedan fuera del campo de acci\u00f3n departamental.
\nSin embargo, estos vac\u00edos son subsanables. Como primera acci\u00f3n debiera suscribirse un convenio entre la Defensor\u00eda del Pueblo y la Defensor\u00eda Departamental que incluya criterios de derivaci\u00f3n, protocolos eficientes, informes conjuntos y un sistema que evite que la v\u00edctima sea responsable de decidir a qu\u00e9 instituci\u00f3n debe acudir.
\nPara garantizar la independencia, se podr\u00eda establecer un presupuesto base que no pueda reducirse, y convertirla en una entidad aut\u00f3noma con mandato \u00fanico y estable. La selecci\u00f3n de los candidatos deber\u00eda realizarse en audiencias abiertas, evaluaci\u00f3n p\u00fablica de los postulantes con observadores de la sociedad civil y criterios de m\u00e9rito transparentes que reduzcan el peso de las cuotas partidarias.
\nOtro aspecto a mejorar es la cobertura territorial. Las delegaciones provinciales deben ser implementadas de manera inmediata, con presupuesto garantizado y enfoque intercultural en su trabajo.
\nAqu\u00ed es necesario se\u00f1alar que el gobierno nacional debe impulsar una modificaci\u00f3n de la Ley del Defensor del Pueblo de 2016, que fue promulgada por el MAS para garantizar la dependencia partidaria de la instituci\u00f3n. Sin una modificaci\u00f3n de fondo de la institucionalidad defensorial nacional, los esfuerzos locales perder\u00e1n efectividad y los est\u00e1ndares de protecci\u00f3n ser\u00e1n desiguales y desarticulados.
\nLa necesidad de mejorar la defensa de los derechos humanos es real, y la creaci\u00f3n de defensor\u00edas departamentales es una respuesta comprensible ante las falencias de la instituci\u00f3n nacional. Pero los problemas no se resuelven multiplicando instituciones. Si la nueva defensor\u00eda se politiza puede terminar fragmentando el sistema, replicando los problemas que pretende corregir y dejando a las v\u00edctimas con m\u00e1s puertas y menos respuestas. La alternativa es construir un sistema articulado, con instituciones independientes, recursos garantizados y mecanismos que garanticen el ejercicio pleno de los derechos, sin lo cual ning\u00fan plan econ\u00f3mico o social tiene consistencia.<\/p>\n
El autor es Industrial y ex Presidente de la Confederaci\u00f3n de Empresarios Privados de Bolivia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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