Las comunidades Asunci\u00f3n Catavi y Catavi, de Pucarani, solicitan que un juez les explique en su territorio qu\u00e9 implicar\u00e1 el pago de Bs 744 millones que se le exige a Soboce a favor de Fancesa. La Sala Constitucional Primera de La Paz instalar\u00e1 audiencia este jueves 22.
\nLa extracci\u00f3n de piedra caliza ha sido durante d\u00e9cadas la principal fuente de sustento de las familias de Asunci\u00f3n Catavi y Catavi, dos comunidades aymaras del municipio de Pucarani, seg\u00fan sostienen en un recurso judicial.
\nHoy temen que ese sustento quede comprometido por la ejecuci\u00f3n del fallo que ordena a Soboce pagar 744.315.432 bolivianos a Fancesa. Por esto presentaron una Acci\u00f3n Popular ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, seg\u00fan informaci\u00f3n oficial conocida por este medio.
\nLas comunidades piden que la ejecuci\u00f3n se suspenda de manera provisional hasta que se cumpla su derecho a ser informadas sobre los efectos que el pago tendr\u00eda en su fuente de trabajo. La Sala Constitucional Primera admiti\u00f3 la acci\u00f3n el 15 de octubre y fij\u00f3 la audiencia para este jueves 22. El recurso apunta al juez Carlos Quispe P\u00e9rez, a cargo del Juzgado P\u00fablico Civil y Comercial N\u00b0 11 de Chuquisaca, que ejecuta la sentencia.
\nDe Catavi a Viacha
\nOrganizadas en la Cooperativa Multiactiva Catavi R.L., las comunidades explotan las \u00e1reas mineras \u201cSan Calixto\u201d y \u201cLa Marmolera\u201d. De ellas salen cada a\u00f1o alrededor de 540.000 toneladas m\u00e9tricas de caliza con destino a la planta de Soboce en Viacha.
\nSeg\u00fan el memorial, un cobro de esa dimensi\u00f3n podr\u00eda debilitar la capacidad de operaci\u00f3n y de compra de la cementera y, en consecuencia, poner en duda los contratos de provisi\u00f3n de los que dependen los comunarios. El documento subraya que se trata de un riesgo potencial que ning\u00fan juez ha analizado y sobre el cual nadie inform\u00f3 a las comunidades.
\nEl mismo criterio
\npara todos
\nLa demanda apela a la equidad. En el proceso judicial contra Soboce se permiti\u00f3 intervenir a la Gobernaci\u00f3n de Chuquisaca, a la Alcald\u00eda de Sucre y a la Universidad San Francisco Xavier, con el argumento de que el da\u00f1o a Fancesa repercut\u00eda en la poblaci\u00f3n chuquisaque\u00f1a. Las comunidades de Pucarani piden que se aplique la misma l\u00f3gica a su caso, porque el golpe econ\u00f3mico a Soboce tendr\u00eda efectos directos sobre el empleo en su regi\u00f3n.
\nComo base legal, la acci\u00f3n cita los art\u00edculos 30, 135, 306 y 307 de la Constituci\u00f3n, que protegen los derechos e intereses colectivos y la organizaci\u00f3n econ\u00f3mica comunitaria. Recurre tambi\u00e9n al Convenio 169 de la OIT y a la Declaraci\u00f3n de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas, vigentes en Bolivia por las leyes 3760 y 3897, que obligan al Estado a garantizar que estos pueblos entiendan y participen en los procesos judiciales que inciden en su vida.
\nLas comunidades dejan claro que no buscan intervenir en la disputa comercial entre Soboce y Fancesa, tampoco quieren impugnar la sentencia ni defender a alguna de las partes. Su solicitud se limita a la ejecuci\u00f3n del fallo y contiene dos pedidos concretos: que el cobro coactivo se suspenda de forma inmediata y provisional mientras se resuelve la Acci\u00f3n Popular, adem\u00e1s que el juez de ejecuci\u00f3n acuda personalmente al Centro Poblado de Catavi para explicar en asamblea el estado del caso.
\nAntecedentes
\nFancesa demand\u00f3 a Soboce por supuesta competencia desleal. Tras a\u00f1os de proceso, los tribunales ordenaron el pago, la decisi\u00f3n fue confirmada en apelaci\u00f3n y el Tribunal Supremo de Justicia emiti\u00f3 el Auto Supremo N\u00b0 1190\/2026, del 26 de junio de 2026, cuya ejecuci\u00f3n es ahora objeto de la Acci\u00f3n Popular.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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