M\u00e1s de 100 excavadoras, 200 volquetas y unas 500 personas fueron identificadas en una operaci\u00f3n ilegal de explotaci\u00f3n de oro en 30 cuadr\u00edculas del r\u00edo Takjoni, en Pocoata, Potos\u00ed. La AJAM denunci\u00f3 el caso ante el Ministerio P\u00fablico y advirti\u00f3 sobre v\u00ednculos con el crimen organizado.
\nEl r\u00edo Takjoni, en el municipio de Pocoata, refleja la magnitud que puede alcanzar la miner\u00eda ilegal. Durante una inspecci\u00f3n, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) identific\u00f3 trabajos de explotaci\u00f3n aur\u00edfera en unas 30 cuadr\u00edculas, con maquinaria pesada y cientos de personas.
\nEl director departamental de la AJAM en Potos\u00ed, \u00d3scar Antonio Santos Orellana, present\u00f3 el caso durante el Taller de Periodismo y Miner\u00eda, organizado por la Fundaci\u00f3n para el Periodismo, con participaci\u00f3n de periodistas de Sucre, Potos\u00ed y Oruro.
\nSeg\u00fan su exposici\u00f3n, la explotaci\u00f3n alter\u00f3 severamente el entorno y dej\u00f3 el cauce pr\u00e1cticamente desaparecido en algunos sectores. Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que durante la inspecci\u00f3n se perdi\u00f3 la se\u00f1al del dron en determinadas \u00e1reas.
\nLa AJAM present\u00f3 una denuncia ante el Ministerio P\u00fablico. La investigaci\u00f3n deber\u00e1 establecer qui\u00e9nes financian la operaci\u00f3n, qu\u00e9 derechos respaldan la explotaci\u00f3n y d\u00f3nde se comercializa el oro extra\u00eddo.
\nSantos Orellana advirti\u00f3 que la miner\u00eda ilegal no se limita a la extracci\u00f3n sin autorizaci\u00f3n. En determinados casos, puede involucrar una cadena econ\u00f3mica que comprende financiamiento, maquinaria, combustible, transporte y comercializaci\u00f3n.
\nEl desaf\u00edo es identificar a quienes sostienen estas operaciones y se benefician de ellas. La investigaci\u00f3n debe establecer qui\u00e9n financi\u00f3 los equipos, qui\u00e9n compra el oro y qu\u00e9 documentos respaldan su procedencia.
\nLa autoridad tambi\u00e9n alert\u00f3 sobre amenazas y agresiones contra funcionarios durante algunos operativos. Seg\u00fan su exposici\u00f3n, hay intervenciones que deben suspenderse por seguridad y en las que la actividad extractiva vuelve a comenzar despu\u00e9s del retiro del personal estatal.
\nEsto demuestra que paralizar temporalmente los trabajos no necesariamente desarticula el negocio. Si contin\u00faan disponibles la maquinaria, el financiamiento y los canales de venta, la explotaci\u00f3n puede reanudarse.
\nLa existencia de v\u00ednculos con el crimen organizado deber\u00e1 establecerse mediante investigaciones y pruebas que identifiquen a los responsables.
\nCONTROL INSUFICIENTE
\nBolivia cuenta con normas para regular la actividad minera y sancionar determinadas conductas ilegales, entre ellas las leyes 535 de Miner\u00eda y Metalurgia, 367 y 1333 del Medio Ambiente.
\nSin embargo, el problema tambi\u00e9n comprende las dificultades para aplicar las normas, coordinar instituciones y mantener controles efectivos en zonas donde operan grupos numerosos y maquinaria pesada.
\nSantos Orellana se\u00f1al\u00f3 debilidades en la fiscalizaci\u00f3n de la comercializaci\u00f3n. Los registros y documentos deben permitir verificar el origen del oro y la legalidad de las operaciones.
\nCuando la documentaci\u00f3n es falsa, incompleta o no se verifica adecuadamente, resulta m\u00e1s dif\u00edcil reconstruir la ruta del mineral e identificar a quienes participaron en el negocio.
\nPor eso, las investigaciones deben alcanzar tambi\u00e9n a intermediarios, compradores y financiadores cuando existan indicios de participaci\u00f3n.
\nAVASALLAMIENTOS
\nEl director de la AJAM tambi\u00e9n abord\u00f3 la ocupaci\u00f3n de \u00e1reas mineras y el uso de supuestos acuerdos comunitarios para justificar actividades extractivas.
\nLa propiedad de un terreno o el respaldo de una comunidad no equivalen, por s\u00ed solos, a una autorizaci\u00f3n estatal para explotar minerales. Los derechos mineros y las condiciones legales deben verificarse conforme a la normativa vigente.
\nEl funcionario se refiri\u00f3, adem\u00e1s, a las denominadas \u201ccomunidades fantasma\u201d, expresi\u00f3n utilizada en algunas denuncias para cuestionar la existencia de organizaciones, la representaci\u00f3n de sus dirigentes o la legitimidad de acuerdos vinculados con operaciones mineras.
\nEstas denuncias requieren verificaci\u00f3n documental y no constituyen, por s\u00ed mismas, prueba de un delito. Tampoco corresponde vincular autom\u00e1ticamente a comunidades, cooperativas o trabajadores mineros con organizaciones criminales: las responsabilidades deben establecerse individualmente.
\nAMENAZAS Y
\nAGRESIONES
\nSantos Orellana relat\u00f3 que el 20 de marzo de 2026, durante una inspecci\u00f3n en una zona de Cotagaita, Potos\u00ed, se identific\u00f3 explotaci\u00f3n presuntamente ilegal en aproximadamente cuatro cuadr\u00edculas.
\nSeg\u00fan su testimonio, los funcionarios fueron atacados cuando intentaron acercarse a las personas que trabajaban en el lugar y tuvieron que retirarse por seguridad. La actividad habr\u00eda continuado posteriormente.
\nAsimismo, mencion\u00f3 agresiones con dinamita durante intervenciones en otras zonas mineras. Estos hechos ponen en riesgo a los servidores p\u00fablicos y dificultan la identificaci\u00f3n de responsables y la verificaci\u00f3n de las condiciones de explotaci\u00f3n.
\nLa respuesta requiere coordinaci\u00f3n entre la AJAM, el Ministerio P\u00fablico y las instituciones responsables del control ambiental y comercial.
\nNEGOCIO DEL ORO
\nAlfredo Zaconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), plante\u00f3 la necesidad de revisar integralmente la pol\u00edtica p\u00fablica del oro, los mecanismos de fiscalizaci\u00f3n y la distribuci\u00f3n de los beneficios econ\u00f3micos.
\nSu an\u00e1lisis advierte sobre interrogantes relacionados con la producci\u00f3n nacional, los aportes fiscales de la actividad y sus impactos ambientales y sociales.
\nTambi\u00e9n se\u00f1ala la participaci\u00f3n de comercializadoras que pueden intervenir en la compra del mineral y en el financiamiento de operaciones mediante la provisi\u00f3n de maquinaria y equipos.
\nEsta conexi\u00f3n obliga a examinar toda la cadena econ\u00f3mica. Las medidas dirigidas exclusivamente contra quienes trabajan en el \u00e1rea minera pueden ser insuficientes si no se investiga qui\u00e9n financia la extracci\u00f3n y qui\u00e9n obtiene las ganancias.
\nUna pol\u00edtica integral deber\u00eda fortalecer los controles sobre los derechos mineros, la fiscalizaci\u00f3n ambiental, la trazabilidad del oro y la verificaci\u00f3n de compradores y exportadores.
\nORO ESTATAL
\nLa fiscalizaci\u00f3n tambi\u00e9n plantea interrogantes sobre las instituciones p\u00fablicas que participan en el negocio aur\u00edfero.
\nLa Empresa Estatal de Producci\u00f3n y Comercializaci\u00f3n del Oro (Epcoro) fue creada mediante el Decreto Supremo 5134, en marzo de 2024, durante el gobierno de Luis Arce, para fortalecer la participaci\u00f3n estatal en la producci\u00f3n y comercializaci\u00f3n del oro y contribuir a las reservas internacionales.
\nLa empresa reemplaz\u00f3 a la Empresa Boliviana del Oro (EBO), que hab\u00eda tenido dificultades para consolidar una participaci\u00f3n significativa en el mercado.
\nEste antecedente refuerza la necesidad de controles financieros y administrativos tanto en las operaciones privadas como en las entidades estatales.
\nLas cifras expuestas por la AJAM, 30 cuadr\u00edculas, m\u00e1s de 100 excavadoras, 200 volquetas y unas 500 personas, plantean interrogantes sobre la log\u00edstica y el financiamiento que hicieron posible la operaci\u00f3n identificada en Pocoata.
\nLa denuncia ante el Ministerio P\u00fablico es un primer paso. El resultado depender\u00e1 de la capacidad para reunir pruebas, identificar a los responsables y determinar si existen redes de financiamiento y comercializaci\u00f3n vinculadas con la explotaci\u00f3n denunciada.
\nBolivia necesita superar los operativos aislados y establecer controles que sigan el recorrido del oro desde el lugar de extracci\u00f3n hasta su comprador final. Esto implica verificar los derechos mineros, las obligaciones ambientales, la documentaci\u00f3n comercial y el destino de los recursos econ\u00f3micos.
\nSin una fiscalizaci\u00f3n integral, la maquinaria puede abandonar temporalmente el r\u00edo, pero el negocio que sostiene la explotaci\u00f3n ilegal puede permanecer intacto. (Periodismo que cuenta\/Erbol)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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