Las entidades reguladoras fueron creadas para proteger el inter\u00e9s p\u00fablico, establecer reglas y evitar abusos de los operadores. Sin embargo, cuando una instituci\u00f3n fiscalizadora adopta decisiones sin publicar la informaci\u00f3n que las respalda, su credibilidad queda en entredicho. Recibir recursos del Tesoro General del Estado no convierte a un regulador en brazo operativo del Poder Ejecutivo ni le permite justificar favoritismos pol\u00edticos o empresariales.<\/p>\n
El problema no se limita a qui\u00e9n dirige estas instituciones, sino a c\u00f3mo ejercen sus atribuciones y qu\u00e9 informaci\u00f3n ofrecen de manera oportuna a la sociedad. Una regulaci\u00f3n seria exige estudios verificables y c\u00e1lculos revisables. Con informes incompletos o datos desactualizados, la ciudadan\u00eda debe aceptar medidas que afectan su bolsillo sin conocer sus fundamentos. La transparencia es una condici\u00f3n indispensable para rendir cuentas de manera p\u00fablica y efectiva.<\/p>\n
Uno de los asuntos que requiere explicaci\u00f3n es la situaci\u00f3n financiera de las cooperativas de telecomunicaciones. Durante a\u00f1os solicit\u00e9 informaci\u00f3n mediante diez cartas dirigidas a la Autoridad de Regulaci\u00f3n y Fiscalizaci\u00f3n de Telecomunicaciones y Transportes (ATT). \u00bfQu\u00e9 informaci\u00f3n recibieron los socios sobre sus aportes, que en muchos casos rondaron los 1.200 d\u00f3lares por certificados? Tambi\u00e9n corresponde saber qu\u00e9 fiscalizaci\u00f3n se aplic\u00f3 y con qu\u00e9 resultados concretos para los socios.<\/p>\n
Si los estados financieros no estuvieron disponibles de manera p\u00fablica, completa y actualizada durante a\u00f1os, no basta con alegar que las cooperativas son aut\u00f3nomas y deben resolver sus problemas internamente. Los socios tienen derecho a conocer el patrimonio, las p\u00e9rdidas, las obligaciones y los riesgos de una entidad que presta un servicio esencial. Si hubo deterioro patrimonial, su magnitud debe establecerse con documentos auditados y aclararse qu\u00e9 autoridades ten\u00edan competencia para supervisar cada aspecto. La falta de informaci\u00f3n no prueba encubrimiento, pero exige respuestas institucionales.<\/p>\n
Otro antecedente que merece evaluaci\u00f3n documentada es la competencia a\u00e9rea. Durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo, empresas privadas como AeroSur y, posteriormente, Amaszonas enfrentaron dificultades en un mercado nacional donde tambi\u00e9n operaba Boliviana de Aviaci\u00f3n (BoA), empresa estatal. Cabe preguntar si la competencia fue equilibrada y si la regulaci\u00f3n protegi\u00f3 el inter\u00e9s p\u00fablico. El capital estatal puede alterar las condiciones financieras, pero probar una ventaja desleal exige datos de costos, financiamiento y las condiciones reales del mercado.<\/p>\n
El conflicto por las tarifas del transporte terrestre vuelve a poner a la ATT bajo escrutinio ciudadano. Seg\u00fan informaci\u00f3n p\u00fablica difundida el 7 de octubre de 2026, la instituci\u00f3n propuso un incremento transitorio del 15% en los pasajes interdepartamentales, mientras los transportistas plantearon un ajuste mayor. El di\u00e9sel pas\u00f3 de Bs 9,80 a Bs 17,95 por litro: Bs 8,15 m\u00e1s, equivalentes al 83,16%. La pregunta es qu\u00e9 c\u00e1lculo permite considerar t\u00e9cnicamente adecuado el 15%.<\/p>\n
El combustible no representa necesariamente la totalidad de los costos de una empresa de transporte; por tanto, el aumento del 83,16% no debe trasladarse autom\u00e1ticamente al pasaje. Pero anunciar un 15% sin publicar sus fundamentos t\u00e9cnicos y econ\u00f3micos tampoco basta. La ATT deber\u00eda precisar qu\u00e9 proporci\u00f3n del costo operativo corresponde al combustible, qu\u00e9 rendimiento por kil\u00f3metro y ocupaci\u00f3n del bus consider\u00f3, y c\u00f3mo calcul\u00f3 mantenimiento, neum\u00e1ticos, salarios, depreciaci\u00f3n, seguros y otros gastos. Sin esos par\u00e1metros, los usuarios no pueden evaluar la tarifa ni su efecto en el servicio.<\/p>\n
La comparaci\u00f3n con diciembre de 2025 tambi\u00e9n necesita explicaci\u00f3n. Entonces se acord\u00f3 un incremento transitorio del 40% en las tarifas interdepartamentales, despu\u00e9s de que el di\u00e9sel pasara de Bs 3,72 a Bs 9,80 por litro: un aumento de Bs 6,08, equivalente aproximadamente al 163,44%. Ahora el combustible vuelve a encarecerse y la propuesta es del 15%. Los periodos difieren, y los porcentajes no prueban por s\u00ed solos un error; aun as\u00ed, las diferencias deben explicarse con cifras comparables y criterios consistentes.<\/p>\n
La ATT no deber\u00eda limitarse a anunciar una cifra y pedir que el sector la acepte. Debe examinar las estructuras de costos, contrastarlas con datos verificables, escuchar a las partes y justificar p\u00fablicamente su decisi\u00f3n con argumentos t\u00e9cnicos claros y accesibles. Debe publicar sus criterios, no limitarse a invocar su autoridad. Las referencias internacionales pueden orientar el an\u00e1lisis, pero no trasladarse mec\u00e1nicamente a Bolivia: var\u00edan las carreteras, los precios, la antig\u00fcedad de los veh\u00edculos y las condiciones de operaci\u00f3n.<\/p>\n
Tambi\u00e9n debe aclararse c\u00f3mo incide la diferencia entre los precios de los combustibles. Si ciertos operadores pagan Bs 17,95 por litro de di\u00e9sel y otros adquieren gasolina a Bs 6,96, la brecha es de Bs 10,99. Eso puede alterar los costos relativos, pero no demuestra por s\u00ed solo competencia desleal ni una infracci\u00f3n regulatoria. Hay que comparar veh\u00edculos, consumo, capacidad, recorridos, abastecimiento y normas aplicables. Las conclusiones deben derivarse de datos comprobables, no de declaraciones generales.<\/p>\n
La calidad de una tarifa depende tambi\u00e9n de los supuestos empleados: \u00bfse calcula con un bus moderno o con uno de veinte o treinta a\u00f1os? \u00bfQu\u00e9 consumo se asigna a cada ruta, cu\u00e1ntos kil\u00f3metros duran los neum\u00e1ticos y qu\u00e9 frecuencia de reparaci\u00f3n se estima? \u00bfC\u00f3mo se incorporan depreciaci\u00f3n y costos fijos? \u00bfSe distingue entre empresas que compran repuestos al por mayor y operadores peque\u00f1os? Cada variable modifica el costo por kil\u00f3metro y la tarifa final. Una metodolog\u00eda p\u00fablica permitir\u00eda comprobar los c\u00e1lculos y detectar errores.<\/p>\n
La soluci\u00f3n no consiste en favorecer al transportista ni en impedir aumentos para proteger al pasajero. Consiste en fijar tarifas justificadas y fiscalizar a los operadores con reglas transparentes. Si considera correcto el 15%, la ATT debe demostrarlo con datos y c\u00e1lculos reproducibles; si los costos presentados por los transportistas no son razonables, debe identificar y explicar los errores. La regulaci\u00f3n debe servir al ciudadano, no exigirle un acto de fe.<\/p>\n
El autor es Investigador y Analista Socioecon\u00f3mico.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Las entidades reguladoras fueron creadas para proteger el inter\u00e9s p\u00fablico, establecer reglas y evitar abusos de los operadores. Sin embargo, cuando una instituci\u00f3n fiscalizadora adopta decisiones sin publicar la informaci\u00f3n que las respalda, su credibilidad queda en entredicho. Recibir recursos del Tesoro General del Estado no convierte a un regulador en brazo operativo del Poder […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":213112,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-440691","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-opinion"],"acf":{"antetitulo":""},"yoast_head":"\n