El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, inform\u00f3 sobre la presentaci\u00f3n de una querella penal contra 19 personas, entre ellas cuatro exministros de esa cartera, por presuntas irregularidades en el Sistema Integrado de Defensa A\u00e9rea y Control de Tr\u00e1nsito A\u00e9reo (Sidacta), cuyo posible da\u00f1o econ\u00f3mico supera los Bs 1.478 millones.<\/p>\n
La acci\u00f3n legal fue presentada ante el Ministerio P\u00fablico con el respaldo t\u00e9cnico-jur\u00eddico de la Procuradur\u00eda General del Estado (PGE) y el Viceministerio de Transparencia. El objetivo es investigar las decisiones tomadas durante la contrataci\u00f3n y ejecuci\u00f3n del proyecto, adem\u00e1s de establecer las responsabilidades que correspondan.<\/p>\n
El sistema fue adjudicado en 2016 por m\u00e1s de 191 millones de euros a la empresa francesa Thales Air Systems, bajo la modalidad llave en mano. El contrato contemplaba 13 radares civiles y militares, centros de control, comunicaciones, obras civiles, software, capacitaci\u00f3n y transferencia tecnol\u00f3gica para la vigilancia del espacio a\u00e9reo boliviano.<\/p>\n
Al cuestionar los resultados de la contrataci\u00f3n, Justiniano se\u00f1al\u00f3 que el Estado deb\u00eda recibir una infraestructura integrada y en funcionamiento. \u201cBolivia pag\u00f3 por un sistema completo funcionando\u201d, afirm\u00f3 el ministro.<\/p>\n
Sin embargo, la auditor\u00eda interna identific\u00f3 observaciones en 11 de los 13 radares: nueve operaban con reparos t\u00e9cnicos y dos estaban fuera de servicio; solamente dos funcionaban sin observaciones. Estos resultados se registraron pese a que el proyecto reportaba un avance f\u00edsico del 100% y una ejecuci\u00f3n financiera del 97,85%.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se observaron demoras en la ejecuci\u00f3n. El plazo inicial de 31 meses fue ampliado a 82 meses mediante siete modificaciones contractuales, suscritas durante cuatro gestiones ministeriales. La demostraci\u00f3n final se realiz\u00f3 aproximadamente 98 meses despu\u00e9s de emitida la orden de proceder. La auditor\u00eda, adem\u00e1s, observ\u00f3 aspectos del proceso de contrataci\u00f3n y de las condiciones de ejecuci\u00f3n y recepci\u00f3n del sistema.<\/p>\n
El posible da\u00f1o econ\u00f3mico fue cuantificado en m\u00e1s de Bs 1.478 millones. El procurador general del Estado, Hugo C\u00e9sar Le\u00f3n La Faye, confirm\u00f3 el respaldo de su instituci\u00f3n a la querella y anunci\u00f3 que se solicitar\u00e1 al Ministerio P\u00fablico investigar el caso y disponer la anotaci\u00f3n preventiva de bienes de los denunciados.<\/p>\n
\u201cLo que debe quedar claro es que el da\u00f1o econ\u00f3mico inicialmente cuantificado es de 1.478 millones de bolivianos\u201d, manifest\u00f3 Le\u00f3n, al explicar que las medidas buscan proteger el patrimonio estatal y posibilitar una eventual recuperaci\u00f3n de recursos, si corresponde legalmente.<\/p>\n
Entre los denunciados est\u00e1n los exministros Reymi Ferreira, Javier Zavaleta, Luis Fernando L\u00f3pez y Edmundo Novillo. Seg\u00fan los antecedentes presentados, Ferreira firm\u00f3 el contrato original y las dos primeras modificaciones; Zavaleta, la tercera y cuarta; L\u00f3pez, la quinta; y Novillo, la sexta y s\u00e9ptima. La querella tambi\u00e9n alcanza a exfuncionarios, responsables t\u00e9cnicos y representantes de la empresa contratista.<\/p>\n
La acci\u00f3n penal contempla los posibles delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, conducta antiecon\u00f3mica e incumplimiento de deberes. Justiniano sostuvo que la investigaci\u00f3n debe establecer las actuaciones y responsabilidades individuales, sin anticipar culpabilidades.<\/p>\n
\u201cNo habr\u00e1 encubrimiento. Tampoco habr\u00e1 condenas anticipadas. Habr\u00e1 investigaci\u00f3n, debido proceso y defensa firme del patrimonio del Estado\u201d, manifest\u00f3 el ministro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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