Hay una frase que repetimos con resignaci\u00f3n cada vez que estalla un nuevo esc\u00e1ndalo pol\u00edtico en el pa\u00eds: \u00abpara entrar hay que pagar\u00bb. Lo expresamos como si se tratara de una fatalidad inevitable, cuando en realidad describe una pr\u00e1ctica corrupta que involucra a autoridades de gobierno, parlamentarios, asamble\u00edstas departamentales, concejales municipales y otros, instal\u00e1ndose como un mecanismo normalizado de acceso al empleo p\u00fablico.
\nLa imagen que muchas autoridades proyectan hacia la opini\u00f3n p\u00fablica es la de gestores solidarios que supuestamente ayudan a una persona (que podr\u00eda ser su pariente) o a un correligionario a conseguir un empleo, sin embargo, las denuncias recientes demuestran que esa presunta ayuda jam\u00e1s es gratuita ni desinteresada. Un caso documentado expuso a dos diputados del Partido Dem\u00f3crata Cristiano, denunciados por una ciudadana tras haberle exigido una fuerte suma de dinero a cambio de garantizar un puesto a su esposo en entidades estatales, devolviendo los fondos \u00fanicamente cuando el il\u00edcito se torn\u00f3 p\u00fablico (Urgente.bo, 2026).
\nUn patr\u00f3n similar, aunque operado en una escala mucho mayor, fue destapado en la Gobernaci\u00f3n de La Paz, donde asamble\u00edstas departamentales intervinieron una oficina clandestina ubicada dentro de las instalaciones del Servicio Departamental de Salud (SEDES), hallando cajas con dinero en efectivo, planillas de cobro y bases de datos con cientos de funcionarios que aportaban mensualmente para retener sus puestos. Ambos episodios responden a un guion id\u00e9ntico: el cargo p\u00fablico deja de ser un derecho conquistado por el m\u00e9rito profesional para transformarse en una mercanc\u00eda con precio fijo, plazos y compradores cautivos.
\nLo llamativo de este fen\u00f3meno es que no ocurre en un vac\u00edo normativo, ya que la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado proh\u00edbe de manera expresa la designaci\u00f3n de personas con parentesco consangu\u00edneo o de afinidad con la autoridad nominadora, restricciones respaldadas por la Ley del Estatuto del Funcionario P\u00fablico y el C\u00f3digo Penal. El problema, no radica en la inexistencia de leyes contra el nepotismo o el tr\u00e1fico de influencias, sino en la distancia que separa la norma escrita de la pr\u00e1ctica cotidiana del poder pol\u00edtico.
\nEn la ciencia pol\u00edtica, esta brecha estructural se denomina prebendalismo, un esquema en el cual los recursos y cargos del Estado son repartidos como recompensas personales o pol\u00edticas, sustituyendo los procedimientos impersonales por lealtades clientelares. Este comportamiento no pertenece a un \u00fanico color partidario ni a una coyuntura aislada, pues diversos analistas coinciden en que el clientelismo ha atravesado reg\u00edmenes de distinta \u00edndole, adapt\u00e1ndose sin desaparecer jam\u00e1s por completo.
\nAqu\u00ed se encuentra el punto: cuando una persona desembolsa dinero para ingresar a la administraci\u00f3n p\u00fablica, la l\u00f3gica econ\u00f3mica indica que su objetivo inmediato ser\u00e1 recuperar esa inversi\u00f3n, ese servidor p\u00fablico ya no ingresa con vocaci\u00f3n de servicio a la ciudadan\u00eda, sino con la urgencia de amortizar su \u00abcosto de entrada\u00bb, recurriendo a las mismas pr\u00e1cticas de extorsi\u00f3n y cobro irregular que experiment\u00f3 al postularse.
\nEl caso del SEDES pace\u00f1o ilustra con crudeza esta patolog\u00eda institucional, donde los cobros no constitu\u00edan un hecho aislado, sino una cuota mensual distribuida piramidalmente en la cadena de mando (Unitel, 2025). La corrupci\u00f3n, bajo este modelo degradado, deja de ser una excepci\u00f3n del sistema para convertirse en su forma permanente y previsible de funcionamiento operativo cotidiano.
\nNo obstante, hay que reconocer que la sociedad civil tambi\u00e9n forma parte del problema y no solo de las v\u00edctimas, pues la responsabilidad no recae solo en los operadores que cobran, sino tambi\u00e9n en quienes, desesperados por obtener un empleo o un favor pol\u00edtico, aceptan pagar sin vacilar y normalizan el mecanismo mediante el silencio c\u00f3mplice.
\nCada vez que se decide abonar una coima en lugar de acudir a las instancias legales, consolida la creencia colectiva de que ese es el precio de la burocracia, alimentando la misma ci\u00e9naga de ilegalidad que despu\u00e9s se lamenta. Romper este c\u00edrculo vicioso requiere de una acci\u00f3n simult\u00e1nea en dos frentes: por un lado, que los \u00f3rganos de control apliquen las sanciones contra el tr\u00e1fico de influencias; por otro, que la ciudadan\u00eda deje de asumir los cobros como un tr\u00e1mite corriente y los denuncie sin reservas.
\nNinguna reforma prosperar\u00e1 mientras la impunidad siga premiando la complicidad y el temor a denunciar; la tolerancia social hacia la prebenda destruye los cimientos \u00e9ticos de la administraci\u00f3n del Estado y condena a las instituciones a una permanente precariedad moral y funcional.<\/p>\n
El autor es polit\u00f3logo-abogado y docente universitario.<\/p>\n
rcoteja100@gmail.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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