La eventual aprobaci\u00f3n de la eutanasia en Bolivia requerir\u00eda adecuaciones al C\u00f3digo Penal para establecer las condiciones en las que podr\u00eda aplicarse sin generar responsabilidad penal, adem\u00e1s de resolver cuestiones constitucionales relacionadas con el derecho a la vida, la dignidad y la autonom\u00eda personal, afirm\u00f3 el abogado penalista y constitucionalista Harold Alcazar Chavez, en entrevista con EL DIARIO.<\/p>\n
El an\u00e1lisis jur\u00eddico se centra en el Proyecto de Ley de Cuidados Paliativos, Muerte Digna y Eutanasia, que propone regular la atenci\u00f3n de personas con enfermedades graves e irreversibles y establecer condiciones para acceder a la eutanasia. La iniciativa se encuentra en tratamiento legislativo y su eventual aprobaci\u00f3n implicar\u00eda definir c\u00f3mo se relacionar\u00eda con las normas penales vigentes, qu\u00e9 garant\u00edas deber\u00edan cumplir los pacientes y bajo qu\u00e9 condiciones los profesionales de salud podr\u00edan realizar el procedimiento.<\/p>\n
Alcazar identific\u00f3 dos cuestiones centrales en la propuesta: la posible colisi\u00f3n entre derechos reconocidos por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado y la necesidad de modificar las disposiciones penales para evitar contradicciones entre una eventual autorizaci\u00f3n legal y las figuras delictivas actualmente vigentes.<\/p>\n
\u201cLo que m\u00e1s llama la atenci\u00f3n es el conflicto que se est\u00e1 creando, un conflicto constitucional\u201d, sostuvo el abogado al explicar que el debate no puede limitarse a la autorizaci\u00f3n de un procedimiento, sino que debe considerar las obligaciones del Estado y los derechos de las personas que soliciten acceder a \u00e9l.<\/p>\n
La discusi\u00f3n adquiere relevancia porque la legislaci\u00f3n vigente contempla el homicidio piadoso, mientras que la iniciativa pretende establecer un marco espec\u00edfico para la eutanasia bajo determinadas condiciones m\u00e9dicas y jur\u00eddicas. Por ello, el tratamiento de la propuesta requiere examinar c\u00f3mo se articular\u00edan ambas disposiciones y qu\u00e9 modificaciones ser\u00edan necesarias para delimitar las responsabilidades correspondientes.<\/p>\n
REFORMA PENAL<\/p>\n
Uno de los principales puntos se\u00f1alados por Alcazar es el art\u00edculo 257 del C\u00f3digo Penal, que tipifica el homicidio piadoso y establece una pena de reclusi\u00f3n de uno a tres a\u00f1os cuando concurren los supuestos previstos por esa disposici\u00f3n, entre ellos los m\u00f3viles piadosos y las solicitudes apremiantes del interesado para acelerar una muerte inminente o poner fin a graves padecimientos o lesiones corporales probablemente incurables.<\/p>\n
Para el abogado, la eventual regulaci\u00f3n de la eutanasia debe acompa\u00f1arse de una reforma que determine las condiciones bajo las cuales podr\u00eda realizarse el procedimiento y establezca expresamente el alcance de la responsabilidad penal de quienes intervengan.<\/p>\n
\u201cSi no se aplica una reforma, obviamente estar\u00edan yendo a un proceso penal despu\u00e9s de practicar esto\u201d, afirm\u00f3 Alcazar al referirse a las consecuencias jur\u00eddicas que podr\u00edan afrontar los profesionales de salud si actuaran sin una norma que ampare el procedimiento bajo requisitos espec\u00edficos.<\/p>\n
El entrevistado explic\u00f3 que el proyecto contempla eximir de responsabilidad a los m\u00e9dicos que realicen la eutanasia conforme a los protocolos establecidos. En ese sentido, consider\u00f3 necesario incorporar disposiciones que permitan coordinar la futura regulaci\u00f3n con el C\u00f3digo Penal y evitar que una actuaci\u00f3n autorizada por una ley pueda entrar en contradicci\u00f3n con las normas penales vigentes.<\/p>\n
La reforma tendr\u00eda que precisar las condiciones de aplicaci\u00f3n de esa exenci\u00f3n, las obligaciones de los profesionales y las consecuencias de incumplir los requisitos legales. La autorizaci\u00f3n no supondr\u00eda una inmunidad autom\u00e1tica para cualquier intervenci\u00f3n, sino que deber\u00eda estar vinculada al cumplimiento de los procedimientos y garant\u00edas que finalmente establezca la norma.<\/p>\n
Este aspecto constituye uno de los puntos jur\u00eddicos centrales del debate, porque la eventual aprobaci\u00f3n de la eutanasia no solo supondr\u00eda reconocer una posibilidad de decisi\u00f3n para el paciente, sino tambi\u00e9n definir las consecuencias legales de las actuaciones que se realicen al amparo de esa autorizaci\u00f3n.<\/p>\n
CONFLICTO CONSTITUCIONAL<\/p>\n
El segundo aspecto identificado por Alcazar es la relaci\u00f3n entre el derecho a la vida y los derechos vinculados con la dignidad, la libertad y el desarrollo personal.<\/p>\n
La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado reconoce el derecho a la vida y a la integridad f\u00edsica, psicol\u00f3gica y sexual en su art\u00edculo 15.I. El art\u00edculo 21.2 protege la privacidad, la intimidad, el honor, la propia imagen y la dignidad, mientras que el art\u00edculo 22 establece que la dignidad y la libertad de la persona son inviolables. El art\u00edculo 14, por su parte, proh\u00edbe y sanciona la discriminaci\u00f3n.<\/p>\n
A partir de estas disposiciones, el abogado sostuvo que la discusi\u00f3n consiste en determinar c\u00f3mo deben interpretarse los derechos constitucionales cuando una persona con una enfermedad grave o irreversible solicita poner fin a su sufrimiento.<\/p>\n
La cuesti\u00f3n jur\u00eddica enfrenta, por un lado, la obligaci\u00f3n del Estado de proteger la vida y, por otro, la necesidad de examinar la autonom\u00eda de una persona que solicita acceder a la eutanasia bajo determinadas condiciones m\u00e9dicas. Para Alcazar, ambos aspectos deben analizarse de manera conjunta, sin prescindir de las garant\u00edas que permitan comprobar la capacidad y la voluntad del paciente.<\/p>\n
El jurista tambi\u00e9n consider\u00f3 recomendable que la propuesta sea sometida a un control de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, con el prop\u00f3sito de examinar su compatibilidad con la Carta Magna y reducir el riesgo de controversias sobre su aplicaci\u00f3n.<\/p>\n
Ese examen tendr\u00eda que considerar el contenido concreto de la norma, los derechos involucrados y las condiciones que se establezcan para autorizar el procedimiento. La existencia de una tensi\u00f3n entre derechos constitucionales no significa, por s\u00ed sola, que la iniciativa sea inconstitucional; corresponde analizar c\u00f3mo se articulan las disposiciones y cu\u00e1les ser\u00edan sus efectos jur\u00eddicos.<\/p>\n
GARANTIAS PARA EL PACIENTE<\/p>\n
Alcazar se\u00f1al\u00f3 que uno de los requisitos fundamentales debe ser la comprobaci\u00f3n de que el paciente tiene capacidad para decidir y que su solicitud responde a una voluntad libre, personal e informada.<\/p>\n
\u201cTenemos que ver una regularizaci\u00f3n de que realmente se pueda evaluar que esta persona primero est\u00e1 en su capacidad de decidir; dos, que sea una decisi\u00f3n personal, una decisi\u00f3n muy personal que no puede ser decidida por terceros\u201d, manifest\u00f3.<\/p>\n
El abogado explic\u00f3 que el proyecto contempla una doble evaluaci\u00f3n m\u00e9dica. La primera corresponder\u00eda al m\u00e9dico tratante, quien deber\u00eda revisar el diagn\u00f3stico, los antecedentes cl\u00ednicos y la evoluci\u00f3n de la enfermedad para determinar si la condici\u00f3n es incurable o irreversible y si se cumplen los requisitos previstos.<\/p>\n
La segunda evaluaci\u00f3n estar\u00eda a cargo de un m\u00e9dico consultor independiente, ajeno al equipo tratante y sin una relaci\u00f3n de subordinaci\u00f3n con este. El profesional deber\u00eda revisar el expediente cl\u00ednico y realizar un examen presencial del paciente para emitir un informe favorable o desfavorable.<\/p>\n
Asimismo, indic\u00f3 que esta segunda revisi\u00f3n permitir\u00eda comprobar si se cumplen las condiciones m\u00e9dicas y personales necesarias para continuar con el procedimiento.<\/p>\n
Seg\u00fan el entrevistado, las evaluaciones deber\u00edan verificar tres aspectos: que la enfermedad o condici\u00f3n m\u00e9dica sea irreversible, que se haya evaluado la situaci\u00f3n del paciente respecto de los tratamientos paliativos y que la solicitud sea voluntaria. Tambi\u00e9n consider\u00f3 necesario descartar presiones externas o una depresi\u00f3n cl\u00ednica no tratada que pueda comprometer la capacidad de decisi\u00f3n.<\/p>\n
En este punto, la evaluaci\u00f3n psicol\u00f3gica adquiere relevancia para determinar si la persona comprende su situaci\u00f3n y puede expresar una voluntad libre. La enfermedad grave o terminal no implica autom\u00e1ticamente que el paciente carezca de capacidad para decidir; esa condici\u00f3n debe examinarse individualmente y conforme a los criterios establecidos.<\/p>\n
El abogado sostuvo que la evaluaci\u00f3n debe permitir establecer que la decisi\u00f3n no sea espont\u00e1nea ni producto de una presi\u00f3n externa, sino una manifestaci\u00f3n personal que pueda verificarse mediante los informes correspondientes.<\/p>\n
Asimismo, destac\u00f3 la importancia de comprobar que la condici\u00f3n m\u00e9dica no tenga una posibilidad de curaci\u00f3n y que el sufrimiento del paciente no pueda abordarse mediante alternativas que deban ser consideradas antes de autorizar la eutanasia.<\/p>\n
La propuesta tambi\u00e9n comprende los cuidados paliativos, por lo que el debate no se limita a la posibilidad de acceder a la eutanasia, sino que incluye la atenci\u00f3n destinada a aliviar el dolor y el sufrimiento de personas con enfermedades graves. La relaci\u00f3n entre ambas dimensiones deber\u00e1 quedar definida en la norma, junto con las condiciones de acceso y las garant\u00edas de los pacientes.<\/p>\n
El proyecto debe completar el procedimiento legislativo antes de convertirse en ley. Alcazar explic\u00f3 que la iniciativa debe pasar por el an\u00e1lisis de la comisi\u00f3n correspondiente, la socializaci\u00f3n de su contenido y la consideraci\u00f3n de la C\u00e1mara de Diputados, tanto en grande como en detalle.<\/p>\n
Posteriormente, la propuesta debe ser remitida a la C\u00e1mara de Senadores para su revisi\u00f3n y aprobaci\u00f3n, de acuerdo con el procedimiento legislativo. El abogado tambi\u00e9n consider\u00f3 necesario un examen de constitucionalidad antes de la aplicaci\u00f3n de la norma, adem\u00e1s de las etapas de promulgaci\u00f3n por el \u00d3rgano Ejecutivo y publicaci\u00f3n en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.<\/p>\n
La iniciativa deber\u00e1 definir las condiciones m\u00e9dicas para acceder a la eutanasia, los mecanismos para comprobar la voluntad del paciente, las obligaciones de los profesionales de salud y la relaci\u00f3n de la nueva regulaci\u00f3n con las disposiciones penales vigentes.<\/p>\n
En consecuencia, el debate jur\u00eddico no se limita a determinar si la eutanasia puede ser autorizada, sino que comprende la necesidad de establecer un marco normativo que precise sus condiciones de aplicaci\u00f3n, las garant\u00edas constitucionales involucradas y las responsabilidades derivadas de su pr\u00e1ctica.<\/p>\n
Para Alcazar, la adecuaci\u00f3n penal y la verificaci\u00f3n de la capacidad de decisi\u00f3n del paciente son aspectos fundamentales para evitar contradicciones jur\u00eddicas y garantizar que una eventual aplicaci\u00f3n de la eutanasia se realice bajo condiciones expresamente establecidas por la ley.<\/p>\n\r\n