La formalizaci\u00f3n de la actividad aur\u00edfera requiere fortalecer la estructura empresarial del sector. Una opci\u00f3n es la transformaci\u00f3n voluntaria de determinadas cooperativas en sociedades comerciales, como las Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL), para facilitar el acceso al financiamiento, atraer inversiones y establecer alianzas con empresas nacionales y extranjeras, dentro del marco legal.
\nUna estructura m\u00e1s formal tambi\u00e9n permitir\u00eda mejorar la negociaci\u00f3n y comercializaci\u00f3n del oro, fortalecer su trazabilidad y facilitar el acceso a mercados internacionales, cumpliendo las obligaciones establecidas por las autoridades, incluido el SENARECOM.
\nLa explotaci\u00f3n aur\u00edfera puede contribuir al desarrollo de Bolivia, pero para ello es necesario combatir la miner\u00eda ilegal, hacer cumplir las normas ambientales, mejorar la recaudaci\u00f3n tributaria y promover la formalizaci\u00f3n. El Gobierno debe impulsar el di\u00e1logo con cooperativistas y otros actores para establecer reglas que permitan aprovechar responsablemente esta riqueza y generar mayores beneficios para las regiones productoras y el pa\u00eds.
\nEl informe de la Fundaci\u00f3n Milenio \u201cHacia una miner\u00eda sostenible, competitiva e inclusiva\u201d expone un desequilibrio tributario: las cooperativas representan el 58,1% de la producci\u00f3n aur\u00edfera, pero aportan apenas el 0,2% de los impuestos. El sector privado genera el 35,1% de la producci\u00f3n y contribuye con el 98,3% de los tributos; Comibol produce el 6,1% y aporta el 1,5%. Estas cifras muestran la necesidad de revisar el r\u00e9gimen de explotaci\u00f3n y comercializaci\u00f3n del oro para avanzar hacia una mayor formalizaci\u00f3n y asegurar una contribuci\u00f3n tributaria acorde con la actividad.
\nEl impacto ambiental es otro aspecto central. La miner\u00eda ilegal y las operaciones que incumplen las normas pueden causar graves da\u00f1os a los ecosistemas y las fuentes de agua. La Ley 1333 de Medio Ambiente establece responsabilidades y sanciones por da\u00f1os ambientales, y su reglamentaci\u00f3n contempla la reparaci\u00f3n y restauraci\u00f3n de los recursos afectados. Por su parte, la Ley 300 (Ley Marco de la Madre Tierra de 2012) establece responsabilidades frente a la degradaci\u00f3n ambiental. El ordenamiento jur\u00eddico tambi\u00e9n prev\u00e9 sanciones penales para determinadas conductas que da\u00f1an el medio ambiente o afectan la salud p\u00fablica.
\nPreocupa especialmente el uso de mercurio en la miner\u00eda aur\u00edfera, sobre todo en zonas amaz\u00f3nicas. Estudios y organismos especializados han advertido sobre sus efectos en los ecosistemas y en la salud de las poblaciones expuestas, particularmente por el consumo de pescado contaminado. Por ello, la formalizaci\u00f3n debe incluir controles ambientales efectivos y mecanismos de trazabilidad del oro.
\nEl atractivo econ\u00f3mico de esta actividad es evidente. El precio internacional del oro ha aumentado de manera extraordinaria durante las \u00faltimas d\u00e9cadas, convirti\u00e9ndose en un activo estrat\u00e9gico y una importante fuente de ingresos para los pa\u00edses productores. El 1 de octubre del a\u00f1o en curso, la onza troy se situ\u00f3 en torno a los 4.177 d\u00f3lares, tras alcanzar en enero un m\u00e1ximo superior a los 5.500 d\u00f3lares. En 2000, el promedio anual fue de 279,29 d\u00f3lares. La valorizaci\u00f3n continu\u00f3 durante la d\u00e9cada siguiente, impulsada, entre otros factores, por la b\u00fasqueda de activos considerados refugio, hasta registrar un promedio cercano a los 1.225 d\u00f3lares en 2010.
\nBolivia tiene un importante potencial aur\u00edfero, especialmente en dep\u00f3sitos aluviales, aunque no dispone de una estimaci\u00f3n oficial consolidada que permita precisar la magnitud de sus reservas. El Estado debe fortalecer la informaci\u00f3n geol\u00f3gica y el control de la explotaci\u00f3n.
\nTambi\u00e9n se debe verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales. En 2024, la entonces senadora Cecilia Requena cuestion\u00f3 la aprobaci\u00f3n de contratos mineros y observ\u00f3 la ausencia de instrumentos ambientales en determinados casos. Estas denuncias deben ser investigadas y, cuando corresponda, hacer correcciones mediante la aplicaci\u00f3n estricta de la legislaci\u00f3n.
\nFinalmente, la Ley General de Cooperativas establece que el trabajo de los socios debe realizarse de manera personal y directa, con las excepciones previstas por la normativa. Cuando una operaci\u00f3n alcanza una dimensi\u00f3n empresarial importante, corresponde evaluar si la estructura cooperativa sigue siendo la m\u00e1s adecuada. La transformaci\u00f3n voluntaria hacia una sociedad comercial puede ser una opci\u00f3n para facilitar inversiones, mejorar la gesti\u00f3n y avanzar hacia una actividad aur\u00edfera m\u00e1s formal, transparente y sostenible.<\/p>\n
El autor es economista, Acad\u00e9mico de n\u00famero de la ABCE y presidente de la Federaci\u00f3n de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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