Es una buena noticia que se investigue la presunta corrupci\u00f3n en el Ministerio P\u00fablico. Hay motivos para sentir satisfacci\u00f3n cuando una instituci\u00f3n encargada de perseguir delitos comienza a responder por lo que ocurre en sus propias oficinas. La investigaci\u00f3n debe avanzar hasta identificar responsabilidades y desarmar las redes que pudieran haber convertido la justicia en un negocio.
\nLa satisfacci\u00f3n, sin embargo, tiene una incomodidad: la se\u00f1al que quebr\u00f3 la normalidad lleg\u00f3 desde Washington. El 28 de septiembre Estados Unidos anunci\u00f3 la restricci\u00f3n de ingreso de Roger Mariaca; el 30 fue aprehendido. El 8 de octubre continuaban las diligencias en despachos donde, seg\u00fan el reporte fiscal, se encontraron dinero, joyas y documentaci\u00f3n. El contraste entre la tranquilidad anterior y la s\u00fabita actividad merece explicaci\u00f3n.
\nRodrigo Paz sostiene que hubo una investigaci\u00f3n silenciosa previa. El Gobierno debe mostrar su cronolog\u00eda y explicar por qu\u00e9 el quiebre p\u00fablico lleg\u00f3 despu\u00e9s del veto estadounidense. El Ministro de Defensa hab\u00eda anunciado que las acusaciones de Washington activar\u00edan una investigaci\u00f3n. Sin aquella se\u00f1al, cuesta imaginar a Mariaca abandonando su comodidad: las alertas internas hab\u00edan convivido demasiado tiempo con su continuidad.
\nNo ser\u00eda cierto decir que nadie lo denunci\u00f3. Rolando Cu\u00e9llar lo hab\u00eda cuestionado y su candidatura de 2024 recibi\u00f3 impugnaciones. Lo inquietante es que esas alertas no impidieron su ascenso. Oficialismo y oposici\u00f3n deben explicar c\u00f3mo ejercieron su fiscalizaci\u00f3n antes del esc\u00e1ndalo. Carlos Alarc\u00f3n pidi\u00f3 que dejara el cargo el mismo d\u00eda del anuncio estadounidense. La reacci\u00f3n existi\u00f3; lleg\u00f3 cuando el costo de guardar silencio hab\u00eda cambiado.
\nEl caso Cerimedo vuelve m\u00e1s inc\u00f3modas esas preguntas. El audio difundido el 5 de octubre, atribuido a ambos, sugiere una familiaridad que exige investigaci\u00f3n. Su autenticidad y contexto deben establecerse. Ser\u00eda grave que el fiscal encargado de investigar a un asesor presidencial cuestionado mantuviera con \u00e9l una cercan\u00eda capaz de comprometer su independencia. Gobierno y oposici\u00f3n deben aclarar qu\u00e9 sab\u00edan, desde cu\u00e1ndo y qu\u00e9 hicieron con esa informaci\u00f3n.
\nLa responsabilidad de gobernar incluye detectar y corregir las fallas institucionales antes de que una sanci\u00f3n extranjera obligue a reaccionar. La oposici\u00f3n tambi\u00e9n tiene que vigilar a quienes administran el poder. Si ambos esperan que Washington se\u00f1ale al funcionario cuestionado, dejan en manos ajenas una parte esencial del control democr\u00e1tico. Resulta dif\u00edcil presumir de soberan\u00eda cuando la alarma debe sonar desde otro pa\u00eds.
\nLas responsabilidades penales tendr\u00e1n que ser demostradas con pruebas y decisiones judiciales. Esa exigencia fortalece la investigaci\u00f3n y permitir\u00e1 seguir el dinero, revisar nombramientos y esclarecer las protecciones que se acrediten. El Gobierno tendr\u00e1 que aceptar que las pesquisas alcancen a sus propios allegados; la oposici\u00f3n, que tambi\u00e9n se examine a los suyos. Una depuraci\u00f3n selectiva dejar\u00eda intactas las condiciones que hicieron posible el esc\u00e1ndalo.
\nPusimos el dedo en la llaga y sali\u00f3 pus. Ahora la satisfacci\u00f3n inicial debe convertirse en una exigencia sostenida. El tumor que debe extirparse es la corrupci\u00f3n enquistada en la instituci\u00f3n. \u00bfTendr\u00e1 el Gobierno la capacidad y el valor de hacer la operaci\u00f3n completa, incluso si descubre que las ramificaciones alcanzan a quienes hoy se sientan a su mesa?<\/p>\n
El autor es expresidente de la Asociaci\u00f3n de Periodistas de La Paz, docente universitario, analista pol\u00edtico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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