En la actualidad, cuando alguien denuncia una irregularidad, es com\u00fan que el acusado evite responder a la acusaci\u00f3n y desv\u00ede la atenci\u00f3n desacreditando al denunciante; para ello, expone su vida privada, pasado o deudas y presenta una contradenuncia basada en su supuesta falta de \u00abautoridad moral\u00bb. Como resultado, la denuncia original pasa a segundo plano y el caso queda en la impunidad.<\/p>\n
Para analizar este fen\u00f3meno con precisi\u00f3n, es necesario identificar que no se trata de un argumento leg\u00edtimo, sino de una falacia con siglos de historia. Walton (1998) la clasific\u00f3 como ad hominem tu quoque<\/em> (\u00abt\u00fa tambi\u00e9n\u00bb), ubic\u00e1ndola entre las variantes del ataque personal que, pese a su ilegitimidad, resultan eficaces para desviar la atenci\u00f3n. La estructura Se basa en descalificar a la persona para invalidar su proposici\u00f3n. El error es creer que la calidad moral del denunciante altera la veracidad de los hechos: si alguien se\u00f1ala una irregularidad (como el desv\u00edo de fondos p\u00fablicos), la falta es un hecho objetivo que subsiste sin importar qui\u00e9n la exponga.<\/p>\n Estas estrategias de distracci\u00f3n, a menudo naturalizadas como astucia pol\u00edtica, no son improvisaciones, sino mecanismos descritos hace d\u00e9cadas por la criminolog\u00eda. Sykes y Matza (1957) identificaron cinco \u00abt\u00e9cnicas de neutralizaci\u00f3n\u00bb mediante las cuales el infractor silencia su propio reproche interno. Una de las principales es la \u00abcondena de los condenadores\u00bb, t\u00e1ctica que consiste en desplazar el foco de atenci\u00f3n desde la conducta propia hacia los motivos, defectos o comportamientos de quienes la desaprueban, facilitando as\u00ed la evasi\u00f3n de la culpa.<\/p>\n Esto es observable en el discurso pol\u00edtico actual, por cierto. Bandura (1999) integr\u00f3 este comportamiento en su teor\u00eda de la \u00abdesconexi\u00f3n moral\u00bb, demostrando que el desplazamiento de la responsabilidad y la atribuci\u00f3n de culpas a la v\u00edctima o al denunciante permiten sostener conductas indefendibles. Su advertencia central es: dado que existen m\u00faltiples recursos psicol\u00f3gicos para desactivar el autocontrol moral, la convivencia civilizada exige salvaguardas incorporadas en los sistemas sociales, pues la conciencia individual aislada resulta insuficiente para contener la transgresi\u00f3n.<\/p>\n En este punto se evidencia el error jur\u00eddico que el debate p\u00fablico suele extraviar: la responsabilidad ante la ley es personal e intransferible, no se diluye en el colectivo, no se compensa con las faltas ajenas y no se transmite por lazos de parentesco. La Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos (1969) consagra este principio de manera categ\u00f3rica en su art\u00edculo 5.3, al establecer que \u00abla pena no puede trascender de la persona del infractor\u00bb, este es un pilar sobre el cual descansa toda la dogm\u00e1tica penal actual (Zaffaroni et al., 2002).<\/p>\n De este principio se derivan dos consecuencias clave que suelen ser ignoradas, una es arrastrar a la familia del denunciante al esc\u00e1ndalo, lo que contradice la l\u00f3gica protectora del derecho, y otra, la \u00abautoridad moral\u00bb o reputaci\u00f3n del denunciante no es un requisito para denunciar. Exigir perfecci\u00f3n moral para acceder a la justicia equivaldr\u00eda a consagrar la impunidad absoluta.<\/p>\n Desde la epistemolog\u00eda, Fricker (2007) denomin\u00f3 a este fen\u00f3meno \u00abinjusticia testimonial\u00bb. Este fen\u00f3meno ocurre cuando un prejuicio sobre la identidad o reputaci\u00f3n del hablante le resta credibilidad a su testimonio. Esto genera un doble agravio: silencia a la persona y la degrada como sujeto racional con capacidad de denuncia. Cuando este sesgo se generaliza, los hechos graves no pueden enunciarse, lo que perpet\u00faa el da\u00f1o estructural.<\/p>\n Si bien se podr\u00eda asumir que estamos ante un problema de car\u00e1cter \u00e9tico individual, tratarlo desde esa perspectiva garantiza su repetici\u00f3n institucional. Persson et al. (2013), tras analizar el fracaso de las reformas contra la corrupci\u00f3n, concluyeron que en contextos sist\u00e9micos el fen\u00f3meno responde a un dilema de acci\u00f3n colectiva: los actores no dejan de infringir la norma si anticipan que los dem\u00e1s seguir\u00e1n haci\u00e9ndolo impunemente. En tales escenarios, el llamado a la buena conciencia o a la \u00e9tica individual resulta insuficiente.<\/p>\n La soluci\u00f3n requiere un dise\u00f1o institucional basado en tres medidas: a) Canales seguros y garant\u00edas contra represalias, ya que, seg\u00fan Near y Miceli (1985), donde denunciar implica la ruina, el silencio se vuelve un c\u00e1lculo racional de supervivencia, b) Tramitar las contradenuncias en expedientes aut\u00f3nomos para evitar la confusi\u00f3n jur\u00eddica maliciosa, c) Garantizar un desenlace efectivo en consonancia con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1998), que advierte que la falta de resultados propicia la repetici\u00f3n cr\u00f3nica de violaciones.<\/p>\n