El Gobierno de Rodrigo Paz aplic\u00f3 una decisi\u00f3n econ\u00f3mica que debe ser analizada por el precio del combustible y por la forma en que fue comunicada. Primero apareci\u00f3 el anuncio de un di\u00e9sel de Bs 18 para grandes consumidores y, cuando todav\u00eda se esperaba que el ajuste general llegara en enero de 2027, el Decreto Supremo 5716, del 18 de septiembre, llev\u00f3 el precio a Bs 17,95 para todos. La sorpresa amplific\u00f3 el impacto.<\/p>\n
El incremento desde Bs 9,80 hasta Bs 17,95 representa alrededor de 83%. No es una modificaci\u00f3n menor, sino un shock sobre un insumo transversal. El nuevo esquema incorpora el Precio de Paridad de Importaci\u00f3n y una banda vinculada al mercado internacional. El precio deja de ser solamente una decisi\u00f3n interna y queda m\u00e1s expuesto a variaciones externas. Puede corregir distorsiones, pero tambi\u00e9n introduce incertidumbre econ\u00f3mica.<\/p>\n
Lo llamativo ocurri\u00f3 despu\u00e9s. En un pa\u00eds acostumbrado a responder con bloqueos, marchas y paros frente a los combustibles, inicialmente no apareci\u00f3 una movilizaci\u00f3n nacional de la magnitud esperada. Esto no implica aceptaci\u00f3n. Puede existir cansancio social, temor al costo econ\u00f3mico, fragmentaci\u00f3n de intereses o espera de resultados. La reacci\u00f3n todav\u00eda est\u00e1 en construcci\u00f3n y ser\u00eda prematuro confundir silencio con conformidad social.<\/p>\n
Bolivia viene de una conflictividad excepcional. Entre mayo y junio se registraron 53 d\u00edas de bloqueos, con efectos sobre circulaci\u00f3n y actividad econ\u00f3mica. La Defensor\u00eda document\u00f3 afectaciones a derechos fundamentales, mientras el Gobierno estim\u00f3 p\u00e9rdidas superiores a Bs 14.000 millones. Despu\u00e9s de semejante desgaste, repetir inmediatamente una estrategia de presi\u00f3n puede resultar m\u00e1s dif\u00edcil. Los sectores conocen cu\u00e1nto cuesta paralizar Bolivia.<\/p>\n
Tambi\u00e9n importa c\u00f3mo se distribuy\u00f3 el ajuste. El Gobierno llev\u00f3 el di\u00e9sel a Bs 17,95, mientras la gasolina qued\u00f3 bajo otro esquema. Esta diferencia afecta de manera desigual a transportistas y usuarios. Quienes operan con di\u00e9sel enfrentan un incremento directo, mientras otros mantienen temporalmente otra estructura. Sin atribuir una intenci\u00f3n deliberada de dividir al transporte, el ajuste puede generar intereses sindicales diferentes.<\/p>\n
El transporte ofrece un ejemplo claro. Cuando un conductor debe asumir un incremento superior al 80% en su principal combustible, mantener la misma tarifa resulta dif\u00edcil. Pero subirla tampoco garantiza una soluci\u00f3n, porque los pasajeros tienen ingresos limitados. Aparece una tensi\u00f3n entre costos y demanda. Algunos operadores trasladar\u00e1n parte del aumento; otros pueden absorberlo. La competencia entre modalidades y rutas puede cambiar.<\/p>\n
El precio de Bs 17,95 no debe ser observado \u00fanicamente desde el surtidor. La estructura incorpora importaci\u00f3n, transporte, almacenamiento, distribuci\u00f3n, tributos y otros costos. La nueva l\u00f3gica pretende acercar el mercado al costo real interno y reducir la carga fiscal de la subvenci\u00f3n. Una ventaja es que futuras variaciones internacionales podr\u00edan trasladarse mediante el mecanismo establecido. Depender\u00e1 de la banda y evoluci\u00f3n externa.<\/p>\n
El problema aparece cuando el shock llega a sectores con m\u00e1rgenes estrechos. Una peque\u00f1a empresa de transporte en una ruta baja demanda puede no trasladar todo el aumento al pasajero. Si eleva la tarifa, pierde usuarios; si mantiene el precio, reduce su margen; y si los costos superan sus ingresos, puede reducir frecuencias o abandonar. La misma l\u00f3gica puede afectar a contratistas, distribuidores, ladrilleras e industrias.<\/p>\n
La construcci\u00f3n puede convertirse en un canal visible. El di\u00e9sel encarece el movimiento de maquinaria, \u00e1ridos, cemento, ladrillos, acero y otros materiales. Pero una obra no puede aumentar indefinidamente su precio, porque el comprador tambi\u00e9n enfrenta restricciones presupuestarias. Si las familias postergan viviendas, las empresas retrasan inversiones y el Estado reduce proyectos, la cadena puede afectar producci\u00f3n y empleo.<\/p>\n
En la agricultura el impacto puede ser delicado. En el oriente, productores peque\u00f1os deben decidir cu\u00e1nto sembrar cuando ya enfrentaban m\u00e1rgenes estrechos. En el occidente, donde las superficies son menores, un aumento de la maquinaria por hora puede pesar m\u00e1s. El productor puede intentar elevar su precio, pero no controla el mercado. Si el consumidor no puede pagar, el mayor costo reduce la rentabilidad. La pr\u00f3xima campa\u00f1a mostrar\u00e1 esta factura.<\/p>\n
El Gobierno anunci\u00f3 mecanismos de compensaci\u00f3n y apoyo productivo para amortiguar el ajuste. Pueden aliviar hogares y peque\u00f1as actividades, pero no eliminan el aumento estructural. La cuesti\u00f3n ser\u00e1 qu\u00e9 ocurre con los recursos destinados a la subvenci\u00f3n. Si el ahorro fiscal permite reducir el d\u00e9ficit, mejorar servicios, invertir y transparentar el gasto, habr\u00e1 retorno concreto. Si solamente cambia qui\u00e9n paga la factura, el conflicto econ\u00f3mico continuar\u00e1.<\/p>\n
Existe adem\u00e1s una paradoja. Un precio m\u00e1s cercano al costo internacional puede reducir incentivos al contrabando y disminuir la presi\u00f3n fiscal, pero expone a Bolivia a volatilidad externa. Si aumentan las cotizaciones por tensiones externas, el mecanismo podr\u00eda transmitirla al mercado interno. Si bajan, los consumidores deber\u00edan beneficiarse. La credibilidad depender\u00e1 de que las reglas funcionen en ambos sentidos y sean aplicadas con transparencia.<\/p>\n
Por eso, el silencio de estos d\u00edas merece una lectura prudente. No demuestra que la sociedad haya aceptado el ajuste, pero tampoco permite afirmar que una explosi\u00f3n social sea inevitable. El pa\u00eds est\u00e1 observando cu\u00e1nto costar\u00e1 producir, transportar, construir, cultivar y consumir con el nuevo precio. La protesta puede reaparecer cuando los efectos lleguen a los bolsillos, si aparecen alzas, desabastecimiento o problemas de tarifas. Todav\u00eda existe una incertidumbre abierta.<\/p>\n
El Gobierno consigui\u00f3 imponer r\u00e1pidamente dos modificaciones en precios de carburantes en menos de un a\u00f1o, que durante a\u00f1os parec\u00eda dif\u00edcil. Ahora comienza la parte compleja: demostrar que el sacrificio tiene un prop\u00f3sito econ\u00f3mico verificable.<\/em> El di\u00e9sel a Bs 17,95 no es solamente un precio nuevo; es el traslado de parte de la factura desde el Estado hacia empresas, productores, transportistas y familias. La pregunta no es cu\u00e1nto cuesta el litro, sino qui\u00e9n absorber\u00e1 el costo y qu\u00e9 recibir\u00e1 Bolivia a cambio de este ajuste.<\/p>\n <\/p>\n El autor es Investigador y Analista Socioecon\u00f3mico.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Gobierno de Rodrigo Paz aplic\u00f3 una decisi\u00f3n econ\u00f3mica que debe ser analizada por el precio del combustible y por la forma en que fue comunicada. Primero apareci\u00f3 el anuncio de un di\u00e9sel de Bs 18 para grandes consumidores y, cuando todav\u00eda se esperaba que el ajuste general llegara en enero de 2027, el Decreto […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":213112,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-435248","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-opinion"],"acf":{"antetitulo":""},"yoast_head":"\n