La pol\u00edtica monetaria destinada a contener la inflaci\u00f3n puede profundizar el deterioro del mercado laboral y trasladar parte del costo del ajuste hacia el empleo, los ingresos y la informalidad, advirti\u00f3 el economista Oswaldo Irusta D\u00edaz, quien adem\u00e1s plante\u00f3 la necesidad de fortalecer los mecanismos de protecci\u00f3n social ante los efectos que podr\u00eda generar el proceso de estabilizaci\u00f3n econ\u00f3mica.
\nIrusta dijo que la orientaci\u00f3n contractiva asumida por el Banco Central de Bolivia (BCB) busca frenar las presiones inflacionarias, pero considera que esa estrategia tiene consecuencias sobre una econom\u00eda que atraviesa una fase recesiva.
\n\u201cSe puede decir con rigor t\u00e9cnico y adem\u00e1s con base en el propio informe del Reporte de Inflaci\u00f3n y Pol\u00edtica Monetaria del Banco Central que la pol\u00edtica monetaria s\u00ed est\u00e1 priorizando contener la inflaci\u00f3n aun a costa del empleo\u201d, afirm\u00f3.
\nEl m\u00e1s reciente Reporte de Inflaci\u00f3n y Pol\u00edtica Monetaria confirma que el BCB mantuvo durante el primer semestre de 2026 una orientaci\u00f3n contractiva y que, desde el 26 de junio, adopt\u00f3 la Base Monetaria como ancla nominal dentro de un nuevo marco de pol\u00edtica monetaria. La entidad tambi\u00e9n reconoce un deterioro del mercado laboral y una ca\u00edda de la actividad econ\u00f3mica.
\nEl informe establece que, a junio de 2026, la poblaci\u00f3n ocupada disminuy\u00f3 en cerca de 205.000 personas respecto al cierre de 2025, mientras la poblaci\u00f3n inactiva aument\u00f3 aproximadamente en 198.000. El BCB se\u00f1ala que la reducci\u00f3n de la ocupaci\u00f3n fue consistente con la contracci\u00f3n registrada en distintos sectores de la econom\u00eda.
\nAdem\u00e1s, interpreta ese deterioro como parte del costo del ajuste monetario. \u201cLa p\u00e9rdida, por ejemplo, que habla este informe de 200 mil puestos de trabajo en el primer semestre, no es un efecto colateral, es el costo directo de usar la base monetaria como ancla nominal\u201d, se\u00f1al\u00f3.
\nSin embargo, esa relaci\u00f3n causal corresponde al an\u00e1lisis del economista y no a una conclusi\u00f3n expresada por el BCB. T\u00e9cnicamente el documento habla de una reducci\u00f3n de la poblaci\u00f3n ocupada y no de una p\u00e9rdida contabilizada de 205.000 puestos de trabajo.
\n\u201cLa inflaci\u00f3n va a caer, s\u00ed, pero porque la econom\u00eda se est\u00e1 enfriando m\u00e1s r\u00e1pido de lo que el mercado laboral puede soportar\u201d, sostuvo Irusta al advertir que una desaceleraci\u00f3n pronunciada de la actividad puede afectar principalmente a los trabajadores.
\nFrente a ese escenario, el economista considera fundamental avanzar hacia una mejor focalizaci\u00f3n de la ayuda estatal. Explic\u00f3 que este mecanismo supone sustituir progresivamente subsidios generalizados por instrumentos capaces de dirigir recursos hacia los hogares que soporten con mayor intensidad los efectos del ajuste.
\n\u201cFocalizar subsidios quiere decir quitar los subsidios generalizados y redirigirlos solo a la poblaci\u00f3n m\u00e1s vulnerable que pueda ser afectada principalmente por el costo del ajuste\u201d, indic\u00f3.
\nUna de las herramientas previstas para ese prop\u00f3sito es el Registro Social de Hogares. Irusta se\u00f1al\u00f3 que permitir\u00eda identificar con mayor precisi\u00f3n a las familias vulnerables y canalizar bonos, transferencias y otros mecanismos de asistencia.
\nEn este punto existe una precisi\u00f3n necesaria respecto a la entrevista. El financiamiento negociado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) alcanza los $us 500 millones, aunque ese monto no est\u00e1 destinado exclusivamente al registro. Seg\u00fan la informaci\u00f3n oficial, $us 12,5 millones corresponden a su creaci\u00f3n, mientras $us 485 millones se destinan al complemento de la Renta Dignidad y otros $us 2,5 millones a evaluaciones y auditor\u00edas.
\nEl BID sostiene que el programa busca fortalecer el sistema boliviano de protecci\u00f3n social y que el nuevo registro permitir\u00e1 mejorar la identificaci\u00f3n y atenci\u00f3n de hogares vulnerables.
\nIrusta advirti\u00f3 que la construcci\u00f3n de esa herramienta no puede reducirse a elaborar una base de datos. Afirm\u00f3 que requerir\u00e1 cruces de informaci\u00f3n, encuestas, infraestructura inform\u00e1tica, interoperabilidad entre instituciones, verificaci\u00f3n y depuraci\u00f3n de registros, adem\u00e1s de pruebas piloto.
\n\u201cUn registro social de hogares es un proceso de perfeccionamiento continuo, no se construye en meses, toma a\u00f1os\u201d, se\u00f1al\u00f3.
\nComo referencia, mencion\u00f3 las experiencias de Chile y Colombia. En el caso colombiano, el Sisb\u00e9n comenz\u00f3 su primera versi\u00f3n en 1994 como instrumento para seleccionar beneficiarios de programas sociales, mientras Chile ha desarrollado durante la \u00faltima d\u00e9cada su actual Registro Social de Hogares y mantiene mecanismos permanentes para actualizar y rectificar informaci\u00f3n.
\nIrusta considera que Bolivia podr\u00eda acelerar inicialmente ese proceso con asistencia t\u00e9cnica internacional y disponer de una estructura b\u00e1sica en pocos meses, aunque estima que un sistema ampliamente operativo requerir\u00eda entre dos y tres a\u00f1os.
\n\u201cEs una herramienta indispensable para mitigar este costo social del ajuste y su implementaci\u00f3n requiere tiempo y, sobre todo, rigor t\u00e9cnico y una institucionalidad que funcione\u201d, asever\u00f3.
\nEl economista tambi\u00e9n mencion\u00f3 el Programa Extraordinario de Protecci\u00f3n y Equidad (PEPE) como ejemplo de una medida temporal destinada a sectores vulnerables. El beneficio contempl\u00f3 un total de Bs 450, mediante tres pagos de Bs 150, y posteriormente se ampli\u00f3 hasta el 31 de julio el plazo para que beneficiarios pendientes pudieran cobrarlo.
\nPara Irusta, un esquema de esas caracter\u00edsticas tiene un alcance insuficiente frente a un ajuste econ\u00f3mico de mayor magnitud porque, seg\u00fan su an\u00e1lisis, las consecuencias tambi\u00e9n pueden extenderse hacia hogares de ingresos medios y medios bajos.
\n\u201cEl alcance de este es limitado, protege solamente a los m\u00e1s pobres y no alcanza a la clase media baja, que es la que va a absorber generalmente la mayor parte del ajuste\u201d, sostuvo.
\nAnticip\u00f3 que una combinaci\u00f3n de incremento temporal de precios, reducci\u00f3n del ingreso y deterioro del empleo exigir\u00eda mecanismos de protecci\u00f3n m\u00e1s amplios y mejor focalizados.
\nEl experto relacion\u00f3 este escenario con el programa econ\u00f3mico negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El FMI y las autoridades bolivianas alcanzaron el 29 de julio un acuerdo a nivel del personal t\u00e9cnico para un programa de 36 meses por aproximadamente $us 1.900 millones.
\nSin embargo, el financiamiento todav\u00eda est\u00e1 sujeto a la aprobaci\u00f3n del Directorio Ejecutivo del organismo y a las instancias correspondientes en Bolivia, por lo que no debe presentarse como un programa plenamente vigente.
\nOtro de los temas abordados fue el programa gubernamental de enlosetado destinado a generar empleo mediante obras ejecutadas junto con municipios. Irusta lo considera una modalidad de empleo temporal dirigida principalmente a absorber mano de obra con baja calificaci\u00f3n.
\nEl actual Programa Nacional de Emergencia para la Generaci\u00f3n de Empleo contempla una inversi\u00f3n de $us 92,7 millones y proyecta alrededor de 18.000 empleos directos y 55.000 indirectos mediante obras viales, entre ellas enlosetados y adoquinados en municipios.
\nAsimismo, compar\u00f3 esta intervenci\u00f3n con anteriores programas de emergencia laboral y sostuvo que puede proporcionar ingresos temporales y aliviar presiones sociales, aunque cuestion\u00f3 su capacidad para generar transformaciones de largo plazo.
\n\u201cYo dir\u00eda que el plan de enlosetado es un paliativo, pero no es una soluci\u00f3n. Nos va a crear empleo, s\u00ed, pero es un empleo temporal y de baja productividad\u201d, expres\u00f3.
\nSeg\u00fan su an\u00e1lisis, estos programas pueden absorber temporalmente trabajadores y producir resultados visibles en barrios y municipios, pero no sustituyen una pol\u00edtica destinada a generar empleo formal y elevar la productividad.
\n\u201cNo crea, por ejemplo, empleo formal, no genera productividad, no dinamiza sectores estrat\u00e9gicos, no mueve el PIB, no impulsa inversi\u00f3n y no compensa la contracci\u00f3n monetaria. Es un parche social y no es una pol\u00edtica de empleo estructural\u201d, afirm\u00f3.
\nIrusta se\u00f1al\u00f3 que este tipo de intervenci\u00f3n suele utilizarse para amortiguar el deterioro laboral durante periodos de desaceleraci\u00f3n. \u201cEl impacto va a ser visible en los barrios, pero es irrelevante para la recuperaci\u00f3n del empleo formal y, adem\u00e1s, es nulo para revertir la recesi\u00f3n\u201d, sostuvo.
\nEn la \u00faltima parte de su an\u00e1lisis, el economista puso \u00e9nfasis en las dificultades para medir el deterioro laboral en una econom\u00eda con elevada informalidad. En este punto es necesario hacer una precisi\u00f3n conceptual: desempleo y desocupaci\u00f3n son utilizados estad\u00edsticamente como conceptos equivalentes. Tanto la OIT como el INE consideran desocupada a la persona que no tiene trabajo, est\u00e1 disponible para trabajar y realiza acciones para conseguirlo.
\nEl fen\u00f3meno adicional al que se refiere Irusta corresponde principalmente a la subocupaci\u00f3n, la subutilizaci\u00f3n de la fuerza laboral, el empleo precario y la informalidad.
\nSu planteamiento central es que una tasa de desempleo relativamente baja no necesariamente refleja buenas condiciones laborales en Bolivia, debido a que una persona que pierde su empleo formal puede verse obligada a generar inmediatamente ingresos mediante actividades informales.
\nEl propio BCB advierte ese deterioro. A junio de 2026, la tasa de subocupaci\u00f3n lleg\u00f3 al 8,21% de la poblaci\u00f3n ocupada, equivalente a unas 374.000 personas, mientras la tasa de subutilizaci\u00f3n de la fuerza laboral alcanz\u00f3 el 11,43%.
\nAdem\u00e1s, el reporte se\u00f1ala que aproximadamente 3,2 millones de personas trabajaban en el sector informal urbano, equivalentes al 69,7% de la poblaci\u00f3n ocupada de esas \u00e1reas.
\nDe acuerdo con Irusta, esos indicadores permiten observar mejor una parte del deterioro que no necesariamente aparece reflejado en la tasa abierta de desempleo. Personas que antes ten\u00edan un puesto formal pueden pasar al comercio callejero, servicios de entrega u otras actividades de supervivencia y continuar estad\u00edsticamente ocupadas, pese a percibir menores ingresos o trabajar en condiciones m\u00e1s precarias.
\n\u201cPierde su empleo formal e inmediatamente salta a la informalidad. Los ingresos caen; aunque tenga un trabajo precario, gana menos de lo que ganaba en su empleo formal\u201d, explic\u00f3.
\nA juicio del economista, ese proceso puede avanzar sin provocar un incremento proporcional de la tasa de desempleo, pero s\u00ed reflejarse en mayor informalidad, subocupaci\u00f3n y p\u00e9rdida de ingresos.
\n\u201cLo que vemos en la calle lo revela: vemos m\u00e1s gente trabajando, vendiendo cosas en la calle, o vecinos que empiezan a vender mermeladas, queques. Eso significa menos ingresos, m\u00e1s subocupaci\u00f3n y, adem\u00e1s, hay un empobrecimiento silencioso que avanza r\u00e1pidamente\u201d, concluy\u00f3 Irusta.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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