El Gobierno tendr\u00e1 que definir, antes de plantear una eventual ampliaci\u00f3n del Estado de Excepci\u00f3n, si mantendr\u00e1 esa medida para responder a posibles movilizaciones o priorizar\u00e1 el proceso de reforma parcial de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado (CPE), seg\u00fan afirm\u00f3 el diputado de Alianza Unidad, Carlos Alarc\u00f3n, en entrevista con EL DIARIO. El legislador considera que ambas agendas pueden entrar en conflicto cuando se active la etapa de campa\u00f1a para el referendo constitucional.<\/p>\n
Alarc\u00f3n explic\u00f3 que la reforma constitucional debe ser una prioridad y plante\u00f3 que la Asamblea Legislativa deber\u00eda aprobar la ley que permita llevar los cambios a consulta de la poblaci\u00f3n entre fines de octubre y los primeros d\u00edas de noviembre. Para el legislador, ese proceso tiene una importancia que trasciende la coyuntura de las movilizaciones, debido a la necesidad de modificar aspectos de la CPE que, en su criterio, dificultan la recuperaci\u00f3n econ\u00f3mica y la reactivaci\u00f3n de sectores estrat\u00e9gicos.<\/p>\n
El diputado sostuvo que Bolivia est\u00e1 rezagada en la eliminaci\u00f3n de los \u201ccandados\u201d del modelo econ\u00f3mico y judicial incorporados en la Constituci\u00f3n durante el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). A ello sum\u00f3 la advertencia de que el pa\u00eds est\u00e1 en puertas de enfrentar un colapso energ\u00e9tico y una crisis econ\u00f3mica, mientras las condiciones actuales estar\u00edan ahuyentando inversiones necesarias para reactivar sectores estrat\u00e9gicos.<\/p>\n
En ese contexto, Alarc\u00f3n plante\u00f3 que el Gobierno deber\u00e1 evaluar si una eventual ampliaci\u00f3n del Estado de Excepci\u00f3n es compatible con el calendario previsto para la reforma constitucional. Su argumento parte de que, una vez que la Asamblea apruebe la ley de reforma para someterla posteriormente a referendo, comenzar\u00e1 una etapa de campa\u00f1a en la que los sectores que apoyen y rechacen los cambios deber\u00e1n exponer sus posiciones ante la ciudadan\u00eda.<\/p>\n
Seg\u00fan el legislador, esa fase requiere condiciones diferentes a las que existir\u00edan bajo un Estado de Excepci\u00f3n, debido a las restricciones que la medida implica sobre derechos, libertades y garant\u00edas ciudadanas. Por ello, considera que el Ejecutivo tendr\u00e1 que establecer cu\u00e1l es su prioridad si coinciden una eventual solicitud de extensi\u00f3n de la excepci\u00f3n y el avance del proceso de reforma.<\/p>\n
La posibilidad de ampliar la medida estar\u00eda relacionada con las movilizaciones que distintos sectores podr\u00edan impulsar despu\u00e9s del 18 de septiembre. Sin embargo, Alarc\u00f3n sostuvo que primero deber\u00edan conocerse los argumentos concretos del Gobierno para justificar una eventual solicitud y que la Asamblea tendr\u00e1 que evaluar esas razones antes de autorizarla.<\/p>\n
El legislador diferenci\u00f3 esa posibilidad de la situaci\u00f3n actual. Mientras el Ejecutivo no presente formalmente un pedido de ampliaci\u00f3n del Estado de Excepci\u00f3n debe mantener el plazo establecido en el decreto y el Legislativo no deber\u00eda intervenir de oficio para modificarlo.<\/p>\n
En ese punto, cuestion\u00f3 que la Comisi\u00f3n Plural de Justicia de la C\u00e1mara de Diputados haya avanzado con una propuesta de ampliaci\u00f3n sin que exista una solicitud formal del Gobierno. A su juicio, corresponde al Ejecutivo evaluar las circunstancias que justificar\u00edan extender la medida y asumir la responsabilidad de plantearla ante la Asamblea.<\/p>\n
\u201cSer\u00e1 el presidente y el Gobierno los que den la cara y asuman la responsabilidad por esto\u201d, afirm\u00f3.<\/p>\n
Alarc\u00f3n sostuvo que, si el Ejecutivo presenta el pedido, este deber\u00eda llegar a la Asamblea Legislativa para que el Pleno determine si corresponde autorizarlo. En cambio, considera que una comisi\u00f3n no puede asumir de oficio esa decisi\u00f3n, debido a que el Estado de Excepci\u00f3n tiene un plazo determinado de vigencia.<\/p>\n
Si el informe de la Comisi\u00f3n Plural de Justicia llega al Pleno de Diputados sin una solicitud previa del Ejecutivo, el legislador plante\u00f3 que deber\u00eda ser rechazado. Y si el asunto supera esa instancia y llega al Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, consider\u00f3 que tendr\u00eda que ser devuelto a la C\u00e1mara de Diputados para solicitar su archivo hasta que exista un pedido formal del Gobierno.<\/p>\n
Otro elemento que, seg\u00fan Alarc\u00f3n, debe ser considerado antes de prolongar la medida es que el Estado cuenta con mecanismos para responder ante bloqueos y situaciones de violencia sin recurrir necesariamente a un Estado de Excepci\u00f3n. Record\u00f3 que, tras la abrogaci\u00f3n de la ley COPA, impulsada mediante un proyecto que present\u00f3, se puede utilizar la fuerza policial y disponer el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Polic\u00eda en determinadas situaciones.<\/p>\n
Para el diputado, esta alternativa permite al Gobierno responder ante hechos de violencia extrema en caminos y calles cuando se vulneren derechos de terceros, sin que la continuidad del estado de excepci\u00f3n sea la \u00fanica opci\u00f3n.<\/p>\n
\u201cSe puede disponer el uso de la fuerza legal y leg\u00edtima del Estado sin necesidad de Estado de Excepci\u00f3n\u201d, sostuvo.<\/p>\n
Con ese argumento, Alarc\u00f3n considera que la eventual ampliaci\u00f3n debe analizarse junto con las otras herramientas disponibles y el calendario de la reforma constitucional. Si existen mecanismos para enfrentar los bloqueos sin prolongar la medida excepcional, el Ejecutivo tendr\u00eda que valorar esa posibilidad frente al proceso que busca llevar los cambios de la CPE a un referendo.<\/p>\n
ANTIBLOQUEO PENDIENTE<\/p>\n
En paralelo, Alarc\u00f3n cuestion\u00f3 que contin\u00fae sin avance el proyecto de Ley Antibloqueos que present\u00f3 el 17 de diciembre del a\u00f1o pasado. Seg\u00fan explic\u00f3, la propuesta permanece estancada en la Comisi\u00f3n de Justicia Plural de la C\u00e1mara de Diputados, cuya presidencia corresponde al oficialismo.<\/p>\n
El legislador sostuvo que la norma deber\u00eda haber sido aprobada antes de que concluya la vigencia del actual Estado de Excepci\u00f3n, porque permitir\u00eda establecer un marco nacional para enfrentar los bloqueos y definir responsabilidades derivadas de esas acciones.<\/p>\n
Alarc\u00f3n destac\u00f3 que la Asamblea Departamental de Santa Cruz ya aprob\u00f3 una ley antibloqueos, pero explic\u00f3 que una norma de ese nivel tiene limitaciones frente a una legislaci\u00f3n nacional. Entre ellas, se\u00f1al\u00f3 que no puede tipificar delitos ni establecer penas de c\u00e1rcel.<\/p>\n
Tambi\u00e9n sostuvo que una norma departamental no puede establecer mecanismos de resarcimiento integral de da\u00f1os bajo la figura de la responsabilidad solidaria ni fijar garant\u00edas operativas para los polic\u00edas y militares que intervengan en desbloqueos.<\/p>\n
El diputado puso especial \u00e9nfasis en la situaci\u00f3n de los efectivos encargados de ejecutar esas operaciones, al considerar que necesitan un marco legal que los proteja cuando act\u00faen en cumplimiento de sus funciones.<\/p>\n
\u201cLos polic\u00edas y los militares no sean utilizados como carne de ca\u00f1\u00f3n y despu\u00e9s juzgados como cabeza de turco\u201d, afirm\u00f3.<\/p>\n
Seg\u00fan Alarc\u00f3n, esos elementos solo pueden ser establecidos mediante una ley de alcance nacional aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por ello, considera que el retraso del proyecto mantiene pendiente una respuesta legislativa de fondo frente a los bloqueos.<\/p>\n
La discusi\u00f3n, de acuerdo con el planteamiento del diputado, termina as\u00ed en una definici\u00f3n de prioridades para el Gobierno: responder a eventuales movilizaciones mediante una ampliaci\u00f3n del Estado de Excepci\u00f3n o avanzar con la reforma constitucional bajo condiciones que permitan posteriormente desarrollar la campa\u00f1a para el referendo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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