Ante los nuevos anuncios de bloqueos que amenazan nuevamente con paralizar al pa\u00eds, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debe aprobar con urgencia una Ley Antibloqueos que establezca responsabilidades, sanciones y mecanismos de resarcimiento por los da\u00f1os ocasionados a la poblaci\u00f3n. Existen propuestas que esperan tratamiento en ambas c\u00e1maras, entre ellas la presentada por el diputado Carlos Alarc\u00f3n.<\/p>\n
Los bloqueos atentan principalmente contra los m\u00e1s pobres. El transportista que pierde jornadas de trabajo, el comerciante que no puede trasladar su mercader\u00eda, el productor que no logra llevar sus alimentos al mercado y el trabajador que no puede llegar a su fuente laboral son quienes terminan pagando las consecuencias de estas medidas.<\/p>\n
Por ello, una Ley Antibloqueos no debe limitarse a establecer sanciones. Debe contemplar tambi\u00e9n el resarcimiento econ\u00f3mico a transportistas, comerciantes, productores y otros sectores que sufran p\u00e9rdidas como consecuencia de los bloqueos.<\/p>\n
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CRUELDAD EN LOS BLOQUEOS<\/strong><\/p>\n Hay hechos que no pueden ser olvidados. Durante anteriores jornadas de bloqueo fueron denunciados casos en los que ambulancias que trasladaban pacientes de emergencia tuvieron dificultades para atravesar los puntos de bloqueo.<\/p>\n Uno de los hechos que provoc\u00f3 indignaci\u00f3n ocurri\u00f3 en el puente M\u00e9ndez, en la carretera entre Sucre y Potos\u00ed, donde se denunci\u00f3 que una ambulancia qued\u00f3 impedida de continuar su recorrido mientras el personal m\u00e9dico intentaba despejar la v\u00eda. Tambi\u00e9n fueron denunciados hechos similares en Patacamaya, donde familiares de una paciente cr\u00edtica afirmaron haber recibido expresiones de extrema insensibilidad cuando intentaban trasladarla hacia La Paz.<\/p>\n Si estos hechos ocurrieron como fueron denunciados, no pueden ser considerados simplemente parte de una protesta social. Impedir el paso de una ambulancia pone en riesgo el derecho fundamental a la vida y a la salud.<\/p>\n El derecho a la protesta no puede convertirse en el derecho a decidir qui\u00e9n puede circular, qui\u00e9n puede trabajar y, mucho menos, qui\u00e9n puede recibir atenci\u00f3n m\u00e9dica.<\/p>\n <\/p>\n EL BLOQUEO COMO IMPOSICI\u00d3N<\/strong><\/p>\n Otro aspecto que debe ser investigado es la situaci\u00f3n de los propios comunarios. En diferentes conflictos sindicales se han denunciado multas, amenazas y presiones contra campesinos que se niegan a participar en marchas o bloqueos.<\/p>\n Cuando una persona es obligada a bloquear bajo amenaza de sanci\u00f3n, p\u00e9rdida de su puesto, expulsi\u00f3n o agresi\u00f3n, ya no estamos ante una movilizaci\u00f3n libre.<\/p>\n El problema no est\u00e1 en los campesinos ni en las comunidades ind\u00edgenas, sino en determinadas estructuras de poder que utilizan a las comunidades como instrumentos de presi\u00f3n pol\u00edtica.<\/p>\n Tambi\u00e9n es necesario diferenciar entre pueblos ind\u00edgenas y determinadas estructuras sindicales rurales. El hecho de que una organizaci\u00f3n sindical est\u00e9 integrada mayoritariamente por ind\u00edgenas no significa que el sindicato sea necesariamente una instituci\u00f3n propia de las formas tradicionales de organizaci\u00f3n ind\u00edgena.<\/p>\n Durante d\u00e9cadas, estructuras sindicales de origen externo han ocupado espacios de representaci\u00f3n en el campo, llegando en algunos casos a subordinar las formas propias de organizaci\u00f3n comunitaria. El campesinado boliviano tiene derecho a organizarse libremente y a decidir su propio destino.<\/p>\n Particular preocupaci\u00f3n merece la situaci\u00f3n denunciada en algunas regiones, especialmente en el Chapare, donde se han se\u00f1alado pr\u00e1cticas de control sindical mediante multas, amenazas, expulsiones y otras formas de presi\u00f3n. Si tales hechos se producen, deben ser investigados y sancionados, independientemente de qui\u00e9n los cometa.<\/p>\n Lo mismo debe aplicarse en el altiplano y los valles. Ninguna organizaci\u00f3n sindical tiene derecho a imponer mediante amenazas la participaci\u00f3n obligatoria en bloqueos o movilizaciones.<\/p>\n <\/p>\n 50 D\u00cdAS DE BLOQUEO Y 23 MUERTOS<\/strong><\/p>\n Los aproximadamente 50 d\u00edas de bloqueos a los que se refiere este art\u00edculo dejaron familias enlutadas, ciudades desabastecidas y graves p\u00e9rdidas econ\u00f3micas. La cifra de 23 personas fallecidas debe ser investigada y documentada por las autoridades competentes para establecer las circunstancias y responsabilidades correspondientes.<\/p>\n Pero el da\u00f1o va mucho m\u00e1s all\u00e1 de las cifras. Los bloqueos prolongados provocan el incremento de los precios de los alimentos, p\u00e9rdidas para productores y comerciantes, paralizaci\u00f3n del transporte, cierre de empresas y mayor desempleo.<\/p>\n El bloqueo termina convirti\u00e9ndose en un impuesto que pagan los m\u00e1s pobres.<\/p>\n Por eso debemos preguntarnos: \u00bfqui\u00e9n devuelve al transportista los d\u00edas que estuvo detenido? \u00bfQui\u00e9n compensa al comerciante que perdi\u00f3 sus productos? \u00bfQui\u00e9n responde por el productor que no pudo llevar su cosecha al mercado? \u00bfQui\u00e9n responde cuando una ambulancia no logra llegar a tiempo?<\/p>\n La futura Ley Antibloqueos debe establecer un r\u00e9gimen integral de responsabilidad y reparaci\u00f3n de da\u00f1os, adem\u00e1s de sanciones para quienes cometan delitos durante las movilizaciones.<\/p>\n <\/p>\n EL SINDICALISMO NO PUEDE SER UNA NUEVA OLIGARQU\u00cdA<\/strong><\/p>\n Tambi\u00e9n corresponde mirar hacia las dirigencias sindicales nacionales. Mientras algunos dirigentes se presentan como representantes de los trabajadores, existen cuestionamientos sobre los privilegios y elevados ingresos de determinadas autoridades sindicales.<\/p>\n La denuncia de remuneraciones superiores a 40.000 bolivianos atribuida a algunos dirigentes debe ser verificada documentalmente y, si corresponde, explicada p\u00fablicamente. El sindicalismo naci\u00f3 para defender al trabajador, no para convertirse en una nueva \u00e9lite de poder para oprimir a sus afiliados.<\/p>\n Despu\u00e9s de dos d\u00e9cadas de predominio del denominado proceso socialista, Bolivia atraviesa una profunda crisis econ\u00f3mica y pol\u00edtica. La falta de d\u00f3lares, los problemas de combustibles, el incremento del costo de vida, el desempleo y la p\u00e9rdida del poder adquisitivo han deteriorado la situaci\u00f3n de millones de bolivianos.<\/p>\n En este escenario, los bloqueos agravan una econom\u00eda ya debilitada. Crisis, bloqueo, desabastecimiento, inflaci\u00f3n, p\u00e9rdida de empleos y mayor pobreza forman un c\u00edrculo que el pa\u00eds ya no puede seguir soportando.<\/p>\n <\/p>\n ES HORA DE TERMINAR CON LA IMPUNIDAD<\/strong><\/p>\n Aprobar una Ley Antibloqueos no significa prohibir la protesta social. Significa establecer que ning\u00fan derecho puede utilizarse para destruir los derechos de los dem\u00e1s, aclar\u00e1ndose que el bloqueo bajo ninguna circunstancia puede ser considerado como un derecho.<\/p>\n Los bolivianos tienen derecho a protestar, pero tambi\u00e9n a trabajar y circular libremente. Tienen derecho a reclamar, pero tambi\u00e9n a negarse a participar en una movilizaci\u00f3n. Y, sobre todo, tienen derecho a recibir atenci\u00f3n m\u00e9dica cuando su vida est\u00e1 en peligro.<\/p>\n Ha llegado la hora de terminar con la utilizaci\u00f3n pol\u00edtica de los sectores m\u00e1s humildes. El campesinado boliviano no necesita dirigentes que lo obliguen, amenacen o utilicen; necesita libertad para organizarse, producir y decidir su propio destino.<\/p>\n Las carreteras no son propiedad de ning\u00fan sindicato, partido pol\u00edtico ni grupo de presi\u00f3n. Son de todos los bolivianos.<\/p>\n Por ello, ante los nuevos anuncios de bloqueos, la Asamblea Legislativa Plurinacional debe actuar con responsabilidad. Una Ley Antibloqueos ya no puede seguir esperando.<\/em><\/p>\n <\/p>\n El autor es comunicador social.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Ante los nuevos anuncios de bloqueos que amenazan nuevamente con paralizar al pa\u00eds, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debe aprobar con urgencia una Ley Antibloqueos que establezca responsabilidades, sanciones y mecanismos de resarcimiento por los da\u00f1os ocasionados a la poblaci\u00f3n. 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