El Gobierno ha enviado a la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley de Inversiones. El tema ya est\u00e1 por dem\u00e1s demorado. Bolivia necesita con urgencia un nuevo marco jur\u00eddico para las inversiones y tambi\u00e9n para los sectores estrat\u00e9gicos de hidrocarburos y miner\u00eda.<\/p>\n
En lo esencial, parlamentarios y analistas coinciden en que Bolivia necesita una nueva Ley de Inversiones. La discrepancia aparece cuando se discute sobre c\u00f3mo otorgar seguridad jur\u00eddica al capital extranjero.<\/p>\n
Unos sostienen que cualquier ley ser\u00e1 insuficiente mientras permanezca vigente el art\u00edculo 320 de la CPE que establece que toda inversi\u00f3n extranjera estar\u00e1 sometida a la jurisdicci\u00f3n, a las leyes y autoridades bolivianas; y el art\u00edculo 366 que determina que las empresas extranjeras que desarrollen actividades hidrocarbur\u00edferas no podr\u00e1n invocar arbitraje internacional.<\/p>\n
Los otros consideran que modificar la Constituci\u00f3n requiere refer\u00e9ndum y ello tomar\u00eda un tiempo, que el pa\u00eds no tiene. Por ello, proponen avanzar inmediatamente mediante una Ley de Inversiones que reconozca el arbitraje internacional como mecanismo de soluci\u00f3n de controversias, entre otras disposiciones.<\/p>\n
En el debate, poco o nada se ha dicho sobre las cuestiones internacionales, a pesar de la implicaci\u00f3n directa que \u00e9stas tienen; ya que se trata de ciudadanos extranjeros que env\u00edan sus capitales para invertir en otro pa\u00eds y, consecuentemente, pudiera producirse un choque de intereses entre dos Estados. Uno interesado en cumplir su obligaci\u00f3n de proteger o defender los intereses de sus connacionales y el otro interesado en someter a los extranjeros a su jurisdicci\u00f3n nacional.<\/p>\n
En la hora de definir si se va invertir en otro Estado, hay que tener presente, ni duda cabe, que las disposiciones constitucionales ser\u00e1n tomadas muy en cuenta. Son importantes, pero no definitorias. Tambi\u00e9n cuentan las disposiciones internas del Estado receptor de la inversi\u00f3n y principalmente tratados internacionales entre los dos Estados. Todas ellas son importantes ya que determinan las reglas aplicables a los inversionistas y las obligaciones conexas.<\/p>\n
El punto de partida deber\u00eda ser que el derecho internacional no proh\u00edbe a los Estados expropiar o nacionalizar. Al contrario, se\u00a0 le reconoce la potestad de adoptar medidas que afecten o incluso priven a un inversionista de su propiedad. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada. Su ejercicio est\u00e1 sometido al derecho internacional de las inversiones.<\/p>\n
En t\u00e9rminos generales, una expropiaci\u00f3n es internacionalmente l\u00edcita cuando responde a una finalidad p\u00fablica, no es discriminatoria, respeta el debido proceso y principalmente est\u00e1 acompa\u00f1ada de una compensaci\u00f3n justa.<\/p>\n
En ese marco, en el caso boliviano, es absolutamente necesario eliminar las disposiciones constitucionales que inhiben la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional. Sin embargo, quienes proponen aprovechar la reforma para constitucionalizar una prohibici\u00f3n absoluta de las expropiaciones, nacionalizaciones, estatizaciones o reversiones de inversiones nacionales y extranjeras se equivocan. En este punto, son m\u00e1s papistas que el Papa.<\/p>\n
La seguridad jur\u00eddica no consiste en privar al Estado de una potestad que forma parte de sus atribuciones soberanas. Consiste en establecer reglas claras sobre cu\u00e1ndo puede ejercerla, qui\u00e9n debe autorizarla, bajo qu\u00e9 condiciones, c\u00f3mo se determina la compensaci\u00f3n y qu\u00e9 mecanismos de soluci\u00f3n de controversias estar\u00e1n disponibles.<\/p>\n
Estados Unidos es un ejemplo ilustrativo. Su Constituci\u00f3n no proh\u00edbe la expropiaci\u00f3n. Al contrario, la quinta enmienda establece la denominada \u201cTakings Clause\u201d, que determina que la propiedad privada no puede ser tomada para uso p\u00fablico sin una justa compensaci\u00f3n. En otras palabras, la Constituci\u00f3n estadounidense no elimina la potestad expropiatoria del Estado; la somete a l\u00edmites jur\u00eddicos y a la obligaci\u00f3n ineludible de compensar al propietario.<\/p>\n
Los tratados bilaterales de inversi\u00f3n suscritos por Estados Unidos con otros Estados, siguen ese entendimiento, consecuentemente no proh\u00edben de manera absoluta la expropiaci\u00f3n o nacionalizaci\u00f3n. La f\u00f3rmula consiste en permitirlas excepcionalmente cuando concurren determinadas condiciones.<\/p>\n
El Tratado Bilateral de Inversiones suscrito entre Bolivia y Estados Unidos –posteriormente denunciado– tuvo ese enfoque. Establec\u00eda que una inversi\u00f3n pod\u00eda ser expropiada o nacionalizada solamente por causa de utilidad p\u00fablica, de manera no discriminatoria, conforme al debido proceso y mediante una compensaci\u00f3n pronta, adecuada y efectiva.<\/p>\n
Como era l\u00f3gico, sus disposiciones eran concordantes con las cl\u00e1usulas modelo y propuestas de pol\u00edtica para la negociaci\u00f3n de tratados internacionales de inversi\u00f3n, sugeridas por UNCTAD.<\/p>\n
El art\u00edculo 57 de la CPE, en este sentido, es apropiado y concordante con el derecho internacional al establecer que la expropiaci\u00f3n debe imponerse por causa de necesidad o utilidad p\u00fablica, calificada conforme a ley y previa indemnizaci\u00f3n justa.<\/p>\n
Lamentablemente, el proyecto de Ley de Inversiones presentado, no parte de esta disposici\u00f3n constitucional y consecuentemente desarrolla de manera integral las garant\u00edas. No establece, un procedimiento espec\u00edfico para una eventual expropiaci\u00f3n o nacionalizaci\u00f3n, ni desarrolla de manera suficiente los criterios para determinar la compensaci\u00f3n.<\/p>\n
La posibilidad de nacionalizaci\u00f3n es solo un aspecto del derecho internacional de las inversiones. Muchos otros temas deber\u00edan ser considerados, como la repatriaci\u00f3n de capitales y los aspectos relacionados con la doble tributaci\u00f3n, entre otros.<\/p>\n
En s\u00edntesis, no cabe duda que Bolivia necesita urgentemente un nuevo r\u00e9gimen de inversiones. Sin embargo, la soluci\u00f3n no pasa s\u00f3lo por una nueva Ley de inversiones, requiere de un abordaje integral que articule los tres niveles normativos: reforma parcial de la Constituci\u00f3n, una nueva legislaci\u00f3n interna y la negociaci\u00f3n de tratados internacionales sobre promoci\u00f3n y protecci\u00f3n rec\u00edproca de inversiones y doble tributaci\u00f3n, ya que los 23 que tuvo Bolivia han sido denunciados (anulados).<\/p>\n
Sin lugar a duda, necesitamos urgentemente inversi\u00f3n extranjera y, consecuentemente, debemos adecuar nuestras normas a los est\u00e1ndares internacionales. Pero ello no significa renunciar a la soberan\u00eda, ni despojar al Estado de sus potestades constitucionales; m\u00e1xime cuando el derecho internacional las reconoce y permite.<\/p>\n
Bolivia debe ofrecer reglas claras, previsibles y compatibles con el derecho internacional, sin ponerse de rodillas ante los tenedores de capital. La inversi\u00f3n se atrae con certezas, no con concesiones o ventajas ilimitadas.<\/p>\n
<\/p>\n
El autor es economista, diplom\u00e1tico y docente universitario.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Gobierno ha enviado a la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley de Inversiones. El tema ya est\u00e1 por dem\u00e1s demorado. Bolivia necesita con urgencia un nuevo marco jur\u00eddico para las inversiones y tambi\u00e9n para los sectores estrat\u00e9gicos de hidrocarburos y miner\u00eda. En lo esencial, parlamentarios y analistas coinciden en que Bolivia necesita una nueva […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":169916,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-424425","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-opinion"],"acf":{"antetitulo":""},"yoast_head":"\n