Los reiterados hechos con caracter\u00edsticas de \u2018asesinatos por encargo\u2019 ha instalado el sicariato en la agenda de la seguridad ciudadana en Bolivia. Mientras esta modalidad criminal se vuelve m\u00e1s visible en la vida cotidiana, a partir de los hechos como el caso de Nadia Beller en la ciudad de Santa Cruz, nuestro C\u00f3digo Penal, empero, contin\u00faa respondiendo a la persecuci\u00f3n de dicho crimen, con una figura que no describe ni reconoce aut\u00f3nomamente su estructura punitiva.
\nEn efecto, el art\u00edculo 252 del C\u00f3digo Penal, bajo el nomen juris de asesinato, sanciona con treinta a\u00f1os de presidio sin derecho a indulto, a quien matare \u201cen virtud de precio, dones o promesas\u201d. Es la aproximaci\u00f3n normativa m\u00e1s cercana al sicariato. Adem\u00e1s, los art\u00edculos 20, 22 y 23 permiten atribuir responsabilidad mediante las reglas generales de autor\u00eda, instigaci\u00f3n y complicidad. Por eso, no corresponde hablar de impunidad absoluta, sino de un d\u00e9ficit de tipificaci\u00f3n aut\u00f3noma: la ley castiga la muerte remunerada, pero no individualiza el encargo, la intermediaci\u00f3n, el financiamiento y la distribuci\u00f3n de funciones del \u2018asesinato por encargo\u2019 o sicariato.
\nY esa diferencia importa. En Derecho Penal, la lex certa exige una descripci\u00f3n clara y taxativa de la conducta prohibida. La SCP No. 0770\/2012 del Tribunal Constitucional Plurinacional reconoce la taxatividad como componente del principio de legalidad. Abarcar una modalidad criminal compleja mediante interpretaciones extensivas del art\u00edculo 252 podr\u00eda afectar la seguridad jur\u00eddica, propiciando la impunidad de esta modalidad de crimen que se ha vuelto moneda corriente en los \u00faltimos meses en nuestro pa\u00eds.
\nLa vida, protegida por el art\u00edculo 15.I de la Constituci\u00f3n, exige una tutela penal eficaz y t\u00e9cnicamente correcta. El sicariato no comienza con el disparo: comienza con la decisi\u00f3n de encargar una muerte y puede involucrar a quien ordena, financia, intermedia, facilita y ejecuta. Concentrarse solamente en el autor material, significa mirar solo el \u00faltimo eslab\u00f3n de la cadena, propiciando un espacio de impunidad que exige respuestas legislativas y penales concretas, que castigue y persiga efectivamente a todos los part\u00edcipes y responsables del hecho punible.
\nEl Derecho comparado ofrece referencias \u00fatiles. Per\u00fa, por ejemplo, regula el sicariato en los art\u00edculos 108-C y 108-D de su C\u00f3digo Penal, incorporando la orden, el encargo, el acuerdo y conductas conexas. En el caso de Ecuador, en el art\u00edculo 143 del COIP, sanciona a quien ejecuta la muerte por precio, pago, recompensa o beneficio y a quien la encarga u ordena. Bolivia no debe copiar estos modelos, pero s\u00ed aprender de ellos.
\nUn tipo penal aut\u00f3nomo debe reconocer y exigir dolo, encargo, orden o acuerdo, un beneficio concreto e individualizar la responsabilidad del ejecutor, mandante e intermediario. Tambi\u00e9n debe definir su relaci\u00f3n con el asesinato y la organizaci\u00f3n criminal, evitando duplicidades y doble sanci\u00f3n. Tipificar el sicariato, por ello, no es populismo punitivo ni significa creer que una nueva ley resolver\u00e1 por s\u00ed sola el crimen organizado. Significa que la ley describa con precisi\u00f3n la criminalidad que pretende perseguir. Si el asesinato por encargo tiene una estructura propia, Bolivia necesita un tipo penal que tambi\u00e9n la tenga.<\/p>\n
El autor es Abogado (Penal).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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