El arbitraje internacional se perfila como el punto m\u00e1s delicado del proyecto de Ley de Inversiones presentado por el Gobierno, debido a que la propuesta habilita este mecanismo para resolver determinadas controversias mientras la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado establece su prohibici\u00f3n.<\/p>\n
El rechazo del arbitraje es uno de los legados de la Constituci\u00f3n aprobada por el MAS en 2009 m\u00e1s perjudiciales para la inversi\u00f3n extranjera ya que proh\u00edbe el arbitraje internacional, con lo cual los inversionistas tienen menos motivaci\u00f3n para traer sus recursos al pa\u00eds.<\/p>\n
El art\u00edculo 320, numeral II, de la Constituci\u00f3n se\u00f1ala: \u201cToda inversi\u00f3n extranjera estar\u00e1 sometida a la jurisdicci\u00f3n, a las leyes y a las autoridades bolivianas, y nadie podr\u00e1 invocar situaci\u00f3n de excepci\u00f3n, ni apelar a reclamaciones diplom\u00e1ticas para obtener un tratamiento m\u00e1s favorable\u201d.<\/p>\n
Por otra parte, el 366, se\u00f1ala: \u201cTodas las empresas extranjeras que realicen actividades en la cadena productiva hidrocarbur\u00edfera en nombre y representaci\u00f3n del Estado estar\u00e1n sometidas a la soberan\u00eda del Estado, a la dependencia de las leyes y de las autoridades del Estado. No se reconocer\u00e1 en ning\u00fan caso tribunal ni jurisdicci\u00f3n extranjera y no podr\u00e1n invocar situaci\u00f3n excepcional alguna de arbitraje internacional, ni recurrir a reclamaciones diplom\u00e1ticas\u201d.<\/p>\n
Ante ello, el anteproyecto de ley de inversiones establece que el Estado boliviano podr\u00e1 someterse a un arbitraje internacional \u201ccuando exista un consentimiento previo, espec\u00edfico y v\u00e1lido expresado mediante un tratado internacional vigente, una norma de Derecho Comunitario, una ley expresa o determinados contratos de inversi\u00f3n, de inter\u00e9s p\u00fablico y de alianza p\u00fablico-privada\u201d.<\/p>\n
La propuesta tambi\u00e9n delimita las materias que podr\u00edan ser llevadas a arbitraje. El mecanismo se aplicar\u00eda exclusivamente a controversias de car\u00e1cter patrimonial, econ\u00f3mico, indemnizatorio y a incumplimientos contractuales sobre derechos de libre disponibilidad. Quedar\u00edan fuera asuntos como la propiedad de los recursos naturales, el ejercicio de potestades p\u00fablicas y regulatorias, los impuestos y las sanciones penales.<\/p>\n
La bancada de la Alianza Libre consider\u00f3 ayer que la habilitaci\u00f3n del arbitraje internacional requiere primero una modificaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado.<\/p>\n
El senador, Jos\u00e9 Manuel Ormachea, sostuvo que su bancada est\u00e1 de acuerdo con establecer mecanismos de arbitraje internacional para ofrecer mayor seguridad jur\u00eddica a los inversionistas, pero afirm\u00f3 que una ley ordinaria no puede modificar las disposiciones constitucionales.<\/p>\n
\u201cEsta ley va expl\u00edcitamente en contra de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado\u201d, afirm\u00f3.<\/p>\n
Para Libre, por tanto, el camino deber\u00eda comenzar con una reforma constitucional y continuar posteriormente con la aprobaci\u00f3n de las normas necesarias para establecer un nuevo marco de atracci\u00f3n de inversiones. Sin embargo, esa posibilidad requiere meses o quiz\u00e1s a\u00f1os de deliberaci\u00f3n.<\/p>\n
El proyecto tambi\u00e9n crea una Agencia Nacional de Inversiones, otro de los aspectos cuestionados por la bancada opositora. Ormachea advirti\u00f3 que esa instancia podr\u00eda ampliar la burocracia estatal y concentrar en funcionarios p\u00fablicos decisiones sobre qu\u00e9 inversiones ingresan al pa\u00eds y cu\u00e1les reciben incentivos tributarios o facilidades regulatorias.<\/p>\n
El senador plante\u00f3 que esos beneficios deber\u00edan estar definidos directamente por ley y no quedar sujetos a decisiones posteriores de una agencia estatal, debido a que las materias tributarias y fiscales corresponden a la Asamblea Legislativa. (Br\u00fajula Digital)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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