El debate sobre el sistema de jubilaci\u00f3n en Bolivia vuelve a ocupar el centro de la discusi\u00f3n p\u00fablica. Mientras algunos sectores laborales, como maestros, mineros y otros trabajadores, plantean \u00fanicamente tener representaci\u00f3n en el directorio de la Gestora P\u00fablica de la Seguridad Social de Largo Plazo, existe otra posici\u00f3n que sostiene que los verdaderos propietarios de los millonarios recursos acumulados son los propios aportantes y jubilados, deber\u00edan tener el control directo sobre la administraci\u00f3n de esos fondos.<\/p>\n
Los recursos destinados a la jubilaci\u00f3n no pertenecen al Estado, al gobierno de turno ni a una entidad p\u00fablica determinada; son aportes realizados durante a\u00f1os por millones de trabajadores que esperan recibir una renta digna despu\u00e9s de una vida laboral. Bajo esta visi\u00f3n, la Asamblea Legislativa Plurinacional deber\u00eda debatir una nueva normativa que permita devolver la administraci\u00f3n de estos fondos a sus leg\u00edtimos propietarios, sin intermediarios ni participaci\u00f3n pol\u00edtica.<\/p>\n
Los jubilados y trabajadores aportantes cuentan adem\u00e1s con profesionales especializados en econom\u00eda, finanzas, derecho, inform\u00e1tica y administraci\u00f3n, quienes podr\u00edan asumir la responsabilidad de manejar un sistema previsional eficiente, transparente y orientado exclusivamente al beneficio de sus afiliados.<\/p>\n
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\u00bfPor qu\u00e9 cuestionan la administraci\u00f3n de la Gestora P\u00fablica?<\/strong><\/p>\n Uno de los principales argumentos de quienes rechazan el actual modelo es que los recursos acumulados son propiedad privada de los trabajadores y no fondos p\u00fablicos. Se\u00f1alan que el Estado no aporta dinero propio al sistema, pero tiene la facultad de administrar e invertir recursos que pertenecen exclusivamente a quienes realizaron sus cotizaciones durante d\u00e9cadas.<\/p>\n Los cr\u00edticos de la Ley 065 de Pensiones sostienen que el actual sistema permite que los fondos previsionales sean utilizados en inversiones que benefician a otros sectores econ\u00f3micos, mientras los trabajadores reciben bajas rentabilidades y pensiones consideradas insuficientes.<\/p>\n Seg\u00fan esta posici\u00f3n, los aportantes enfrentan descuentos mensuales obligatorios, pero en el momento de jubilarse reciben pensiones que no corresponden al esfuerzo econ\u00f3mico realizado durante toda su vida laboral.<\/p>\n <\/p>\n Rentabilidad, comisiones y p\u00e9rdida del poder adquisitivo<\/strong><\/p>\n Otro de los cuestionamientos est\u00e1 relacionado con la administraci\u00f3n financiera de los fondos. Los cr\u00edticos afirman que los rendimientos obtenidos por los aportes previsionales son bajos frente a otras opciones existentes en el mercado financiero, como los dep\u00f3sitos a plazo fijo (DPF), donde \u2014seg\u00fan se\u00f1alan\u2014 existen mejores tasas de inter\u00e9s.<\/p>\n Tambi\u00e9n cuestionan el cobro de comisiones por administraci\u00f3n y consideran que los trabajadores terminan pagando costos elevados por un servicio que no garantiza una jubilaci\u00f3n acorde con sus aportes.<\/p>\n A ello se suma la preocupaci\u00f3n por la p\u00e9rdida del poder adquisitivo de los recursos acumulados debido a la inflaci\u00f3n y la falta de mecanismos de mantenimiento de valor, especialmente en un contexto econ\u00f3mico donde la moneda nacional ha sufrido presiones importantes.<\/p>\n <\/p>\n El debate sobre la solidaridad del sistema<\/strong><\/p>\n Uno de los puntos m\u00e1s pol\u00e9micos es el denominado aporte solidario. Los sectores cr\u00edticos consideran que los trabajadores son obligados a financiar mecanismos de solidaridad con sus propios recursos, mientras el Estado no asumir\u00eda una responsabilidad equivalente.<\/p>\n Argumentan que la solidaridad debe ser asumida principalmente con recursos p\u00fablicos y no \u00fanicamente con aportes privados de los trabajadores, porque \u2014seg\u00fan esta visi\u00f3n\u2014 se estar\u00eda perjudicando a quienes contribuyeron durante toda su vida laboral.<\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n La jubilaci\u00f3n y la herencia de los aportes<\/strong><\/p>\n Otro aspecto cuestionado es que los recursos acumulados no puedan ser heredados plenamente por los familiares del trabajador fallecido una vez iniciado el periodo de jubilaci\u00f3n.<\/p>\n Para los sectores cr\u00edticos, los aportes realizados durante d\u00e9cadas representan un patrimonio familiar que deber\u00eda beneficiar tambi\u00e9n a los herederos, ya que fueron obtenidos mediante el esfuerzo y trabajo de cada persona.<\/p>\n Asimismo, cuestionan que muchos trabajadores aporten durante a\u00f1os a beneficios complementarios, como vivienda, sin recibir una respuesta efectiva a sus necesidades.<\/p>\n <\/p>\n La Gestora P\u00fablica y el papel del Estado<\/strong><\/p>\n La creaci\u00f3n de la Gestora P\u00fablica tiene su origen en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado aprobada en 2009 y posteriormente en la Ley 065 de Pensiones del 10 de diciembre de 2010, que estableci\u00f3 un nuevo modelo de administraci\u00f3n del sistema integral de pensiones.<\/p>\n Desde esta perspectiva cr\u00edtica, la transferencia de la administraci\u00f3n de los fondos previsionales desde las antiguas administradoras privadas hacia una entidad estatal signific\u00f3 trasladar millonarios recursos privados a una instituci\u00f3n dependiente del aparato gubernamental.<\/p>\n Los cuestionamientos apuntan a que los recursos de jubilaci\u00f3n podr\u00edan quedar expuestos a decisiones pol\u00edticas, considerando antecedentes de problemas de administraci\u00f3n estatal, corrupci\u00f3n y manejo deficiente de recursos p\u00fablicos en diferentes instituciones.<\/p>\n Los sectores opositores a este modelo sostienen que los fondos previsionales no pertenecen al Estado ni a ning\u00fan partido pol\u00edtico, sino exclusivamente a los trabajadores que realizaron sus aportes.<\/p>\n <\/p>\n \u00bfCu\u00e1nto recibe realmente un trabajador despu\u00e9s de aportar toda su vida?<\/strong><\/p>\n Uno de los mayores reclamos es la diferencia entre el monto aportado durante una vida laboral y la pensi\u00f3n finalmente recibida.<\/p>\n Seg\u00fan los cr\u00edticos del sistema, muchos trabajadores aportan durante 30 o 35 a\u00f1os, pero al momento de jubilarse reciben una renta muy inferior a su salario promedio, oblig\u00e1ndolos a enfrentar una etapa de vida con limitaciones econ\u00f3micas. En otros casos, cuando un aportante docente de una entidad policial con grado de sub oficial que a sus 10 a\u00f1os o m\u00e1s, la instancia que califica no toma en cuenta el grado y el nivel salarial, asign\u00e1ndolo una renta como si fuera una polic\u00eda de bajo rango. Esto ocurre en much\u00edsimos otros casos.<\/p>\n Por ello plantean una modificaci\u00f3n profunda del c\u00e1lculo de las pensiones, incluyendo una revisi\u00f3n del criterio de esperanza de vida utilizado actualmente y una nueva f\u00f3rmula que permita mejorar los ingresos de los jubilados.<\/p>\n Algunos sectores proponen que una persona que aport\u00f3 durante d\u00e9cadas pueda recibir una pensi\u00f3n cercana al 90% de su salario cotizable, argumentando que el sistema debe garantizar una jubilaci\u00f3n digna y no una renta de subsistencia.<\/p>\n <\/p>\n El desaf\u00edo: una administraci\u00f3n transparente y de los propios trabajadores<\/strong><\/p>\n El debate sobre la jubilaci\u00f3n en Bolivia no solamente es financiero, sino tambi\u00e9n pol\u00edtico y social. La pregunta central es qui\u00e9n debe administrar los recursos acumulados durante d\u00e9cadas: una entidad estatal dependiente del gobierno o los propios trabajadores y jubilados propietarios de esos fondos.<\/p>\n Quienes defienden el retorno de la administraci\u00f3n a los aportantes sostienen que se requiere una reforma profunda que garantice transparencia, rentabilidad, control social y beneficios reales para quienes construyeron el sistema con sus propios aportes.<\/p>\n La discusi\u00f3n continuar\u00e1 mientras miles de trabajadores y jubilados exigen que los recursos destinados a su futuro sean administrados con responsabilidad y exclusivamente en beneficio de quienes los generaron.<\/p>\n Los recursos previsionales, hoy en manos pol\u00edticas de la Gestora, le pertenecen a cada aportante, son un patrimonio aut\u00f3nomo, por lo que ni el Gobierno ni cualquier otra entidad puede usarlos discrecionalmente, seg\u00fan el Art. 6 de la nueva Ley 065 de Pensiones, por tanto, los aportes de jubilaci\u00f3n no son un regalo del Estado; son fruto del trabajo de millones de bolivianos y deben estar al servicio de sus verdaderos propietarios y ser administrado por sus due\u00f1os.<\/p>\n <\/p>\n El autor es comunicador social.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El debate sobre el sistema de jubilaci\u00f3n en Bolivia vuelve a ocupar el centro de la discusi\u00f3n p\u00fablica. 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