{"id":419826,"date":"2026-08-09T07:41:45","date_gmt":"2026-08-09T11:41:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.eldiario.net\/portal\/?p=419826"},"modified":"2026-08-09T07:41:45","modified_gmt":"2026-08-09T11:41:45","slug":"gobierno-avanza-con-el-50-50-y-redefine-recursos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.eldiario.net\/portal\/2026\/08\/09\/gobierno-avanza-con-el-50-50-y-redefine-recursos\/","title":{"rendered":"Gobierno avanza con el  50\/50 y redefine recursos"},"content":{"rendered":"<p>El gobierno de Rodrigo Paz Pereira dio un nuevo paso en la aplicaci\u00f3n de su propuesta del 50\/50, orientada a modificar la distribuci\u00f3n de recursos entre el nivel central y las gobernaciones. El planteamiento contempla una mayor asignaci\u00f3n de recursos para los departamentos y tambi\u00e9n la transferencia de nuevas responsabilidades, en un escenario marcado por la ca\u00edda de los ingresos provenientes de la venta de gas y el menor dinamismo de la econom\u00eda nacional.<br \/>\nLa distribuci\u00f3n de recursos entre el Gobierno y las gobernaciones es un paso para profundizar las autonom\u00edas, frenadas por las maniobras pol\u00edticas del Movimiento al Socialismo (MAS), a trav\u00e9s de la retenci\u00f3n de recursos.<br \/>\nEl Acuerdo N.\u00ba 001\/2026 \u2013 Agenda 50\/50, firmado entre el gobierno del presidente Rodrigo Paz y los nueve gobernadores de Bolivia, constituye el primer acuerdo nacional orientado a reformar de manera integral el modelo auton\u00f3mico y fiscal vigente desde la aprobaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n de 2009, de acuerdo con el analista econ\u00f3mico Fernando Romero.<br \/>\n\u201cEl documento reconoce que el proceso auton\u00f3mico permanece inconcluso y que las gobernaciones contin\u00faan enfrentando limitaciones en materia de generaci\u00f3n de ingresos, autonom\u00eda presupuestaria y ejercicio efectivo de sus competencias. En respuesta, se acuerda iniciar un proceso de \u201cco-construcci\u00f3n\u201d para revisar la autonom\u00eda tributaria, la distribuci\u00f3n de recursos fiscales, las competencias intergubernamentales, el financiamiento de las autonom\u00edas y la futura coparticipaci\u00f3n tributaria, bajo principios de corresponsabilidad fiscal, calidad del gasto y sostenibilidad financiera, detalla.<br \/>\nDe acuerdo con el documento de informaci\u00f3n base para analizar el ajuste del gasto p\u00fablico de la Fundaci\u00f3n Jubileo, el presupuesto inicial para las gobernaciones alcanzaba a 9.475 millones de bolivianos, el 2025 la cifra alcanz\u00f3 a m\u00e1s de 9.600 millones.<br \/>\nEntre los ingresos y gastos de las gobernaciones est\u00e1n: regal\u00edas, recursos del Fondo Compensatorio departamental, coparticipaci\u00f3n del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), impuesto a la participaci\u00f3n en juegos, impuestos departamentales, recursos propios (venta de bienes y servicios, tasa, patentes y otros), transferencias del sector p\u00fablico, donaciones, pr\u00e9stamos externos e internos, transferencias del Gobierno Central para servicios personales de Salud y Gesti\u00f3n Social y saldos en bancos de gestiones anteriores, se\u00f1ala el texto de la Fundaci\u00f3n Jubileo: \u00bfEn qu\u00e9 gastar\u00e1n el dinero los gobiernos departamentales el 2025?<br \/>\nRuta<br \/>\nEl acuerdo no establece todav\u00eda una coparticipaci\u00f3n tributaria 50\/50 inmediata, sino una hoja de ruta para construir reformas legales, institucionales y fiscales que permitan avanzar progresivamente hacia ese objetivo.<br \/>\nEntre los puntos m\u00e1s relevantes destacan la revisi\u00f3n de la Ley 154 de Clasificaci\u00f3n de Impuestos, la elaboraci\u00f3n de una Ley Especial de Coparticipaci\u00f3n y Distribuci\u00f3n de Recursos Fiscales, la eliminaci\u00f3n gradual de condicionamientos de gasto impuestos por el nivel central, la ampliaci\u00f3n de potestades tributarias departamentales, la creaci\u00f3n de fondos de compensaci\u00f3n y medidas de alivio financiero para las gobernaciones. Asimismo, se prev\u00e9 que los consensos alcanzados se traduzcan en leyes, decretos, convenios y acuerdos fiscales con aplicaci\u00f3n progresiva desde la gesti\u00f3n fiscal 2027, sostiene Romero.<br \/>\nAsimismo, en julio pasado siete gobernadores definieron cinco puntos de trabajo para plantear al Gobierno nacional. Entre las principales se encontraban la revisi\u00f3n de normativa considerada contraria a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado, la redistribuci\u00f3n de la coparticipaci\u00f3n tributaria, la transferencia de instituciones y la creaci\u00f3n de mecanismos de coordinaci\u00f3n entre los gobiernos departamentales.<br \/>\nAspectos positivos<br \/>\nPara Romero, uno de los aspectos positivos del acuerdo suscrito, la semana pasada, fue reconocer la necesidad de las autonom\u00edas departamentales, que implica revisar competencias, financiamiento y potestades tributarias para fortalecer la capacidad de gesti\u00f3n de los gobiernos departamentales.<br \/>\n\u201cEso es relevante porque actualmente las gobernaciones administran una proporci\u00f3n muy reducida de los recursos fiscales nacionales, pese a tener crecientes responsabilidades en infraestructura, desarrollo productivo y planificaci\u00f3n territorial. Desde una perspectiva institucional, este reconocimiento constituye un avance importante hacia un modelo m\u00e1s equilibrado de descentralizaci\u00f3n fiscal\u201d, subray\u00f3.<br \/>\nOtro punto que resalta, abre el debate sobre la coparticipaci\u00f3n tributaria departamental, y uno de los mayores aportes del acuerdo es la creaci\u00f3n de una mesa t\u00e9cnica para elaborar una Ley Especial de Coparticipaci\u00f3n y Distribuci\u00f3n de Recursos Fiscales. \u201cActualmente, las gobernaciones no participan directamente de la coparticipaci\u00f3n tributaria nacional, mientras municipios y universidades s\u00ed reciben recursos de este sistema. La incorporaci\u00f3n formal de este debate permite comenzar a corregir una de las principales debilidades del modelo auton\u00f3mico boliviano y genera la posibilidad de construir una distribuci\u00f3n m\u00e1s equilibrada y acorde con las competencias territoriales\u201d, apunt\u00f3.<br \/>\nDestaca la incorporaci\u00f3n de medidas de alivio financiero para las gobernaciones. El acuerdo reconoce expl\u00edcitamente la situaci\u00f3n financiera cr\u00edtica que atraviesan varias gobernaciones y plantea evaluar mecanismos de reprogramaci\u00f3n, diferimiento de obligaciones y saneamiento fiscal.<br \/>\n\u201cEso es particularmente importante para departamentos como Tarija, que enfrentan una fuerte ca\u00edda de ingresos hidrocarbur\u00edferos y elevados niveles de endeudamiento. Si estas medidas se implementan adecuadamente, podr\u00edan mejorar la liquidez de corto plazo y evitar que la crisis financiera afecte la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos esenciales\u201d, sostuvo.<br \/>\nNegativos<br \/>\nPero tambi\u00e9n est\u00e1n los aspectos negativos, ya que no crea recursos inmediatos para las gobernaciones. Aunque el acuerdo propone reformas profundas, no incorpora medidas concretas de transferencia de recursos en el corto plazo.<br \/>\nLas gobernaciones contin\u00faan enfrentando problemas de liquidez, deuda y d\u00e9ficit mientras se desarrollan estudios, diagn\u00f3sticos y mesas t\u00e9cnicas. En consecuencia, los beneficios financieros reales podr\u00edan tardar varios a\u00f1os en materializarse. Desde una perspectiva presupuestaria, esto limita significativamente el impacto inmediato del acuerdo, advierte.<br \/>\nOtro est\u00e1 referido a la carencia de metas cuantificables. El documento no establece porcentajes, montos ni cronogramas espec\u00edficos para alcanzar el denominado 50\/50. Tampoco define indicadores concretos para medir avances en autonom\u00eda fiscal o coparticipaci\u00f3n tributaria. Esta ausencia de metas cuantificables puede generar interpretaciones distintas entre el Gobierno Nacional y las gobernaciones, reduciendo la certeza sobre los resultados finales del proceso, observ\u00f3.<br \/>\n\u201cEl \u00e9xito del acuerdo depender\u00e1 de futuras reformas legales. La mayor parte de los compromisos requiere modificaciones legales complejas, incluyendo cambios a la Ley 154, la Ley Marco de Autonom\u00edas y posiblemente otras normas tributarias y fiscales. Esto implica negociaciones pol\u00edticas prolongadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional\u201d, afirm\u00f3.<br \/>\nTributaria<br \/>\nActualmente, el sistema de coparticipaci\u00f3n tributaria boliviano presenta una asimetr\u00eda importante. Aproximadamente el 75% de los recursos tributarios permanece bajo administraci\u00f3n del Gobierno Central, mientras municipios y universidades participan de la distribuci\u00f3n, pero las gobernaciones reciben pr\u00e1cticamente 0% de coparticipaci\u00f3n tributaria directa.<br \/>\nEsa situaci\u00f3n resulta dif\u00edcil de justificar desde la l\u00f3gica auton\u00f3mica porque los gobiernos departamentales tienen competencias constitucionales, responsabilidades de inversi\u00f3n y obligaciones de planificaci\u00f3n territorial que requieren fuentes de financiamiento estables. Por ello, la nueva Ley Especial de Coparticipaci\u00f3n deber\u00eda incorporar expl\u00edcitamente a las gobernaciones como beneficiarias permanentes del sistema.<br \/>\nRomero plantea que la distribuci\u00f3n no deber\u00eda basarse \u00fanicamente en criterios poblacionales. Tambi\u00e9n deber\u00eda considerar variables como pobreza, extensi\u00f3n territorial, aporte al Producto Interno Bruto (PIB), generaci\u00f3n de empleo, esfuerzo fiscal, productividad regional y necesidades de infraestructura.<br \/>\nLa creaci\u00f3n de un Fondo de Equilibrio Territorial podr\u00eda evitar las desigualdades excesivas, ya que una parte de los recursos deber\u00eda destinarse a un fondo compensatorio que apoye a departamentos con menores ingresos propios, menor actividad econ\u00f3mica o mayores necesidades de inversi\u00f3n social y productiva.<br \/>\nTemas principales<br \/>\ndel 50\/50<br \/>\nEl consenso logrado sobre la redistribuci\u00f3n de recursos y responsabilidades denominada como 50\/50 entre el nivel central de gobierno y las gobernaciones, es que estas no solventar\u00e1n m\u00e1s el pago de un bono de vacunaci\u00f3n destinado a los trabajadores del sector de salud p\u00fablica, ni el pago de los prediarios o asignaci\u00f3n econ\u00f3mica diaria de 8 bolivianos por persona, destinada a cubrir la alimentaci\u00f3n b\u00e1sica de las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios.<br \/>\nAsimismo, ese proyecto de ley (PL) incluir\u00e1 que el costo del t\u00edtulo de bachiller, de car\u00e1cter gratuito para los estudiantes, lo asuma el Ministerio de Educaci\u00f3n y no las gobernaciones.<br \/>\nLas gobernaciones y municipios que hacen esfuerzos por buscar recursos financieros para sus proyectos de desarrollo regional y local, que buscan pagar sus deudas y tratan de estabilizar sus cuentas financieras, tienen que ser \u201cpremiadas\u201d, se\u00f1al\u00f3 el ministro de Econom\u00eda y Finanzas P\u00fablicas, Jos\u00e9 Gabriel Espinoza.<br \/>\nEn su momento, el presidente Rodrigo Paz indic\u00f3 que la redistribuci\u00f3n de recursos ser\u00e1 fiscalizada para que los subgobiernos no destinen a gasto corriente, sino a salud educaci\u00f3n y obras.<\/p>\n<p><strong>Recomendaciones de eficiencia<\/strong><\/p>\n<p>1. Establecer metas fiscales verificables<br \/>\nLa Agenda 50\/50 deber\u00eda incorporar indicadores obligatorios y metas medibles para cada fase de implementaci\u00f3n. Por ejemplo, definir qu\u00e9 porcentaje de recursos deber\u00e1 administrarse por las gobernaciones en 2027, 2028, 2029 y 2030. Esto permitir\u00eda evaluar avances reales y evitar que el proceso quede sujeto \u00fanicamente a interpretaciones pol\u00edticas.<br \/>\n2. Crear un Fondo Nacional de Transici\u00f3n Auton\u00f3mica<br \/>\nMientras se implementan las reformas estructurales, deber\u00eda crearse un fondo temporal destinado a apoyar a las gobernaciones con mayores problemas financieros. Este fondo podr\u00eda financiarse mediante reasignaciones presupuestarias, recursos extraordinarios o ahorros derivados de la racionalizaci\u00f3n del gasto p\u00fablico nacional.<br \/>\n3. Vincular recursos a desempe\u00f1o institucional<br \/>\nUna parte de los nuevos recursos deber\u00eda distribuirse considerando indicadores de eficiencia administrativa, calidad de inversi\u00f3n p\u00fablica, ejecuci\u00f3n presupuestaria y generaci\u00f3n de ingresos propios. Esto fortalecer\u00eda la corresponsabilidad fiscal y mejorar\u00eda la calidad del gasto p\u00fablico.<br \/>\n4. Incorporar conciliaci\u00f3n de cuentas hist\u00f3ricas<br \/>\nLa Agenda deber\u00eda incluir una auditor\u00eda y conciliaci\u00f3n nacional de cuentas entre el nivel central y las gobernaciones. Esto permitir\u00eda identificar recursos retenidos, competencias financiadas por gobiernos departamentales y obligaciones hist\u00f3ricas que podr\u00edan compensarse financieramente.<br \/>\n5. Garantizar estabilidad normativa<br \/>\nLas reformas deben dise\u00f1arse con una visi\u00f3n de largo plazo para evitar modificaciones permanentes por cambios de gobierno. La seguridad jur\u00eddica ser\u00e1 esencial para consolidar una verdadera descentralizaci\u00f3n fiscal sostenible. (Fuente: Fernando Romero)<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-419827\" src=\"https:\/\/www.eldiario.net\/portal\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/cincuenta-2.webp\" alt=\"\" width=\"1943\" height=\"2209\" srcset=\"https:\/\/www.eldiario.net\/portal\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/cincuenta-2.webp 1943w, https:\/\/www.eldiario.net\/portal\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/cincuenta-2-264x300.webp 264w, https:\/\/www.eldiario.net\/portal\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/cincuenta-2-901x1024.webp 901w, https:\/\/www.eldiario.net\/portal\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/cincuenta-2-768x873.webp 768w, https:\/\/www.eldiario.net\/portal\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/cincuenta-2-1351x1536.webp 1351w, https:\/\/www.eldiario.net\/portal\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/cincuenta-2-1801x2048.webp 1801w, https:\/\/www.eldiario.net\/portal\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/cincuenta-2-369x420.webp 369w, https:\/\/www.eldiario.net\/portal\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/cincuenta-2-150x171.webp 150w, https:\/\/www.eldiario.net\/portal\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/cincuenta-2-300x341.webp 300w, https:\/\/www.eldiario.net\/portal\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/cincuenta-2-696x791.webp 696w, https:\/\/www.eldiario.net\/portal\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/cincuenta-2-1068x1214.webp 1068w, https:\/\/www.eldiario.net\/portal\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/cincuenta-2-1920x2183.webp 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 1943px) 100vw, 1943px\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El gobierno de Rodrigo Paz Pereira dio un nuevo paso en la aplicaci\u00f3n de su propuesta del 50\/50, orientada a modificar la distribuci\u00f3n de recursos entre el nivel central y las gobernaciones. 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