Mientras los indicadores meteorol\u00f3gicos advierten sobre un nuevo embate del fen\u00f3meno de El Ni\u00f1o en los Andes centrales, la regi\u00f3n metropolitana de La Paz enfrenta una creciente amenaza h\u00eddrica en medio de un prolongado conflicto institucional. La principal empresa proveedora de agua potable, Epsas S.A., permanece intervenida desde 2013, a pesar que la normativa establece que una medida de esa naturaleza debe ser temporal, dijo el consultor en Agua y Medio Ambiente, Jos\u00e9 Mar\u00eda Herbas, en entrevista con EL DIARIO.
\nLa Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado (CPE) reconoce el acceso al agua como un derecho humano fundamental e inalienable y asigna a los gobiernos municipales competencias exclusivas sobre la provisi\u00f3n de servicios b\u00e1sicos. Sin embargo, la administraci\u00f3n del sistema de agua potable de La Paz y El Alto contin\u00faa bajo control del nivel central, en un escenario marcado por irregularidades administrativas, denuncias de corrupci\u00f3n, falta de planificaci\u00f3n.
\n\u201cLa principal empresa proveedora de agua potable, Epsas, lleva m\u00e1s de una d\u00e9cada secuestrada bajo un r\u00e9gimen de intervenci\u00f3n estatal indefinido, plagado de irregularidades administrativas, denuncias de corrupci\u00f3n y una peligrosa omisi\u00f3n de responsabilidades en todos los niveles de gobierno\u201d, sostiene.
\nLa intervenci\u00f3n fue dispuesta en 2013 por la Autoridad de Fiscalizaci\u00f3n y Control Social de Agua Potable y Saneamiento B\u00e1sico (AAPS), con el argumento de regularizar el servicio despu\u00e9s de la salida de Aguas del Illimani. Lo que deb\u00eda ser una medida precautoria y transitoria termin\u00f3 convirti\u00e9ndose en una administraci\u00f3n estatal prolongada durante m\u00e1s de trece a\u00f1os.
\nLa Ley 2066 de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario establece que la intervenci\u00f3n a una entidad prestadora no puede exceder los seis meses. Pese a esa disposici\u00f3n, sucesivas resoluciones administrativas permitieron mantener la medida de manera ininterrumpida.
\nEl Ministerio de Medio Ambiente y Agua y la AAPS sostuvieron la intervenci\u00f3n mediante renovaciones peri\u00f3dicas, sin que hasta el momento se haya restituido una administraci\u00f3n regular ni constituido una empresa p\u00fablica metropolitana bajo responsabilidad de los municipios de La Paz y El Alto.
\n\u201cEsta \u2018intervenci\u00f3n eterna\u2019 constituye un manifiesto fraude a la ley y ha sumergido a la empresa en una nebulosa jur\u00eddica, donde no opera como una sociedad an\u00f3nima transparente ni como una entidad p\u00fablica aut\u00f3noma sometida al control de los gobiernos locales\u201d, afirma Herbas.
\nLa indefinici\u00f3n jur\u00eddica habr\u00eda permitido que Epsas se convierta en un espacio de influencia pol\u00edtica y sindical, con contrataciones cuestionadas, incremento de gastos corrientes y adquisiciones realizadas sin una adecuada previsi\u00f3n t\u00e9cnica. Mientras tanto, quedaron relegadas las inversiones estructurales necesarias para proteger las cuencas, renovar las redes y garantizar el abastecimiento a largo plazo.
\nLa falta de planificaci\u00f3n ya mostr\u00f3 sus consecuencias en noviembre de 2016, cuando el descenso de los niveles de los embalses provoc\u00f3 un severo racionamiento que dej\u00f3 sin agua a m\u00e1s de 94 barrios de la ciudad de La Paz. La emergencia afect\u00f3 durante varios d\u00edas a miles de familias y oblig\u00f3 a establecer sistemas improvisados de distribuci\u00f3n mediante cisternas y tanques.
\nAquella crisis deriv\u00f3 en procesos penales por presunto incumplimiento de deberes y atentado contra la salud p\u00fablica contra autoridades del entonces Ministerio de Agua, responsables de la AAPS e interventores de Epsas. El antecedente estableci\u00f3 que la falta de previsi\u00f3n y la negligencia en la gesti\u00f3n del agua pueden generar responsabilidades administrativas y penales.
\nDespu\u00e9s de la crisis fue construida la represa Alto Hampaturi como una medida destinada a ampliar la capacidad de almacenamiento. No obstante, contar con mayores reservas de agua no garantiza la continuidad del suministro si las tuber\u00edas matrices y las redes de distribuci\u00f3n presentan fallas, filtraciones o riesgos de colapso.
\nEl punto de mayor vulnerabilidad se encuentra en el tramo comprendido entre Valle de las Flores y Callapa, por donde pasa una tuber\u00eda principal que abastece a gran parte de la Zona Sur de La Paz y a sectores vinculados con los municipios de Achocalla, Palca y Mecapaca.
\nLa conducci\u00f3n atraviesa terrenos geot\u00e9cnicamente inestables y zonas afectadas anteriormente por movimientos de tierra. Un deslizamiento provocado o intensificado por lluvias extremas podr\u00eda da\u00f1ar la tuber\u00eda e interrumpir el abastecimiento a cientos de miles de habitantes, aunque los embalses se encuentren llenos.
\n\u201cUn eventual deslizamiento provocado por las lluvias extremas de El Ni\u00f1o dejar\u00eda sin suministro a cientos de miles de ciudadanos, sin importar cu\u00e1nta agua haya guardada en las represas\u201d, advierte.
\nEn ese mismo sector se produjo la adquisici\u00f3n por excepci\u00f3n de tuber\u00edas de acero importadas desde China por m\u00e1s de 14,3 millones de bolivianos. El material qued\u00f3 abandonado a la intemperie despu\u00e9s de que se detectara que no cumpl\u00eda con las especificaciones t\u00e9cnicas ni contaba con el revestimiento interno requerido para transportar agua potable.
\nLa inversi\u00f3n permanece sin cumplir su finalidad, mientras la zona Sur contin\u00faa dependiendo de una conducci\u00f3n antigua y provisional, instalada en terrenos de alto riesgo y pr\u00f3xima al l\u00edmite de su vida \u00fatil. El caso plantea cuestionamientos sobre la planificaci\u00f3n de la compra, la elaboraci\u00f3n de las especificaciones t\u00e9cnicas, la recepci\u00f3n del material y la responsabilidad de quienes autorizaron la adquisici\u00f3n.
\nFrente a esta situaci\u00f3n, los gobiernos municipales de La Paz y El Alto mantuvieron una actitud pasiva, bajo el argumento de que Epsas se encuentra bajo responsabilidad del nivel central. Esa posici\u00f3n, pero contradice las competencias establecidas en el art\u00edculo 302 de la Constituci\u00f3n y en el art\u00edculo 83 de la Ley Marco de Autonom\u00edas y Descentralizaci\u00f3n.
\nLas competencias municipales sobre servicios b\u00e1sicos no desaparecen ni pueden ser abandonadas por la existencia de una intervenci\u00f3n administrativa. Los municipios conservan la obligaci\u00f3n de fiscalizar la prestaci\u00f3n, proteger la infraestructura y exigir una administraci\u00f3n que garantice el derecho de la poblaci\u00f3n al agua.
\nLa infraestructura utilizada por Epsas, que incluye plantas de tratamiento, embalses, tuber\u00edas y redes de distribuci\u00f3n, forma parte del patrimonio de la Sociedad Aut\u00f3noma Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. Samapa pertenece a los municipios de La Paz y El Alto y entreg\u00f3 estos bienes bajo un contrato de arrendamiento suscrito en 2007.
\nAl no fiscalizar el estado de ese patrimonio, permitir su deterioro y omitir la conformaci\u00f3n de una empresa p\u00fablica metropolitana de agua, los alcaldes y concejos municipales podr\u00edan asumir responsabilidades administrativas y penales si se produce una interrupci\u00f3n grave del servicio.
\n\u201cAl omitir su rol fiscalizador, tolerar el deterioro del patrimonio municipal y no exigir la constituci\u00f3n de una Empresa P\u00fablica Metropolitana de Agua, como manda la Ley de Autonom\u00edas, los alcaldes y concejos municipales incurren en una clara omisi\u00f3n de deberes, haci\u00e9ndose corresponsables administrativa y penalmente ante cualquier eventual colapso del servicio\u201d, dijo Herbas.
\nLa estructura institucional tambi\u00e9n presenta un conflicto debido al doble papel desempe\u00f1ado por la AAPS. La entidad debe fiscalizar la calidad, continuidad y eficiencia del servicio, pero simult\u00e1neamente designa, remueve y eval\u00faa a los interventores responsables de administrar Epsas.
\nEsta condici\u00f3n convierte al regulador en fiscalizador de una gesti\u00f3n que depende de sus propias decisiones, debilita su imparcialidad y reduce las posibilidades de establecer responsabilidades por fallas en la administraci\u00f3n.
\nLas organizaciones de control social y las juntas vecinales, por su parte, quedaron limitadas a participar en rendiciones p\u00fablicas de cuentas de car\u00e1cter informativo, sin una influencia efectiva en las decisiones estrat\u00e9gicas, las contrataciones o los proyectos de inversi\u00f3n de la empresa.
\nAnte el riesgo de una crisis, la ciudadan\u00eda puede recurrir a mecanismos constitucionales y legales para exigir acciones preventivas. El art\u00edculo 135 de la Constituci\u00f3n establece la Acci\u00f3n Popular como instrumento para proteger derechos e intereses colectivos vinculados con la salubridad p\u00fablica, el medioambiente y otros \u00e1mbitos que puedan afectar a la poblaci\u00f3n.
\nLas organizaciones sociales y los usuarios tambi\u00e9n pueden presentar denuncias por presunto incumplimiento de deberes, conducta antiecon\u00f3mica o da\u00f1o econ\u00f3mico contra las autoridades e instituciones que, teniendo la obligaci\u00f3n de actuar, omitan medidas destinadas a garantizar la continuidad del servicio.
\nLa amenaza que enfrenta La Paz no depende \u00fanicamente de la cantidad de agua acumulada en los embalses. El sistema tambi\u00e9n requiere tuber\u00edas seguras, mantenimiento permanente, rutas alternativas de conducci\u00f3n, protecci\u00f3n de las cuencas y protocolos de emergencia coordinados entre todos los municipios involucrados.
\nLas lluvias relacionadas con El Ni\u00f1o podr\u00edan incrementar las reservas, tambi\u00e9n podr\u00eda elevar el riesgo de deslizamientos, erosi\u00f3n, contaminaci\u00f3n de fuentes y da\u00f1os en las redes construidas sobre terrenos inestables.
\n\u201cLa crisis del agua en la regi\u00f3n metropolitana no ser\u00e1 consecuencia exclusiva del cambio clim\u00e1tico o del fen\u00f3meno de El Ni\u00f1o; ser\u00e1 el resultado anunciado de trece a\u00f1os de desidia institucional, ilegalidad normativa y un abandono deliberado del deber p\u00fablico\u201d, concluye Herbas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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