El Gobierno prepara el env\u00edo a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de varias leyes orientadas a modificar el modelo econ\u00f3mico y recuperar la capacidad de Bolivia para atraer inversiones extranjeras. Sin embargo, el diputado Carlos Alarc\u00f3n sostiene que ninguna norma tendr\u00e1 un efecto estructural si antes no se impulsa una reforma parcial de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado (CPE), porque varias de sus disposiciones generan inseguridad jur\u00eddica y econ\u00f3mica para los grandes capitales.<\/p>\n
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Alarc\u00f3n aclar\u00f3 que sus observaciones se basan en los contenidos adelantados por el ministro de Econom\u00eda, debido a que el proyecto completo de ley de inversiones todav\u00eda no fue presentado ni es conocido por el pa\u00eds. A partir de esos anuncios, cuestion\u00f3 que el Ejecutivo pretenda introducir garant\u00edas mediante una ley ordinaria sin modificar previamente las restricciones constitucionales.<\/p>\n
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Uno de los planteamientos gubernamentales establece que cualquier expropiaci\u00f3n o nacionalizaci\u00f3n requerir\u00eda el respaldo de dos tercios de los legisladores presentes en la Asamblea. Para Alarc\u00f3n, esa disposici\u00f3n no constituye una protecci\u00f3n efectiva, porque la ley completa o el art\u00edculo espec\u00edfico podr\u00edan ser abrogados o derogados posteriormente por mayor\u00eda simple.<\/p>\n
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\u201cEs una ficci\u00f3n, un espejismo y una ilusi\u00f3n\u201d, sostuvo al advertir que un futuro Gobierno con mayor\u00eda parlamentaria podr\u00eda eliminar esa garant\u00eda y retomar pol\u00edticas de nacionalizaci\u00f3n similares a las aplicadas durante la administraci\u00f3n de Evo Morales.<\/p>\n
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El legislador plante\u00f3 que la seguridad deber\u00eda incorporarse directamente en la Constituci\u00f3n mediante una prohibici\u00f3n expresa de las expropiaciones, nacionalizaciones, estatizaciones, reversiones u otras medidas unilaterales que extingan inversiones. Las controversias, agreg\u00f3, deber\u00edan vincularse con incumplimientos legales o contractuales del inversionista, pero no con decisiones estatales destinadas a apropiarse de sus activos.<\/p>\n
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Tambi\u00e9n propuso que la CPE permita al Estado y al inversionista acordar una jurisdicci\u00f3n imparcial e independiente, incluida la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional. A su juicio, esta herramienta es especialmente necesaria en hidrocarburos, donde las empresas comprometen grandes sumas de capital bajo su propio riesgo para buscar nuevos pozos petroleros o gas\u00edferos.<\/p>\n
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Alarc\u00f3n observ\u00f3 que el Gobierno pretende mantener la prohibici\u00f3n constitucional del arbitraje internacional en hidrocarburos, pese a que ese sector requiere compa\u00f1\u00edas especializadas y l\u00edderes mundiales. Sin esa garant\u00eda, dijo, ser\u00e1 dif\u00edcil atraer inversiones en un escenario en el que Bolivia compite con Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Per\u00fa.<\/p>\n
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El diputado cuestion\u00f3 adem\u00e1s el anuncio de habilitar el arbitraje internacional en otros rubros mediante la futura ley. Record\u00f3 que la Constituci\u00f3n dispone que toda inversi\u00f3n debe someterse a la jurisdicci\u00f3n boliviana, por lo que una norma ordinaria no podr\u00eda contradecir ese mandato y cualquier apertura quedar\u00eda expuesta a impugnaciones.<\/p>\n
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Otra propuesta anticipada por el ministro contempla que, en caso de nacionalizaci\u00f3n o expropiaci\u00f3n, se reconozcan al inversionista activos intangibles, conocimiento especializado y ganancias eventuales o futuras. Alarc\u00f3n rechaz\u00f3 que ese mecanismo sea presentado como incentivo. Considera que el objetivo no deber\u00eda ser definir cu\u00e1nto pagar\u00e1 el Estado despu\u00e9s de una expropiaci\u00f3n, sino impedir que esas medidas vuelvan a aplicarse.<\/p>\n
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Record\u00f3 que Bolivia ya pag\u00f3 millonarias indemnizaciones en arbitrajes derivados de acuerdos anteriores a la actual Constituci\u00f3n, por lo que reconocer intangibles y ganancias futuras podr\u00eda elevar a\u00fan m\u00e1s esos costos.<\/p>\n
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El legislador tambi\u00e9n se refiri\u00f3 a la prohibici\u00f3n constitucional de otorgar un trato preferente a la inversi\u00f3n extranjera frente a la nacional. Seg\u00fan explic\u00f3, esa regla impide dise\u00f1ar incentivos especiales para proyectos de alto riesgo, particularmente en exploraci\u00f3n hidrocarbur\u00edfera.<\/p>\n
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Como ejemplo, se\u00f1al\u00f3 que una empresa extranjera podr\u00eda duplicar su capital para explorar un \u00e1rea de baja probabilidad y solicitar una exenci\u00f3n tributaria temporal. Aunque podr\u00eda perder toda la inversi\u00f3n, la Constituci\u00f3n impedir\u00eda darle condiciones diferentes a una empresa nacional.<\/p>\n
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Alarc\u00f3n advirti\u00f3 que intentar \u201cesquivar\u201d esa prohibici\u00f3n mediante una ley generar\u00eda otra fuente de inseguridad. Cit\u00f3 el art\u00edculo 124, par\u00e1grafo I, numeral 2, que tipifica como traici\u00f3n a la patria la violaci\u00f3n del r\u00e9gimen constitucional de recursos naturales y establece una pena de 30 a\u00f1os de c\u00e1rcel sin derecho a indulto.<\/p>\n
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A su juicio, un futuro Gobierno podr\u00eda acusar a autoridades e inversionistas de haber vulnerado ese r\u00e9gimen mediante contratos o incentivos autorizados por una ley contraria a la Constituci\u00f3n. Esa posibilidad, sostuvo, desalentar\u00eda a cualquier empresa interesada en comprometer capitales en el pa\u00eds.<\/p>\n
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El diputado indic\u00f3 que identific\u00f3 al menos 18 disposiciones que deber\u00edan ser ajustadas. Entre ellas mencion\u00f3 los art\u00edculos 124.I.2; 319.II; 320.II, III y IV; 351.I, II y IV; 352; 355.II; 356; 357; 358; 359; 361; 362.I; 363.II; 366; 367; 370.III y V; 373.II y 378.II.<\/p>\n
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Seg\u00fan su interpretaci\u00f3n, estas normas consolidan una visi\u00f3n en la que el Estado trata al inversionista como prestador de servicios o subordinado, y no como socio estrat\u00e9gico. Esa relaci\u00f3n ser\u00eda perjudicial en sectores donde Bolivia carece de tecnolog\u00eda, experiencia, financiamiento y capacidad de gesti\u00f3n suficientes.<\/p>\n
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Tambi\u00e9n cuestion\u00f3 que la Constituci\u00f3n obligue al Estado a conservar el 51% del paquete accionario en determinadas asociaciones. Si bien consider\u00f3 que ese criterio puede ser v\u00e1lido como regla general, afirm\u00f3 que no deber\u00eda ser una condici\u00f3n invariable para todos los proyectos.<\/p>\n
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Una empresa l\u00edder, explic\u00f3, podr\u00eda exigir la administraci\u00f3n y una participaci\u00f3n mayoritaria en una exploraci\u00f3n de alto riesgo. Impedir siquiera evaluar esa alternativa reducir\u00eda la capacidad del pa\u00eds para negociar condiciones competitivas.<\/p>\n
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Alarc\u00f3n vincul\u00f3 esa limitaci\u00f3n con Yacimientos Petrol\u00edferos Fiscales Bolivianos (YPFB), empresa que, seg\u00fan afirm\u00f3, fue afectada durante a\u00f1os por corrupci\u00f3n, prebendalismo y mala gesti\u00f3n. En ese contexto, cuestion\u00f3 que el Estado deba asumir autom\u00e1ticamente el control mayoritario sin demostrar mejores capacidades t\u00e9cnicas que el socio privado.<\/p>\n
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Otra observaci\u00f3n se refiere a las disposiciones que permiten revertir derechos o extinguir contratos por incumplimientos administrativos, ambientales u otras obligaciones. El legislador sostuvo que las sanciones deben ser proporcionales y que una infracci\u00f3n no deber\u00eda ocasionar autom\u00e1ticamente la p\u00e9rdida de una inversi\u00f3n multimillonaria.<\/p>\n
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A esa amenaza se suma, dijo, la imposibilidad de acudir a una instancia arbitral independiente, debido a que el inversionista tendr\u00eda que presentar sus reclamos ante la justicia boliviana. Para Alarc\u00f3n, la combinaci\u00f3n de reversi\u00f3n discrecional, subordinaci\u00f3n contractual y falta de arbitraje reduce dr\u00e1sticamente la competitividad del pa\u00eds.<\/p>\n
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El diputado atribuy\u00f3 estas restricciones al modelo econ\u00f3mico incorporado en la Constituci\u00f3n de 2009. Lo calific\u00f3 como excesivamente ideologizado y sostuvo que ninguna Constituci\u00f3n deber\u00eda imponer un modelo econ\u00f3mico cerrado, sea estatista o liberal. En su criterio, las pol\u00edticas econ\u00f3micas deben definirse mediante leyes y adaptarse a las circunstancias hist\u00f3ricas del pa\u00eds.<\/p>\n
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Respecto a la viabilidad pol\u00edtica de una reforma, Alarc\u00f3n consider\u00f3 que el Ejecutivo podr\u00eda reunir m\u00e1s de dos tercios de apoyo en la ALP. Asegur\u00f3 que una transformaci\u00f3n real contar\u00eda con el respaldo de las fuerzas vinculadas a Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa y de sectores del Partido Dem\u00f3crata Cristiano, pese a sus divisiones internas.<\/p>\n
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Atribuy\u00f3 la falta de iniciativa a dos razones: una continuidad pol\u00edtica e ideol\u00f3gica con el Movimiento Al Socialismo, al que describi\u00f3 como un \u201cMAS light\u201d o \u201cMAS soft\u201d, y el inter\u00e9s gubernamental en preservar la posibilidad de la reelecci\u00f3n presidencial, pese a compromisos electorales previos de eliminarla.<\/p>\n
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Para Alarc\u00f3n, el ajuste constitucional es una condici\u00f3n indispensable para las leyes econ\u00f3micas que el Ejecutivo enviar\u00e1 a la Asamblea. La premisa, sostuvo, es que la Constituci\u00f3n no puede imponer \u201ccamisas de fuerza\u201d ideol\u00f3gicas o econ\u00f3micas que sacrifiquen el futuro del pa\u00eds.<\/p>\n
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La pregunta central que plantea al Gobierno es c\u00f3mo pretende ofrecer seguridad jur\u00eddica a grandes inversionistas sin reformar previamente las normas que regulan la inversi\u00f3n, el arbitraje, los recursos naturales, las asociaciones estatales, la reversi\u00f3n de derechos y la participaci\u00f3n privada. Sin esa modificaci\u00f3n, concluy\u00f3, Bolivia continuar\u00e1 en desventaja frente a sus vecinos y las nuevas leyes no lograr\u00e1n revertir el aislamiento econ\u00f3mico, el estatismo y la postergaci\u00f3n que, en su criterio, marcaron las \u00faltimas dos d\u00e9cadas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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