La aprobaci\u00f3n en el Senado del proyecto de ley de adecuaci\u00f3n del financiamiento de obligaciones p\u00fablicas abri\u00f3 paso a una posible reducci\u00f3n de las cargas econ\u00f3micas que actualmente afrontan las nueve gobernaciones del pa\u00eds. La norma deber\u00e1 continuar su tratamiento en la C\u00e1mara de Diputados antes de completar el proceso legislativo.
\nLa iniciativa busca que el nivel central del Estado reasuma el financiamiento de obligaciones que corresponden a sus competencias, pero que durante a\u00f1os fueron cubiertas con recursos departamentales provenientes, principalmente del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Entre esos gastos se encuentran el bono de vacunaci\u00f3n, los prediarios de las personas privadas de libertad y otras transferencias.
\nEl proyecto fue promovido durante varios meses por las gobernaciones, que consideran que estas obligaciones reducen su capacidad para invertir en salud, infraestructura, desarrollo productivo y otros programas departamentales.
\nTras la aprobaci\u00f3n en la C\u00e1mara Alta, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, pidi\u00f3 a Diputados dar continuidad al tratamiento de la norma y sostuvo que su aplicaci\u00f3n representar\u00eda un alivio para las finanzas de los gobiernos departamentales.
\nEl debate tambi\u00e9n se traslad\u00f3 al Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado de 2026. Velasco expres\u00f3 su rechazo al proyecto presupuestario al considerar que mantiene un d\u00e9ficit fiscal elevado, no reduce suficientemente el gasto destinado a empresas p\u00fablicas consideradas no esenciales y contin\u00faa recurriendo a recursos del Tesoro General de la Naci\u00f3n (TGN).
\nFrente a ese escenario, las gobernaciones plantean que el PGE 2027 incorpore cambios estructurales en la distribuci\u00f3n de los ingresos tributarios. Una de las propuestas consiste en aplicar gradualmente un esquema de coparticipaci\u00f3n 50\/50, mediante el cual la mitad de determinados impuestos permanezca en el nivel central y la otra mitad sea distribuida entre gobernaciones, municipios y universidades p\u00fablicas.
\nLa propuesta busca fortalecer la autonom\u00eda financiera de las entidades territoriales sin crear nuevos tributos, mediante una redistribuci\u00f3n de los impuestos existentes. Sus impulsores consideran que el cambio debe comenzar a discutirse durante la elaboraci\u00f3n del PGE 2027 para evitar que las gobernaciones contin\u00faen asumiendo responsabilidades con presupuestos cada vez m\u00e1s limitados. (Santa Cruz, agencias)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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