{"id":417115,"date":"2026-07-30T06:24:26","date_gmt":"2026-07-30T10:24:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.eldiario.net\/portal\/?p=417115"},"modified":"2026-07-30T06:24:26","modified_gmt":"2026-07-30T10:24:26","slug":"a-proposito-de-la-fracasada-cumbre-minera-sin-los-verdaderos-duenos-de-los-recursos-naturales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.eldiario.net\/portal\/2026\/07\/30\/a-proposito-de-la-fracasada-cumbre-minera-sin-los-verdaderos-duenos-de-los-recursos-naturales\/","title":{"rendered":"A prop\u00f3sito de la fracasada cumbre minera sin  los verdaderos due\u00f1os de los recursos naturales"},"content":{"rendered":"<p>La reciente cumbre minera ha vuelto a poner en evidencia una preocupante realidad: se pretende definir el futuro de uno de los sectores estrat\u00e9gicos del pa\u00eds sin la participaci\u00f3n de los verdaderos propietarios de los recursos naturales. Una vez m\u00e1s, se convoc\u00f3 principalmente a quienes explotan la riqueza minera, mientras se dej\u00f3 al margen al que, por mandato constitucional, es el leg\u00edtimo due\u00f1o: el pueblo boliviano.<\/p>\n<p>La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado es categ\u00f3rica al respecto. El art\u00edculo 348 establece que son recursos naturales los minerales, los hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo, el subsuelo, los bosques, la biodiversidad y otros elementos susceptibles de aprovechamiento econ\u00f3mico. Asimismo, dispone que estos recursos tienen car\u00e1cter estrat\u00e9gico y son de inter\u00e9s p\u00fablico para el desarrollo del pa\u00eds.<\/p>\n<p>M\u00e1s contundente a\u00fan es el art\u00edculo 349, que se\u00f1ala que los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, correspondiendo al Estado \u00fanicamente su administraci\u00f3n en funci\u00f3n del inter\u00e9s colectivo. En consecuencia, los minerales, el oro, el petr\u00f3leo y el gas no pertenecen al gobierno de turno ni a determinados sectores econ\u00f3micos, sino a todos los bolivianos. El Estado es simplemente el administrador de un patrimonio colectivo.<\/p>\n<p>Por su parte, el art\u00edculo 351 dispone que el Estado debe asumir el control y la direcci\u00f3n de toda la cadena productiva de los recursos naturales estrat\u00e9gicos, desde la exploraci\u00f3n hasta la comercializaci\u00f3n, garantizando que la riqueza generada contribuya al desarrollo nacional mediante el pago de impuestos, regal\u00edas y otros beneficios para el conjunto de la sociedad.<\/p>\n<p>Sin embargo, la reciente cumbre minera pareci\u00f3 ignorar estos principios constitucionales. En un verdadero di\u00e1logo nacional sobre miner\u00eda, los primeros convocados debieron ser precisamente los representantes del pueblo boliviano. Debieron participar las comunidades ind\u00edgenas y campesinas afectadas por la contaminaci\u00f3n, las universidades, los colegios profesionales, los expertos en miner\u00eda, los ambientalistas, las organizaciones de la sociedad civil y otros sectores que representan el inter\u00e9s general. Reci\u00e9n despu\u00e9s correspond\u00eda escuchar a los actores econ\u00f3micos que se benefician directamente de la explotaci\u00f3n minera.<\/p>\n<p>La exclusi\u00f3n de estos sectores demuestra que la discusi\u00f3n estuvo orientada principalmente a preservar intereses particulares, antes que a construir una pol\u00edtica minera de Estado que responda al inter\u00e9s nacional.<\/p>\n<p>Durante los \u00faltimos a\u00f1os, la miner\u00eda aur\u00edfera ha experimentado un crecimiento extraordinario, especialmente bajo el r\u00e9gimen cooperativo. Sin embargo, ese crecimiento no se ha traducido en mayores beneficios para el conjunto del pa\u00eds. Persisten serios cuestionamientos respecto a la limitada contribuci\u00f3n tributaria de parte del sector aur\u00edfero, la salida ilegal de minerales, la insuficiente fiscalizaci\u00f3n estatal y la creciente degradaci\u00f3n ambiental que afecta principalmente a comunidades ind\u00edgenas y poblaciones ribere\u00f1as.<\/p>\n<p>Especial preocupaci\u00f3n merece el <em>uso intensivo de mercurio<\/em> en la explotaci\u00f3n aur\u00edfera. Diversos estudios cient\u00edficos nacionales e internacionales han advertido sobre los graves riesgos que este metal representa para la salud humana y para los ecosistemas acu\u00e1ticos, especialmente en la Amazon\u00eda boliviana. La contaminaci\u00f3n por mercurio amenaza la seguridad alimentaria, la biodiversidad y la salud de miles de familias que dependen de los r\u00edos para su subsistencia.<\/p>\n<p>Tampoco se puede ignorar que la <em>remoci\u00f3n indiscriminada de tierras<\/em> modifica el curso natural de los r\u00edos, incrementa los procesos de erosi\u00f3n, favorece inundaciones y deja enormes pasivos ambientales cuya restauraci\u00f3n termina siendo asumida por el Estado o, peor a\u00fan, queda sin atender.<\/p>\n<p>Resulta igualmente preocupante que, seg\u00fan diversas denuncias p\u00fablicas, algunas grandes empresas operen bajo la figura de cooperativas para acceder a beneficios tributarios y regulatorios que originalmente fueron concebidos para organizaciones solidarias de peque\u00f1os productores. Si estas pr\u00e1cticas se confirman, estar\u00edamos frente a una <em>evidente distorsi\u00f3n<\/em> del verdadero esp\u00edritu cooperativo.<\/p>\n<p>Una aut\u00e9ntica cooperativa supone igualdad entre sus asociados, participaci\u00f3n democr\u00e1tica y ausencia de relaciones de subordinaci\u00f3n laboral propias de una empresa privada. All\u00ed donde existen propietarios, inversionistas y trabajadores dependientes, corresponde analizar si realmente se mantiene la naturaleza jur\u00eddica de una cooperativa o si se est\u00e1 utilizando esta figura para eludir obligaciones tributarias y laborales.<\/p>\n<p>La institucionalidad estatal tampoco ha estado a la altura del desaf\u00edo. Las entidades responsables de regular y fiscalizar la actividad minera enfrentan serias limitaciones para ejercer un control efectivo sobre las operaciones, la producci\u00f3n, la comercializaci\u00f3n y el cumplimiento de la normativa ambiental. Esta <em>debilidad institucional<\/em> favorece la expansi\u00f3n de actividades informales e ilegales que terminan perjudicando al Estado y a la sociedad.<\/p>\n<p>Mientras tanto, las comunidades afectadas contin\u00faan soportando los costos sociales y ambientales de la actividad minera sin recibir beneficios proporcionales y, peor a\u00fan, cuando sufren invasiones, agresiones y todo tipo de atropellos por estos denominados cooperativistas. En muchos casos, las regal\u00edas resultan insuficientes para compensar la p\u00e9rdida de fuentes de agua, la contaminaci\u00f3n de los r\u00edos, la degradaci\u00f3n de los suelos y la afectaci\u00f3n de sus actividades productivas tradicionales.<\/p>\n<p>Bolivia necesita una profunda <em>reforma de su pol\u00edtica minera<\/em>. Es imprescindible revisar el r\u00e9gimen tributario y regalitario, fortalecer los mecanismos de control, transparentar la comercializaci\u00f3n del oro, combatir el contrabando, proteger los ecosistemas estrat\u00e9gicos y garantizar que la explotaci\u00f3n de los recursos naturales genere beneficios reales para toda la poblaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Asimismo, resulta urgente delimitar con criterios t\u00e9cnicos y cient\u00edficos las zonas donde la actividad minera puede desarrollarse y aquellas que, por su importancia ambiental o cultural, deben quedar protegidas. Paralelamente, se debe incorporar el principio de <em>restauraci\u00f3n ambiental obligatoria<\/em>, de modo que quienes ocasionen da\u00f1os a los ecosistemas asuman plenamente los costos de su recuperaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Despu\u00e9s de casi dos d\u00e9cadas de elevados ingresos provenientes del auge de las materias primas, Bolivia enfrenta una compleja situaci\u00f3n econ\u00f3mica, caracterizada por una significativa reducci\u00f3n de las reservas internacionales y un creciente endeudamiento p\u00fablico. Este escenario obliga a reflexionar sobre la calidad de las pol\u00edticas implementadas durante ese per\u00edodo y sobre la necesidad de administrar de manera m\u00e1s eficiente la riqueza generada por los recursos naturales.<\/p>\n<p>Los recursos minerales pertenecen al pueblo boliviano, no a gobiernos de turno, grupos de poder ni sectores privilegiados. Por ello, cualquier decisi\u00f3n estrat\u00e9gica sobre su explotaci\u00f3n debe construirse con la <em>participaci\u00f3n de toda la sociedad<\/em> y orientarse al bienestar colectivo.<\/p>\n<p>Una cumbre minera que excluye a los verdaderos due\u00f1os de los recursos naturales dif\u00edcilmente puede representar el inter\u00e9s nacional. Mientras no se coloque al pueblo boliviano en el centro del debate, seguiremos discutiendo sobre c\u00f3mo repartir una riqueza que pertenece a todos, pero cuyos beneficios contin\u00faan concentr\u00e1ndose en muy pocos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>El autor es comunicador social.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La reciente cumbre minera ha vuelto a poner en evidencia una preocupante realidad: se pretende definir el futuro de uno de los sectores estrat\u00e9gicos del pa\u00eds sin la participaci\u00f3n de los verdaderos propietarios de los recursos naturales. 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