La p\u00e9rdida de control estatal en zonas aur\u00edferas, la resistencia violenta contra las tareas de fiscalizaci\u00f3n y los posibles v\u00ednculos con organizaciones criminales dificultan la lucha contra la miner\u00eda ilegal en Bolivia. \u00d3scar Campanini, director del Centro de Documentaci\u00f3n e Informaci\u00f3n Bolivia (Cedib), advirti\u00f3 que organismos internacionales y pa\u00edses vecinos evitar\u00edan compartir informaci\u00f3n sensible con las autoridades nacionales por temor a filtraciones.
\nCampanini sostuvo, durante una entrevista con la Agencia de Noticias Ambientales, que esta desconfianza estar\u00eda relacionada con la posible penetraci\u00f3n de redes ilegales en algunas instituciones encargadas de combatir esos delitos. Aclar\u00f3 que su an\u00e1lisis parte de casos conocidos mediante investigaciones y operativos realizados en otros pa\u00edses.
\nEl investigador, autor del estudio \u201cNegocio del mercurio en Bolivia\u201d, se\u00f1al\u00f3 que los recientes hechos de violencia contra funcionarios p\u00fablicos muestran la limitada capacidad del Estado para fiscalizar determinadas \u00e1reas mineras. Entre los antecedentes mencion\u00f3 el ataque armado contra personal de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera durante una inspecci\u00f3n en Mapiri y la retenci\u00f3n de funcionarios despu\u00e9s de operativos contra la miner\u00eda ilegal en la regi\u00f3n del r\u00edo Madre de Dios.
\nA criterio del director del Cedib, estos episodios reflejan que algunos grupos mineros no solo rechazan los controles, sino que tambi\u00e9n pueden expulsar de manera violenta a los representantes estatales. Campanini consider\u00f3 que esta situaci\u00f3n pone en evidencia el fortalecimiento de organizaciones con capacidad para impedir inspecciones y disputar el ejercicio de la fuerza en ciertos territorios.
\nEl investigador vincul\u00f3 este escenario con una pol\u00edtica de excepciones concedida durante aproximadamente tres d\u00e9cadas al sector cooperativo minero. Explic\u00f3 que las cooperativas obtuvieron facilidades bajo el argumento de su finalidad social y de la explotaci\u00f3n de yacimientos marginales.
\nComo ejemplo, mencion\u00f3 las regal\u00edas aplicadas a la producci\u00f3n aur\u00edfera, cuyo porcentaje calific\u00f3 como reducido en comparaci\u00f3n con otros minerales. Seg\u00fan su an\u00e1lisis, beneficios inicialmente planteados para condiciones espec\u00edficas terminaron extendi\u00e9ndose a gran parte de la actividad cooperativa.
\nAdem\u00e1s, asever\u00f3 que la sucesiva flexibilizaci\u00f3n de requisitos facilit\u00f3 que algunas operaciones comenzaran sus actividades sin completar todos los procedimientos establecidos por la normativa. La acumulaci\u00f3n de excepciones abri\u00f3 espacios para el crecimiento de actividades completamente ilegales.
\nTambi\u00e9n atribuy\u00f3 el fortalecimiento del cooperativismo aur\u00edfero a su capacidad de movilizaci\u00f3n y presi\u00f3n sobre diferentes gobiernos. Se\u00f1al\u00f3 que el sector consigui\u00f3 acuerdos, pr\u00f3rrogas y concesiones mediante protestas, independientemente de la administraci\u00f3n que se encontraba en el poder.
\nEntre esos mecanismos cit\u00f3 el Certificado de Tr\u00e1mite de Contrato Administrativo Minero, creado para permitir que determinados operadores regularizaran su situaci\u00f3n en un periodo limitado. Campanini indic\u00f3 que las posteriores ampliaciones convirtieron una medida temporal en una pr\u00e1ctica prolongada.
\nEn su criterio, las recientes concesiones gubernamentales frente a las movilizaciones de la Federaci\u00f3n Nacional de Cooperativas Mineras muestran que el Estado contin\u00faa cediendo ante sectores con alta capacidad de presi\u00f3n. No obstante, remarc\u00f3 que esta relaci\u00f3n no comenz\u00f3 con la actual administraci\u00f3n, sino que se consolid\u00f3 durante varios gobiernos.
\nAdvirti\u00f3 que la miner\u00eda ilegal no debe analizarse \u00fanicamente desde la extracci\u00f3n del oro. Alrededor de esta actividad existir\u00edan corredores relacionados con el comercio ilegal del mineral y otros delitos, entre ellos el narcotr\u00e1fico, la trata de personas, el tr\u00e1fico de armas y el contrabando de mercurio.
\nEl investigador aclar\u00f3 que determinar el grado de penetraci\u00f3n de las organizaciones criminales requiere investigaciones especializadas de la Polic\u00eda y del Ministerio de Gobierno. Sin embargo, sostuvo que existen se\u00f1ales conocidas p\u00fablicamente que apuntan a la presencia de redes nacionales y transnacionales.
\nUno de los elementos centrales es el comercio del mercurio, utilizado en gran parte de la miner\u00eda aur\u00edfera para separar el oro. Seg\u00fan Campanini, Bolivia fue hasta 2024 el principal importador legal de mercurio en el mundo. Despu\u00e9s de ese periodo, las importaciones legales se interrumpieron, aunque el producto continu\u00f3 disponible en los centros mineros.
\nEl Cedib recogi\u00f3 testimonios de operadores y comercializadores que se\u00f1alaron que durante ese periodo exist\u00eda una cantidad similar o incluso mayor de mercurio en el mercado. Para Campanini, esta situaci\u00f3n constituye un indicio de que el abastecimiento pas\u00f3 a depender principalmente de circuitos ilegales.
\nEl investigador record\u00f3 un operativo realizado en Per\u00fa, donde las autoridades descubrieron mercurio introducido ilegalmente y oculto entre material p\u00e9treo. De acuerdo con la informaci\u00f3n citada durante la entrevista, los responsables estaban vinculados al C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n.
\nCampanini se\u00f1al\u00f3 que la organizaci\u00f3n tambi\u00e9n habr\u00eda participado en operaciones relacionadas con Per\u00fa y Colombia. En este \u00faltimo pa\u00eds, indic\u00f3, el mercurio estar\u00eda destinado a grupos armados vinculados con la miner\u00eda ilegal.
\nPara el director del Cedib, el caso resulta preocupante porque fue descubierto por autoridades extranjeras y no por instituciones bolivianas. Compar\u00f3 esta situaci\u00f3n con investigaciones sobre el tr\u00e1fico de madera asociada al narcotr\u00e1fico, cuyos detalles tambi\u00e9n fueron conocidos inicialmente mediante reportes del exterior.
\n\u201cLas autoridades de los pa\u00edses vecinos y otros organismos internacionales no comparten informaci\u00f3n con el Gobierno boliviano porque algunas instancias que deber\u00edan controlar estar\u00edan infiltradas\u201d, asegur\u00f3 Campanini. Esta declaraci\u00f3n corresponde a su interpretaci\u00f3n de los casos analizados y no a una confirmaci\u00f3n oficial de los pa\u00edses u organismos mencionados.
\nEl investigador consider\u00f3 que la respuesta estatal debe incluir acciones coordinadas desde diferentes instituciones. Precis\u00f3 que un operativo policial o militar puede recuperar temporalmente una zona, pero no garantiza un control permanente.
\nPlante\u00f3 que una de las v\u00edas de intervenci\u00f3n es la fiscalizaci\u00f3n del combustible utilizado por las operaciones mineras. La extracci\u00f3n aur\u00edfera requiere grandes cantidades de carburantes para movilizar maquinaria y mantener sus actividades, mientras el Estado conserva atribuciones sobre el abastecimiento.
\n\u201c\u00bfC\u00f3mo es posible que no se controle el combustible que utilizan estos mineros ilegales?\u201d, cuestion\u00f3. En su criterio, el seguimiento del di\u00e9sel y la gasolina permitir\u00eda actuar contra las operaciones il\u00edcitas sin mantener una presencia policial permanente en cada zona.
\nTambi\u00e9n sostuvo que la lucha contra la miner\u00eda ilegal debe considerar el control de los insumos, la comercializaci\u00f3n del oro y la actuaci\u00f3n de las instituciones responsables de otorgar derechos mineros y supervisar la actividad.
\nEl Cedib actualiza actualmente su estudio sobre el comercio del mercurio. Campanini adelant\u00f3 que la informaci\u00f3n recopilada confirma la persistencia de flujos ilegales y la dificultad para coordinar acciones de control con los pa\u00edses vecinos.
\nA juicio del investigador, la recuperaci\u00f3n del control estatal requiere voluntad pol\u00edtica, una estrategia integral y coordinaci\u00f3n entre las instituciones. Mientras esas condiciones no existan, las operaciones ilegales mantendr\u00e1n su capacidad para resistir la fiscalizaci\u00f3n y aprovechar las debilidades de las entidades p\u00fablicas. (ANA)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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