El art\u00edculo VI del Tratado de 1904 estableci\u00f3 la obligaci\u00f3n de Chile de garantizar a Bolivia a perpetuidad el libre tr\u00e1nsito por su territorio. Protocolos posteriores, como la Convenci\u00f3n sobre Tr\u00e1nsito de 1937 y otros, precisaron el alcance de esa obligaci\u00f3n, estableciendo que comprende la m\u00e1s amplia e irrestricta circulaci\u00f3n.<\/p>\n
Es m\u00e1s, durante el juicio ante la CIJ, la representaci\u00f3n chilena no escatim\u00f3 argumento alguno, para intentar demostrar que el r\u00e9gimen de libre tr\u00e1nsito era tan amplio e irrestricto, que resultaba innecesario negociar con Bolivia un acceso soberano al oc\u00e9ano Pac\u00edfico. Seg\u00fan ellos, Bolivia ya gozaba, en los hechos, de un acceso gracias al r\u00e9gimen de libre tr\u00e1nsito.<\/p>\n
El libre tr\u00e1nsito –junto con 300.000 libras esterlinas–, fue, en 1904, la contraprestaci\u00f3n que Chile dio a cambio de 120.000 kil\u00f3metros cuadrados del rico litoral boliviano. Hoy, adem\u00e1s, el derecho internacional ha evolucionado. El libre tr\u00e1nsito constituye uno de los pilares fundamentales del comercio internacional y del relacionamiento econ\u00f3mico entre los Estados. Por ello, la Organizaci\u00f3n Mundial del Comercio\u00a0 ha consagrado la libertad de tr\u00e1nsito como una obligaci\u00f3n de todos los Estados; y ninguno de ellos dio a cambio parte de su territorio.<\/p>\n
En un mundo donde las cadenas log\u00edsticas conectan continentes enteros, ning\u00fan pa\u00eds puede convertir sus fronteras en un obst\u00e1culo para el comercio internacional. Las fronteras de hoy delimitan jurisdicciones; y ya no son barreras.<\/p>\n
El libre tr\u00e1nsito, como toda obligaci\u00f3n internacional, exige una interpretaci\u00f3n conforme a los principios del derecho internacional. As\u00ed, un Estado no puede reconocer un derecho mediante un tratado y luego vaciarlo de contenido a trav\u00e9s de medidas internas que impidan o dificulten sustancialmente su ejercicio.<\/p>\n
Dos son los principios que resultan relevantes. El primero, es el principio del efecto \u00fatil, conforme al cual las disposiciones de un tratado deben interpretarse de manera que produzcan efectos pr\u00e1cticos y no queden reducidas a una promesa meramente formal. El segundo es el principio de prohibici\u00f3n de frustrar el objeto y fin del tratado, seg\u00fan el cual ning\u00fan Estado puede adoptar medidas que priven de eficacia pr\u00e1ctica a las obligaciones internacionales que libremente fueron asumidas.<\/p>\n
No basta, por tanto, con reconocer formalmente el libre tr\u00e1nsito si, mediante cierres recurrentes, restricciones horarias o decisiones administrativas, se generan demoras sistem\u00e1ticas, largas filas y obst\u00e1culos significativos al transporte de mercanc\u00edas. En esas circunstancias, el derecho termina desnaturalizado en la pr\u00e1ctica.<\/p>\n
El derecho internacional no protege \u00fanicamente la existencia nominal de un derecho; exige tambi\u00e9n que su ejercicio sea efectivo.<\/p>\n
Lo ocurrido esta semana no constituye un hecho aislado. Chile ha recurrido en diversas oportunidades a restricciones administrativas que afectan el comercio boliviano. Es el viejo \u00abdogal aduanero\u00bb<\/em>, expresi\u00f3n acu\u00f1ada por el historiador, diplom\u00e1tico y catedr\u00e1tico de la Academia Diplom\u00e1tica, Jorge Escobari Cusicanqui, para describir la dependencia estructural que Bolivia mantiene respecto a los puertos y controles aduaneros chilenos.<\/p>\n La expresi\u00f3n retrata c\u00f3mo, tras perder su litoral, Bolivia qued\u00f3 sometida a una dependencia permanente de los puertos del Pac\u00edfico. No era necesario cerrar completamente el acceso al mar. Bastaba administrar los tiempos, los controles, las prioridades o la infraestructura para condicionar el comercio boliviano. M\u00e1s de un siglo despu\u00e9s, el mecanismo parece haber cambiado de forma, pero no de l\u00f3gica. Hoy el dogal ya no se manifiesta \u00fanicamente mediante tarifas o controles aduaneros. Se expresa a trav\u00e9s de restricciones horarias, congesti\u00f3n fronteriza o decisiones administrativas que, sin negar formalmente el libre tr\u00e1nsito, terminan limitando su ejercicio efectivo.<\/p>\n En marzo de 2024, tras un proceso de negociaciones, autoridades de ambos pa\u00edses anunciaron p\u00fablicamente la ampliaci\u00f3n del funcionamiento del paso fronterizo Colchane\u2013Pisiga durante las 24 horas del d\u00eda. El anuncio fue realizado con la presencia del entonces c\u00f3nsul chileno, embajador Fernando Velasco, y presentado como un ejemplo de cooperaci\u00f3n bilateral. Era un acuerdo, aunque hubiese sido alcanzado verbalmente. \u00bfO acaso, en las relaciones internacionales, la palabra de un Estado expresada por sus representantes carece de valor?<\/p>\n Recientemente, apenas dos a\u00f1os despu\u00e9s, las autoridades chilenas dejaron sin efecto ese horario, alegando trabajos de mantenimiento en la infraestructura. Nadie discute que un Estado tenga derecho a realizar obras en su territorio. Lo cuestionable es que tales medidas, terminen restringiendo el ejercicio de una obligaci\u00f3n internacional destinada precisamente a garantizar el flujo del comercio. Si los acuerdos pueden ser modificados mediante una decisi\u00f3n unilateral, dejan de ser compromisos internacionales para convertirse en meras declaraciones sujetas a la conveniencia del momento.<\/p>\n Quienes sostienen que: \u201cChile tiene el derecho de administrar sus pasos fronterizos como considere conveniente\u2026\u201d ignoran el\u00a0 derecho internacional. Claro que pueden administrar sus fronteras, siempre que lo hagan respetando las obligaciones internacionales que libremente fueron consentidas.<\/p>\n La soberan\u00eda, en el \u00e1mbito internacional, no solo consiste en hacer todo lo que un Estado desea, sino en ejercer esas competencias cumpliendo sus obligaciones, reitero y subrayo,\u00a0 \u00a1que libremente fueron consentidas!<\/em><\/p>\n Preocupa, en algunos, el desconocimiento del derecho internacional. Si ocupan funciones diplom\u00e1ticas, no tienen el perfil. Son diplom\u00e1ticos, pero a la carrera. Har\u00edan bien en leer la Convenci\u00f3n de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.<\/em> Ese instrumento establece las reglas sobre c\u00f3mo los Estados negocian, interpretan y cumplen los tratados. Para un diplom\u00e1tico, esta Convenci\u00f3n es lo que la regla de c\u00e1lculo es para el arquitecto: una herramienta indispensable para ejercer correctamente su profesi\u00f3n.<\/p>\n El art\u00edculo 27 de esa Convenci\u00f3n es categ\u00f3rico, ning\u00fan Estado podr\u00e1 invocar disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n para incumplir un tratado. Dicho de otra manera, si un Estado ha concedido un derecho, no puede dejar de cumplirlo alegando razones legales, administrativas, presupuestarias o de organizaci\u00f3n interna, ni siquiera que est\u00e9 en contra de su propia Constituci\u00f3n.<\/p>\n Si una restricci\u00f3n resulta verdaderamente inevitable, corresponde negociar con la contraparte, acordar mecanismos de mitigaci\u00f3n y, en caso inevitable, adoptar medidas compensatorias. As\u00ed funciona el derecho internacional. \u00a1As\u00ed de sencillo!<\/p>\n <\/p>\n Windsor Hernani Limarino es economista y diplom\u00e1tico.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El art\u00edculo VI del Tratado de 1904 estableci\u00f3 la obligaci\u00f3n de Chile de garantizar a Bolivia a perpetuidad el libre tr\u00e1nsito por su territorio. Protocolos posteriores, como la Convenci\u00f3n sobre Tr\u00e1nsito de 1937 y otros, precisaron el alcance de esa obligaci\u00f3n, estableciendo que comprende la m\u00e1s amplia e irrestricta circulaci\u00f3n. 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