En un pa\u00eds como el nuestro, donde el sometimiento de la justicia al poder pol\u00edtico es casi una tradici\u00f3n, resulta inusual ser testigo de decisiones gubernamentales que, al someterse a la competencia jurisdiccional, obliguen al Ejecutivo a actuar como cualquier particular despojado de privilegios. Sin embargo, la realidad demuestra que incluso en naciones con democracias consolidadas como los Estados Unidos de Norteam\u00e9rica, persiste la tendencia al favorecimiento por parte de agentes judiciales que guardan un \u201cdeber\u201d de reciprocidad con quienes los encumbraron como magistrados del m\u00e1s alto nivel.<\/p>\n
Y es que, efectivamente, el pasado 30 de junio, el TSJ de Estados Unidos bloque\u00f3 una decisi\u00f3n pol\u00edtica del presidente Donald Trump; una medida inapelable desde el punto de vista ideol\u00f3gico que pretend\u00eda restringir la ciudadan\u00eda por nacimiento, lo que en el fondo significaba castigar a como d\u00e9 lugar la migraci\u00f3n de personas con permanencia temporal, principalmente de procedencia latina.<\/p>\n
El hist\u00f3rico fallo dictado por el tribunal colegiado marca un antes y un despu\u00e9s en el pol\u00e9mico debate sobre el derecho universal de los seres humanos a habitar all\u00e1 donde mejor les convenga, previo cumplimiento, por supuesto, de ciertos presupuestos jur\u00eddicos de cada Estado, siempre y cuando estos no se opongan a los derechos humanos ni a la l\u00f3gica que debe primar en la adopci\u00f3n de cualquier norma para integrarse al derecho positivo dentro de los l\u00edmites territoriales.<\/p>\n
Aunque un tercio del m\u00e1s alto tribunal prefiri\u00f3 congraciarse con quien los nomin\u00f3 para ocupar un curul en el Supreme Court Building \u2014dando la raz\u00f3n a una tendencia m\u00e1s propia de la Edad Media que del siglo XXI\u2014, la mayor\u00eda de la Corte Suprema hizo historia al defender la ciudadan\u00eda por nacimiento. En el caso Trump v. B\u00e1rbara, el tribunal anul\u00f3 por una mayor\u00eda de 6 contra 3 la orden ejecutiva que el mandatario firm\u00f3 el 20 de enero de 2025, reafirmando que la Decimocuarta Enmienda constitucional garantiza que todo ni\u00f1o nacido en suelo estadounidense es ciudadano autom\u00e1tico, independientemente del estatus migratorio de sus padres.<\/p>\n
En primer t\u00e9rmino, este fallo judicial impone un l\u00edmite infranqueable al \u00abdecreto\u00bb frente a la Constituci\u00f3n, erigi\u00e9ndose como un documento reflexivo sobre el equilibrio de poderes y el valor de la seguridad jur\u00eddica; un horizonte al que, de acuerdo con nuestra propia historia pol\u00edtica, aspiramos llegar alg\u00fan d\u00eda. Un presidente, por m\u00e1s popular o poderoso que sea, no puede borrar un derecho constitucional mediante una norma de rango muy inferior, como lo es un decreto. La m\u00e1s alta autoridad del tribunal sustent\u00f3 el fallo en una consideraci\u00f3n de profundo valor axiol\u00f3gico: la Constituci\u00f3n es una \u201cpromesa\u201d que los gobernantes est\u00e1n obligados a mantener.<\/p>\n
Esto \u00faltimo trae a colaci\u00f3n un paralelismo conceptual: las democracias saludables necesitan contrapesos judiciales fuertes para frenar los excesos del presidencialismo, una asignatura que en nuestro contexto sigue pendiente desde la misma fundaci\u00f3n de la rep\u00fablica.<\/p>\n
Volviendo al culmen del fallo y a la trascendencia que de \u00e9l se deriva, el derecho de suelo (jus soli) es el est\u00e1ndar humanitario de casi toda Am\u00e9rica Latina y el continente americano, una coraza que protege la identidad de las personas frente a los vaivenes ideol\u00f3gicos de los gobiernos de turno. Causa estupor pensar que, de haberse validado el plan de Trump, m\u00e1s de un cuarto de mill\u00f3n de ni\u00f1os nacidos al a\u00f1o habr\u00edan quedado en un limbo legal, convertidos en ap\u00e1tridas, despojados de su origen ciudadano y condenados a vivir en una nube de incertidumbre. Este fallo, afortunadamente, contrasta con el restrictivo modelo europeo del derecho de sangre.<\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 de sus cimientos legales, el fallo impacta directamente en la realidad socioecon\u00f3mica de una buena parte de las familias latinoamericanas. La jurisdicci\u00f3n ordinaria ha comprendido correctamente que ninguna restricci\u00f3n extrema puede frenar la fuerza de la migraci\u00f3n, y que tales medidas solo consiguen precarizar la vida de las futuras generaciones que ya nacen y crecen en el pa\u00eds receptor.<\/p>\n
Es seguro que la Administraci\u00f3n Trump no se quedar\u00e1 de brazos cruzados ante este rev\u00e9s judicial. De hecho, ya ha tomado medidas dentro de sus competencias para endurecer las condiciones de vida de ciertos segmentos de indocumentados. Sin embargo, esta decisi\u00f3n judicial ya ha sido consagrada como una victoria de los derechos civiles y un triunfo del humanismo sobre la xenofobia. La ciudadan\u00eda de los ni\u00f1os nacidos all\u00e1 permanece intocable, lo que constituye un alivio silencioso que abraza a miles de hogares desde M\u00e9xico hasta la Tierra del Fuego, record\u00e1ndoles que su destino no tiene por qu\u00e9 depender del humor del inquilino de la Casa Blanca.<\/p>\n
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Augusto Vera Riveros es abogado.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En un pa\u00eds como el nuestro, donde el sometimiento de la justicia al poder pol\u00edtico es casi una tradici\u00f3n, resulta inusual ser testigo de decisiones gubernamentales que, al someterse a la competencia jurisdiccional, obliguen al Ejecutivo a actuar como cualquier particular despojado de privilegios. Sin embargo, la realidad demuestra que incluso en naciones con democracias […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":158120,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-410376","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-opinion"],"acf":{"antetitulo":"Contra viento y marea"},"yoast_head":"\n