El diputado de Alianza Unidad, Rodrigo Fuenzalida, present\u00f3 un proyecto de modificaci\u00f3n a la Ley 348 que plantea endurecer las sanciones contra quienes interpongan denuncias falsas, con penas de hasta seis a\u00f1os de c\u00e1rcel. La iniciativa busca mantener la vigencia de la norma de protecci\u00f3n a las mujeres, pero incorporar mayores consecuencias penales y mecanismos de reparaci\u00f3n para los afectados por el uso indebido de la ley.<\/p>\n
El legislador explic\u00f3 que la propuesta busca identificar y sancionar estos casos mediante un endurecimiento del rango penal del delito de denuncia o acusaci\u00f3n falsa, elev\u00e1ndolo hasta seis a\u00f1os de prisi\u00f3n efectiva.<\/p>\n
Fuenzalida destac\u00f3 la importancia de la Ley 348 para prevenir la violencia contra las mujeres, pero consider\u00f3 que debe revisarse en casos donde, seg\u00fan indic\u00f3, ha sido mal utilizada, generando procesos que luego no pueden revertirse.<\/p>\n
El proyecto tambi\u00e9n contempla la incorporaci\u00f3n de agravantes espec\u00edficas para este tipo de delitos, as\u00ed como la reparaci\u00f3n econ\u00f3mica y moral para las personas que resulten absueltas o sobrese\u00eddas en estos procesos.<\/p>\n
Asimismo, la iniciativa incluye la inhabilitaci\u00f3n para ejercer cargos p\u00fablicos en caso de condena por denuncia o acusaci\u00f3n falsa, como parte de las medidas complementarias planteadas.<\/p>\n
La Ley 348, establece protecci\u00f3n a las mujeres frente a la violencia, que incluye mecanismos de prevenci\u00f3n, atenci\u00f3n y sanci\u00f3n, adem\u00e1s de la tipificaci\u00f3n de delitos como el feminicidio. Sin embargo, esta normativa ha sido objeto de reiterados pedidos de modificaci\u00f3n, debido a cuestionamientos sobre su aplicaci\u00f3n en el \u00e1mbito judicial y su uso indebido en algunos casos.<\/p>\n
En el contexto del debate, algunos colectivos ciudadanos han manifestado preocupaci\u00f3n por casos de denuncias falsas, se\u00f1alando que en determinadas situaciones han derivado en procesos judiciales o medidas restrictivas que luego no prosperaron, lo que ha motivado pedidos de modificaci\u00f3n a la normativa.<\/p>\n
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