Atravesamos una de las crisis m\u00e1s agudas en las \u00faltimas d\u00e9cadas, detonada por protestas de la Central Obrera Boliviana (COB), que derivaron en bloqueos, desabastecimiento generalizado y la exigencia de renuncia del presidente Rodrigo Paz. En este escenario de convulsi\u00f3n, el Gobierno impuls\u00f3 la aprobaci\u00f3n de la Ley 1740 de Regulaci\u00f3n de Estados de Excepci\u00f3n. El punto de mayor tensi\u00f3n de esta norma radica en su Art. 26, el cual consagra una \u201cpresunci\u00f3n de legalidad\u201d para las actuaciones operativas de la Polic\u00eda y las Fuerzas Armadas.
\nLa presunci\u00f3n de legalidad es un principio del derecho administrativo que asume la conformidad de los actos estatales con el ordenamiento jur\u00eddico, mientras no se declare su nulidad, sus pilares te\u00f3ricos son la autotutela, la eficacia y la seguridad jur\u00eddica. Sin embargo, su aplicaci\u00f3n en escenarios de excepci\u00f3n altera la balanza del Estado de Derecho, ya que traslada a los ciudadanos la compleja carga de demostrar la ilegalidad de los actos de fuerza ejecutados por un aparato estatal desplegado en situaci\u00f3n de emergencia.
\nCr\u00edticos de la doctrina, como el jurista Dur\u00e1n Mart\u00ednez, sostienen que esta presunci\u00f3n puede convertirse en un mito pernicioso que favorece la arbitrariedad administrativa en detrimento de los derechos humanos. En tiempos de normalidad, el administrado asume el costo de impugnar la burocracia; en tiempos de crisis, ese costo se traduce en riesgos directos contra la vida, la integridad f\u00edsica y la libertad personal, transformando una herramienta de eficiencia operativa en un potencial permiso para la impunidad.
\nEl derecho comparado latinoamericano ofrece modelos alternativos de control estrictamente regulados. Colombia, a trav\u00e9s de su Constituci\u00f3n de 1991 y la jurisprudencia de su Corte Constitucional, exige un control autom\u00e1tico e integral de los decretos de excepci\u00f3n mediante juicios de finalidad, proporcionalidad y necesidad jur\u00eddica. Este \u00faltimo criterio establece que las medidas excepcionales no son v\u00e1lidas si existen mecanismos ordinarios para contener la crisis, un l\u00edmite que se suele ignorar cuando la excepcionalidad se aplica para contener la protesta social.
\nPor su parte, Ecuador sujeta las declaratorias de emergencia al principio de proporcionalidad verificado por su Corte Constitucional, fijando l\u00edmites temporales estrictos de 30 d\u00edas para evitar lo que los juristas Garc\u00eda Villegas y Uprimny denominan \u201cexcepcionalidad permanente\u201d. Ambos sistemas demuestran que el estado de excepci\u00f3n no constituye una zona libre de derecho ni un vac\u00edo legal, sino un r\u00e9gimen extraordinario y reglado, donde el control judicial y el escrutinio de los actos de fuerza resultan constitucionalmente obligatorios.
\nEn el \u00e1mbito internacional, el Art. 27 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos define un n\u00facleo duro de derechos inderogables (como la vida y la prohibici\u00f3n de la tortura o la desaparici\u00f3n forzada) que no admiten suspensi\u00f3n bajo ninguna circunstancia. Conforme a los est\u00e1ndares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando el uso de la fuerza estatal resulta en muertes o lesiones, la carga de probar la proporcionalidad de la acci\u00f3n recae sobre el Estado, una l\u00f3gica que el Art. 26 de la Ley 1740 subvierte arriesgadamente.
\nEl an\u00e1lisis de la Ley 1740 revela un dise\u00f1o problem\u00e1tico, tras haber sido aprobada de urgencia, luego de la abrogaci\u00f3n de la Ley 1341, lo que gener\u00f3 un vac\u00edo regulatorio previo. Aunque la nueva norma excluye del patrocinio estatal los delitos graves y de lesa humanidad, la combinaci\u00f3n de la presunci\u00f3n de buena fe con la presunci\u00f3n de legalidad operativa debilita el control. Esta laxitud motiv\u00f3 incluso el voto disidente del diputado Juan Del Granado en la Comisi\u00f3n de Constituci\u00f3n.
\nLa Ley 1740 inclina la balanza a favor del poder p\u00fablico y en contra del ciudadano al flexibilizar los plazos de duraci\u00f3n, restar peso a la fiscalizaci\u00f3n parlamentaria en tiempo real y omitir la intervenci\u00f3n de la Defensor\u00eda del Pueblo. Aplicar estos privilegios procesales a un conflicto cuyo origen es pol\u00edtico y social, y no una amenaza militar externa, desnaturaliza la herramienta legal y arriesga consolidar un blindaje frente a los abusos.
\nAnte esta realidad, el control de constitucionalidad no puede ser un ritual formal; debe ser sustancial, oportuno y proactivo. Corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) asumir la \u00faltima palabra, verificando la conexidad de las medidas, la motivaci\u00f3n de los actos operativos y el respeto absoluto a los derechos intangibles. Asimismo, la Defensor\u00eda del Pueblo debe ejercer su mandato de vigilancia con plena autonom\u00eda, independientemente de los vac\u00edos de citaci\u00f3n en el texto legal.
\nLa presunci\u00f3n de legalidad operativa del Art. 26 solo puede ser admisible si se interpreta de forma restrictiva como una presunci\u00f3n iuris tantum (que admite prueba en contrario), subordinada siempre a los tratados internacionales. Cuando la excepcionalidad se prolonga y se normaliza el uso de la fuerza desregulada, el Estado constitucional pierde su esencia. La democracia se defiende con mayor vigencia del derecho, nunca con su repliegue frente al ejercicio del poder de coacci\u00f3n.
\nLa eficacia del Estado debe encontrar su l\u00edmite infranqueable en los derechos fundamentales, el TCP tiene la responsabilidad de establecer precedentes que impidan que el ciudadano quede indefenso ante la fuerza p\u00fablica.<\/p>\n
El autor es polit\u00f3logo-abogado y docente universitario.
\nrcoteja100@gmail.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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