El presidente enfrenta probablemente una de las decisiones m\u00e1s complejas y delicadas de todo su mandato. En medio de bloqueos prolongados, radicalizaci\u00f3n pol\u00edtica, desgaste institucional y creciente presi\u00f3n ciudadana para restablecer el orden, el gobierno parece atrapado entre dos caminos igualmente riesgosos: continuar apostando a un di\u00e1logo que cada vez muestra menos posibilidades reales de \u00e9xito o recurrir finalmente a la aplicaci\u00f3n de un estado de excepci\u00f3n, con todas las consecuencias pol\u00edticas, sociales e institucionales que ello implica.<\/p>\n
La disyuntiva no es menor, por un lado, el Ejecutivo ha intentado sostener durante semanas distintos mecanismos de acercamiento pol\u00edtico. La mediaci\u00f3n impulsada por la Iglesia Cat\u00f3lica y la Defensor\u00eda del Pueblo, las convocatorias realizadas desde la Vicepresidencia e incluso la decisi\u00f3n de dejar sin efecto mandamientos de aprehensi\u00f3n contra dirigentes como Mario Argollo y Vicente Salazar buscaban precisamente evitar una escalada mayor del conflicto y preservar m\u00ednimas condiciones de negociaci\u00f3n.<\/p>\n
Sin embargo, todos esos esfuerzos terminaron debilit\u00e1ndose frente a la presi\u00f3n de las propias bases movilizadas.<\/p>\n
Las organizaciones sociales vinculadas a sectores de la COB, grupos T\u00fapac kataristas, Bartolinas, interculturales y movimientos cocaleros provenientes del Chapare endurecieron progresivamente sus posiciones, resisti\u00e9ndose a consolidar espacios efectivos de di\u00e1logo. El reciente cabildo de El Alto pareci\u00f3 confirmar esa radicalizaci\u00f3n, desplazando el conflicto desde reivindicaciones sectoriales hacia objetivos abiertamente pol\u00edticos, donde la renuncia presidencial comienza a instalarse como salida pr\u00e1cticamente innegociable.<\/p>\n
En ese contexto, el di\u00e1logo corre el riesgo de transformarse en un \u201cdi\u00e1logo de sordos\u201d, donde las partes ya no buscan realmente construir soluciones compartidas, sino \u00fanicamente ganar tiempo, acumular presi\u00f3n o desgastar al adversario pol\u00edticamente.<\/p>\n
Pero si el gobierno considera agotada la v\u00eda pol\u00edtica y decide finalmente aplicar un estado de excepci\u00f3n, emerge inmediatamente otro problema extremadamente sensible: el temor existente dentro de las propias Fuerzas Armadas y la Polic\u00eda respecto a las consecuencias futuras de su participaci\u00f3n en operativos de control interno.<\/p>\n
La experiencia de 2019 contin\u00faa profundamente presente en la memoria institucional militar y policial.<\/p>\n
Los acontecimientos de Senkata y Sacaba, ocurridos durante el gobierno transitorio de la presidenta constitucional Jeanine A\u00f1ez, derivaron posteriormente en fuertes cuestionamientos nacionales e internacionales, adem\u00e1s de procesos judiciales contra varios militares y efectivos policiales acusados de responsabilidad en los operativos desarrollados durante aquella crisis.<\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 de las interpretaciones pol\u00edticas sobre esos hechos, lo cierto es que dejaron instalado un mensaje extremadamente delicado dentro de las instituciones de seguridad del Estado: que quienes hoy ejecutan \u00f3rdenes para restablecer el orden p\u00fablico podr\u00edan ma\u00f1ana enfrentar procesos judiciales, persecuciones pol\u00edticas o incluso terminar privados de libertad, dependiendo de los cambios de correlaci\u00f3n pol\u00edtica futuros.<\/p>\n
Ese antecedente probablemente constituye uno de los principales factores que explican la enorme cautela existente frente a cualquier eventual decisi\u00f3n de aplicar medidas excepcionales.<\/p>\n
Porque un estado de excepci\u00f3n no se ejecuta \u00fanicamente mediante decretos o disposiciones legales. Requiere operadores institucionales dispuestos a asumir costos operativos, pol\u00edticos y jur\u00eddicos.<\/p>\n
Y all\u00ed aparece uno de los dilemas m\u00e1s complejos para cualquier gobierno: \u00bfc\u00f3mo garantizar acciones firmes de control interno cuando existe temor real dentro de las fuerzas del orden respecto a futuras responsabilidades penales o pol\u00edticas?<\/p>\n
La situaci\u00f3n se vuelve a\u00fan m\u00e1s delicada considerando el actual nivel de polarizaci\u00f3n nacional, cuaquier intervenci\u00f3n coercitiva podr\u00eda r\u00e1pidamente convertirse en escenario de confrontaci\u00f3n pol\u00edtica, victimizaci\u00f3n social y denuncias nacionales e internacionales sobre vulneraci\u00f3n de derechos humanos.<\/p>\n
Precisamente por ello, el Presidente parece debatirse entre dos riesgos igualmente peligrosos:<\/p>\n
Si mantiene indefinidamente una estrategia de di\u00e1logo sin resultados concretos, crece el desgaste ciudadano frente a la percepci\u00f3n de p\u00e9rdida de autoridad estatal y ausencia de soluciones efectivas para enfrentar los bloqueos y la crisis.<\/p>\n
Pero si opta por la excepcionalidad, podr\u00eda abrir una etapa mucho m\u00e1s incierta marcada por confrontaci\u00f3n social, victimizaci\u00f3n pol\u00edtica, resistencia al cumplimiento de las medidas y eventual desgaste de las propias instituciones armadas y policiales.<\/p>\n
El problema de fondo es que Bolivia parece haber ingresado progresivamente en una din\u00e1mica donde la pol\u00edtica comienza a perder capacidad de resolver los conflictos.<\/p>\n
Cuando el di\u00e1logo se agota y la coerci\u00f3n aparece como \u00fanica opci\u00f3n posible, la democracia entra en una zona extremadamente fr\u00e1gil, porque ninguna sociedad sale fortalecida cuando sus instituciones deben elegir entre la par\u00e1lisis o la confrontaci\u00f3n permanente.<\/p>\n
El gran interrogante entonces ya no es \u00fanicamente qu\u00e9 decisi\u00f3n tomar\u00e1 el Presidente. La verdadera pregunta es si, despu\u00e9s de esta crisis, el pa\u00eds podr\u00e1 recuperar nuevamente condiciones m\u00ednimas de convivencia democr\u00e1tica y estabilidad institucional.<\/p>\n
Porque una vez que la excepcionalidad desplaza completamente a la pol\u00edtica, las consecuencias suelen extenderse mucho m\u00e1s all\u00e1 de cualquier coyuntura o gobierno de turno.<\/p>\n
\u00a0<\/em><\/p>\n El autor es diplom\u00e1tico de carrera y polit\u00f3logo.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El presidente enfrenta probablemente una de las decisiones m\u00e1s complejas y delicadas de todo su mandato. En medio de bloqueos prolongados, radicalizaci\u00f3n pol\u00edtica, desgaste institucional y creciente presi\u00f3n ciudadana para restablecer el orden, el gobierno parece atrapado entre dos caminos igualmente riesgosos: continuar apostando a un di\u00e1logo que cada vez muestra menos posibilidades reales de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":380217,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-401916","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-opinion"],"acf":{"antetitulo":""},"yoast_head":"\n