La capacidad del sistema de protecci\u00f3n para prevenir, atender y reparar la violencia tiene sus limitaciones, y los responsables de algunas instituciones no apoyan a las v\u00edctimas, que tienen que peregrinar para recibir atenci\u00f3n, seg\u00fan el documento: Los rostros de la violencia en Bolivia.
\nEl Estado del derecho a la protecci\u00f3n de ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes en Bolivia confirma que la violencia no puede ser entendido \u00fanicamente como un conjunto de delitos, sino como el resultado de condiciones estructurales que impiden que la ni\u00f1ez ejerza sus derechos de manera integral, se\u00f1ala parte de las conclusiones.
\nDetalla que desde la perspectiva del Articulo 19 de la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o, la protecci\u00f3n es la base que permite el ejercicio de todos los dem\u00e1s derechos; sin embargo, a partir de los datos se manifiesta de forma desigual y fragmentada, dependiendo del lugar donde las ni\u00f1as y ni\u00f1os nacen, del nivel socioecon\u00f3mico de las familias, del apoyo emocional y de cuidado que reciben, de la presencia a ausencia de servicios en el territorio, y del reconocimiento o negaci\u00f3n que se les hace como sujetos de derechos.
\nEn ese contexto, los hallazgos de la revisi\u00f3n permiten delinear dos dimensiones centrales para comprender el estado de la protecci\u00f3n frente a la violencia de la ni\u00f1ez en el pa\u00eds: Los grupos que enfrentan mayores patrones de desprotecci\u00f3n y vulnerabilidad, y los vac\u00edos estructurales y sesgos de informaci\u00f3n que limitan la capacidad del sistema de protecci\u00f3n para prevenir, atender y reparar la violencia.
\nLos datos revisados revelan que la violencia no afecta de manera homog\u00e9nea a todas las infancias y adolescencias, sino que se concentra en determinados grupos definidos por la interacci\u00f3n de la edad, g\u00e9nero, departamento, y condiciones del entorno familiar, sostiene el documento.
\nEn t\u00e9rminos de edad, la revisi\u00f3n confirma tres momentos cr\u00edticos. En primer lugar, las ni\u00f1as y ni\u00f1os entre los 7 y 13 a\u00f1os concentran una alta proporci\u00f3n de casos de violencia sexual e incesto. En segundo lugar, entre los 14 y 17 a\u00f1os se incrementan los riesgos asociados a la violencia digital, la trata y la explotaci\u00f3n sexual comercial, las uniones infantiles y tempranas, el trabajo en condiciones peligrosas y la vida en la calle. Por \u00faltimo, la primera infancia y las edades m\u00e1s tempranas de la ni\u00f1ez se mantienen invisibles, si bien se ha desarrollada y trabajado en estrategias de nivel nacional, como la pol\u00edtica plurinacional para el desarrollo integral de la primera Infancia, no existen mecanismos articulados para la prevenci\u00f3n, lo que deja sin respuesta un tramo clave del ciclo de vida, detalla el estudio.
\nEn cuanto al g\u00e9nero, en varios de los informes revisados m\u00e1s del 90% de las v\u00edctimas de violencia sexual son mujeres, mismo patr\u00f3n que se observa en la violencia facilitada por la tecnolog\u00eda, uniones forzadas, adem\u00e1s de ser las m\u00e1s afectadas por la institucionalizaci\u00f3n prolongada.
\nPor su parte, los varones adolescentes suelen ser m\u00e1s visibles en contextos de trabajo infantil o violencia sexual comercial, aunque siguen ausentes en el dise\u00f1o de pol\u00edticas espec\u00edficas de protecci\u00f3n y en la producci\u00f3n de datos desagregadas que permitan comprender mejor c\u00f3mo viven la violencia, se\u00f1ala parte de las conclusiones.
\nRespecto a la incidencia por departamento, los datos se concentran en los departamentos del eje central: La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, donde se registran la mayor\u00eda de las denuncias de violencia sexual, trata, delitos conexos y casos de institucionalizaci\u00f3n.
\nSin embargo, otros departamentos, como Beni, Pando u Oruro, aparecen asociados a problem\u00e1ticas espec\u00edficas como la violencia sexual en ni\u00f1as y mujeres con discapacidad, trata y explotaci\u00f3n sexual en zonas mineras y tur\u00edsticas.
\nLa ausencia de informaci\u00f3n sistem\u00e1tica por municipio y \u00e1rea rural refuerza un sesgo urbano que deja fuera a una parte importante de la poblaci\u00f3n infantil.
\nApoyo
\nPor otra parte, el relato de Lidia Ramos, de la ciudad de El Alto, que sufre la desaparici\u00f3n de su hija desde julio de 2014, muestra que algunos responsables de instituciones p\u00fablicas, no apoyan a las madres ni orientan sobre los procesos a seguir para iniciar la b\u00fasqueda.
\nNarra que le cost\u00f3 colocar la denuncia en la polic\u00eda, ya que le indicaron que, al ser mayor de edad, ellos suponen que la desaparecida huyo con el enamorado o pareja, y por lo tanto niegan la denuncia.
\nPero a tanta insistencia, pudo poner la denuncia, despu\u00e9s de 72 horas, pero a lo largo del proceso, y a pesar de tener algunas pistas, los uniformados no apoyaron a la v\u00edctima en la b\u00fasqueda.
\nSe\u00f1ala que pidi\u00f3 que triangulen las llamadas, ya que llegaban mensajes del celular de su hija desaparecida al m\u00f3vil de su hija menor, pero no hicieron caso.
\nY a pesar de colocar varios panfletos en diferentes terminales de La Paz, as\u00ed como del interior del pa\u00eds, lamentablemente no logr\u00f3 encontrar a su hija.
\nEl caso se encuentra en la fiscal\u00eda como trata de personas, pero el tr\u00e1mite se qued\u00f3 en el camino por no tener un abogado que le oriente en el proceso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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