Nuestro pa\u00eds atraviesa una de sus crisis m\u00e1s agudas en a\u00f1os recientes, las calles hablan, los bloqueos se multiplican y el gobierno de Rodrigo Paz (con apenas seis meses en el poder) enfrenta una \u201ctormenta\u201d que combina demandas econ\u00f3micas, presi\u00f3n sindical e intereses particulares disfrazados de reivindicaci\u00f3n popular. Ante este escenario, la pregunta honesta no es si el Estado debe dialogar, sino con qui\u00e9nes lo hace, sobre qu\u00e9 temas y a qui\u00e9nes beneficia realmente lo acordado.
\nEl di\u00e1logo es una herramienta de gobernabilidad imprescindible en democracia, pero su validez \u00e9tica depende de que los acuerdos resultantes busquen el inter\u00e9s general, el patr\u00f3n reciente demuestra que las mesas de negociaci\u00f3n se han convertido en espacios donde grupos organizados (con mayor capacidad de presi\u00f3n que de representaci\u00f3n ciudadana) logran arrancar concesiones que benefician exclusivamente a sus afiliados, afectando al erario p\u00fablico y a los derechos de terceros.
\nEl caso m\u00e1s cr\u00edtico es el del sector cooperativista minero, tras movilizaciones que incluyeron el uso de dinamita, el gobierno promulg\u00f3 el Decreto Supremo 5.618 el 13 de mayo de 2026. Esta norma deja sin efecto las fiscalizaciones de la Caja Nacional de Salud (CNS) a los seguros delegados de Ferreco y Fecoman (2016-2025) y anula notas de cargo que superan los Bs 95 millones, liberando a ambas cooperativas de millonarias obligaciones financieras.
\nAunque el Ejecutivo aclar\u00f3 que no se trata de un \u201cperdonazo\u201d sino de una \u201cregularizaci\u00f3n t\u00e9cnica\u201d por vac\u00edos normativos, prometiendo auditar el periodo 2013-2016, la respuesta social fue inmediata. La Federaci\u00f3n de Sindicatos M\u00e9dicos y Ramas Afines (Fesimras) exigi\u00f3 la anulaci\u00f3n del decreto, denunciando que el gobierno cedi\u00f3 \u201cante un dinamitazo\u201d y advirtiendo que la medida atenta directamente contra la seguridad social de todos los afiliados.
\nLa paradoja es alarmante: mientras al trabajador asalariado se le descuenta su aporte mensual de forma puntual, a cooperativas con gran poder econ\u00f3mico y pol\u00edtico se les borran nueve a\u00f1os de obligaciones. En medio de una CNS colapsada por la falta de medicamentos y el retraso en cirug\u00edas, esos Bs 95 millones no son un simple dato t\u00e9cnico; representan insumos m\u00e9dicos que no llegar\u00e1n y vidas que se ponen en riesgo.
\nEl sector educativo sigue una l\u00f3gica similar, luego de un mes de protestas y da\u00f1os al Ministerio de Educaci\u00f3n, el Gobierno aprob\u00f3 el Decreto Supremo 5.621 el 18 de mayo de 2026, creando el bono \u201cGesti\u00f3n de Aula\u201d de Bs 2.400 para el Magisterio. Aunque la justificaci\u00f3n oficial es promover el cumplimiento del calendario escolar, la medida premia econ\u00f3micamente al sector justo despu\u00e9s de paralizar las clases, enviando el mensaje de que la suspensi\u00f3n de actividades da resultados.
\nEsta concesi\u00f3n profundiza las brechas salariales, ya que el magisterio fiscal es uno de los sectores mejor remunerados del empleo p\u00fablico, superando a los trabajadores de salud y al amplio sector informal.
\nLo que subyace a estos casos es un patr\u00f3n estructural: arrastramos una cultura pol\u00edtica donde la presi\u00f3n violenta (bloqueos y marchas) es el canal m\u00e1s eficiente para acceder a los recursos estatales. Al ceder ante las medidas de fuerza, el Estado desincentiva las v\u00edas institucionales y premia la capacidad de disrupci\u00f3n sobre la vulnerabilidad real de las demandas, erosionando la noci\u00f3n del bien com\u00fan.
\nEsta crisis ilustra esta peligrosa din\u00e1mica, lo que inici\u00f3 como un reclamo sectorial por la escasez de combustible, incrementos salariales y el rechazo a la Ley 1720, escal\u00f3 r\u00e1pidamente hacia demandas pol\u00edticas que exigen la renuncia del presidente. Con numerosos puntos de bloqueo en seis departamentos, el di\u00e1logo bilateral y fragmentado del gobierno logr\u00f3 apagar focos de conflicto temporales, pero no resolvi\u00f3 la ra\u00edz del problema.
\nPara superar este modelo, se necesita un di\u00e1logo basado en tres condiciones hoy ausentes: universalidad, transparencia y representaci\u00f3n. Cualquier beneficio sectorial debe justificarse bajo principios aplicables a toda la sociedad, los ciudadanos deben conocer los costos reales de cada acuerdo (como los fondos restados a la salud o infraestructura), y se debe garantizar la representaci\u00f3n de la mayor\u00eda silenciosa que no bloquea carreteras.
\nEl presidente Rodrigo Paz ha manifestado que la vocaci\u00f3n de su gobierno es el di\u00e1logo, sin embargo, el di\u00e1logo verdadero y democr\u00e1tico no consiste en ceder ante los sectores m\u00e1s radicales, sino en tener la firmeza de decir \u201cno\u201d cuando el beneficio de un grupo espec\u00edfico se financia con el perjuicio de toda la sociedad. Esa es la diferencia fundamental entre gobernar con visi\u00f3n de pa\u00eds y simplemente administrar la conflictividad social.<\/p>\n
El autor es polit\u00f3logo-abogado y docente universitario.<\/p>\n
rcoteja100@gmail.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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