El l\u00edmite de la paciencia democr\u00e1tica se mide en el est\u00f3mago de los ciudadanos, en las horas perdidas frente a los desabastecimientos y en la flagrante desprotecci\u00f3n de un Estado que parece haber claudicado. Lo que ocurre hoy en Nuestra Se\u00f1ora de La Paz no es una simple crisis pol\u00edtica; es un asedio sistem\u00e1tico que asfixia el d\u00eda a d\u00eda de miles de familias que ya no tienen qu\u00e9 comer, y en algunos casos ni una pizca de alegr\u00eda. Frente a este panorama, el gobierno de Paz Pereira enfrenta su hora m\u00e1s cr\u00edtica, no por la previsible presi\u00f3n de los sectores sediciosos que buscan su ca\u00edda desde el primer d\u00eda, sino por el silencioso y peligroso desgaste de su propia base de legitimidad: aquellos ciudadanos que, hasta ahora, han defendido con firmeza el orden constitucional y las instituciones democr\u00e1ticas.
\nMantener la postura de que un presidente debe cumplir su mandato legal es un principio fundamental para la estabilidad democr\u00e1tica. Quienes valoran la democracia, entienden que los cambios de mando abruptos suelen dejar heridas institucionales dif\u00edciles de sanar. Sin embargo, la defensa de la continuidad de un gobierno no es un cheque en blanco, ni puede convertirse en un pacto de automartirio para la sociedad. La ciudadan\u00eda pace\u00f1a que hoy soporta el cerco lo hace con un esp\u00edritu republicano ejemplar, acaso con estoicismo, pero la paciencia tiene un l\u00edmite proporcional a la eficacia de sus gobernantes.
\nLa inoperancia y la negligencia gubernamental ante este bloqueo, que por su naturaleza vulnera derechos humanos fundamentales, mantiene en la incertidumbre a decenas de miles de pace\u00f1os y restringe el acceso a bienes b\u00e1sicos, est\u00e1n cobrando una factura pol\u00edtica. Dejar a La Paz a su suerte, bajo la mirada pasiva del Poder Ejecutivo, ya no se percibe como prudencia pol\u00edtica, sino como una preocupante incapacidad de gesti\u00f3n que puede restar a Paz el poco apoyo pol\u00edtico que tiene. El orden constitucional se defiende ejerciendo la autoridad que la propia ley otorga, gobernando con claridad, decidiendo, y no contemplando el asedio a una gran ciudad desde la distancia institucional y el silencio.
\nSi la administraci\u00f3n de Paz Pereira insiste en mantener esta par\u00e1lisis, arriesga lo m\u00e1s valioso que le queda: el respaldo de la ciudadan\u00eda moderada. Este sector, que rechaza los m\u00e9todos violentos de los sitiadores y aborrece las agendas desestabilizadoras, empieza a preguntarse si la inacci\u00f3n oficial no es un da\u00f1o igual de grave para el futuro de la regi\u00f3n. Cuando el defensor de la ley se siente abandonado por la autoridad, la lealtad hacia la continuidad del mandato se quiebra. No es una cuesti\u00f3n de sumarse a las consignas de la oposici\u00f3n radical; es una reacci\u00f3n natural de supervivencia frente al abandono estatal.
\nSi el Ejecutivo no implementa de inmediato soluciones reales para romper este cerco y proteger a la poblaci\u00f3n, la base social que sostiene su legitimidad terminar\u00e1 por darle la vuelta. La exigencia de un cambio de rumbo ya no vendr\u00e1 exclusivamente de las facciones radicales, sino de los propios dem\u00f3cratas desesperados por la falta de respuestas. Cumplir el mandato constitucional exige, ante todo, gobernar; y gobernar es impedir que una ciudad entera sea tomada como reh\u00e9n por facciones antisistema, ante la indolencia del gobierno nacional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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