Bolivia vuelve a encontrarse frente a una escena conocida: caminos bloqueados, ciudades sitiadas, alimentos que no llegan, combustibles que escasean, hospitales tensionados, familias atrapadas y un Estado obligado a negociar bajo presi\u00f3n. Lo preocupante no es que existan movilizaciones. En democracia, protestar es un derecho. Lo preocupante es que, bajo el nombre de protesta social, se est\u00e9 normalizando una forma de chantaje colectivo, por lo que la poblaci\u00f3n termina convertida en reh\u00e9n de disputas pol\u00edticas, sindicales y judiciales.<\/p>\n
El pa\u00eds vive una coyuntura especialmente delicada. Las protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz se han intensificado en medio de medidas econ\u00f3micas impopulares, bloqueos, desabastecimiento y denuncias de violencia. Reportes recientes dan cuenta de una cuarta semana de conflictividad, con interrupciones en el suministro de alimentos, combustibles y medicamentos en ciudades como La Paz y El Alto. A ello se suma la muerte de un manifestante durante los enfrentamientos, hecho que ha elevado todav\u00eda m\u00e1s la tensi\u00f3n pol\u00edtica y social.<\/p>\n
Pero reducir esta crisis a una simple reacci\u00f3n econ\u00f3mica ser\u00eda ingenuo. La protesta tiene causas reales, s\u00ed: inflaci\u00f3n, precariedad, p\u00e9rdida de poder adquisitivo, incertidumbre y miedo al ajuste. Sin embargo, sobre ese malestar leg\u00edtimo se monta una maquinaria pol\u00edtica mucho m\u00e1s compleja. Esa maquinaria combina victimizaci\u00f3n judicial, manipulaci\u00f3n identitaria, dictadura sindical y presi\u00f3n territorial.<\/p>\n
El caso de Evo Morales es central para entender este proceso. Las causas judiciales que lo rodean no operan solamente en el plano penal o procesal. Se han convertido en un detonante pol\u00edtico. Cada actuaci\u00f3n judicial contra el exmandatario es presentada por sus sectores afines no como un proceso contra una persona concreta, sino como una agresi\u00f3n contra \u201cel pueblo\u201d, contra los campesinos, contra los ind\u00edgenas o contra los sectores populares. Esa operaci\u00f3n discursiva es peligrosa porque transforma la responsabilidad individual en causa colectiva. Es muy ingenuo decir que \u201cse lo est\u00e1 haciendo crecer a Evo Morales\u201d, Evo Morales ha estado conspirando todos estos d\u00edas y tejiendo este escenario.<\/p>\n
En un Estado constitucional, ning\u00fan liderazgo pol\u00edtico puede estar por encima de la ley. Pero tampoco puede permitirse que una causa judicial sea convertida artificialmente en conflicto racial, ante la inminencia de que el peso de la ley caiga sobre este se\u00f1or, ha apelado a la carta de la discriminaci\u00f3n. Ah\u00ed aparece uno de los factores m\u00e1s graves de la coyuntura: la inoculaci\u00f3n del odio \u00e9tnico-racial como herramienta de movilizaci\u00f3n.<\/p>\n
Bolivia tiene heridas hist\u00f3ricas reales. Hubo racismo, exclusi\u00f3n y desprecio contra los pueblos ind\u00edgenas. Eso no se puede negar. Pero una cosa es reconocer esa deuda hist\u00f3rica y otra muy distinta es utilizarla como escudo pol\u00edtico para impedir que una persona responda ante la justicia. Cuando se dice que investigar a un l\u00edder equivale a perseguir a todo un pueblo, se est\u00e1 manipulando la identidad colectiva para fabricar impunidad.<\/p>\n
La f\u00f3rmula es conocida: se presenta al adversario como \u201cracista\u201d, \u201cvendepatria\u201d, \u201cq\u2019ara\u201d, \u201cpitita\u201d, \u201coligarca\u201d o \u201cenemigo del pueblo\u201d. Esos r\u00f3tulos ya no buscan debatir ideas. Buscan deshumanizar al contrario. Cuando el adversario deja de ser ciudadano y se convierte en enemigo hist\u00f3rico, la violencia empieza a parecer leg\u00edtima. As\u00ed se rompe el pacto democr\u00e1tico.<\/p>\n
El segundo eje es la coacci\u00f3n sindical. Muchas movilizaciones no se explican \u00fanicamente por convicci\u00f3n ideol\u00f3gica. Se explican tambi\u00e9n por presi\u00f3n org\u00e1nica. En varios sectores, quien no marcha, no bloquea o no acata una decisi\u00f3n dirigencial puede sufrir multas, amenazas, p\u00e9rdida de beneficios, sanci\u00f3n social o exclusi\u00f3n de la organizaci\u00f3n. El ciudadano deja de actuar libremente y pasa a obedecer una estructura de control.<\/p>\n
Ah\u00ed surge una pregunta inc\u00f3moda: \u00bfcu\u00e1ntas personas est\u00e1n realmente movilizadas por voluntad propia y cu\u00e1ntas lo hacen porque temen ser castigadas por su sindicato, comunidad, gremio o federaci\u00f3n?<\/p>\n
La coacci\u00f3n no siempre necesita armas. A veces basta una lista de asistencia, una multa, una amenaza de perder el puesto de venta, el terreno, el aval, el cupo, el permiso o la pertenencia al grupo. As\u00ed, la organizaci\u00f3n social deja de ser instrumento de defensa colectiva y se convierte en mecanismo de sometimiento interno.<\/p>\n
El problema es a\u00fan m\u00e1s profundo cuando algunos dirigentes descubren que el conflicto es rentable. Mientras m\u00e1s capacidad tienen de paralizar caminos, m\u00e1s capacidad tienen de negociar con el Estado. Mientras m\u00e1s da\u00f1o generan, m\u00e1s poder acumulan. Entonces la movilizaci\u00f3n deja de ser excepcional y se convierte en m\u00e9todo permanente de presi\u00f3n.<\/p>\n
El bloqueo de caminos es la expresi\u00f3n m\u00e1s brutal de esa l\u00f3gica. No afecta solamente al Gobierno. Afecta al transportista que vive del d\u00eda, al comerciante que necesita abastecerse, al enfermo que requiere ox\u00edgeno o medicamentos, al productor que pierde su cosecha, al ni\u00f1o que no llega a clases, a la madre que no puede llevar alimento a su casa. El bloqueo castiga a terceros inocentes para obligar al Estado a ceder.<\/p>\n
Eso no es protesta democr\u00e1tica. Eso es extorsi\u00f3n social.<\/p>\n
El Gobierno de Rodrigo Paz, adem\u00e1s, enfrenta debilidades evidentes. Lleg\u00f3 al poder en un Estado atravesado por redes corporativas, sindicales y territoriales que no desaparecen con una elecci\u00f3n. Puede tener legalidad de origen, pero todav\u00eda disputa la autoridad efectiva. Puede gobernar desde Palacio, pero no necesariamente controla los territorios donde mandan estructuras sindicales, federaciones o grupos de presi\u00f3n.<\/p>\n
Tambi\u00e9n tiene una debilidad narrativa. Si el Gobierno no explica con claridad por qu\u00e9 toma determinadas medidas econ\u00f3micas, por qu\u00e9 debe restablecer el orden p\u00fablico y por qu\u00e9 los procesos judiciales no son persecuci\u00f3n pol\u00edtica, la narrativa radical ocupar\u00e1 ese vac\u00edo. En pol\u00edtica, quien no explica, pierde. Y quien pierde el relato, muchas veces pierde tambi\u00e9n la calle.<\/p>\n
Sin embargo, la respuesta estatal tampoco puede ser torpe ni meramente represiva. La muerte de un manifestante, los abusos policiales o el uso desproporcionado de la fuerza pueden convertir una crisis pol\u00edtica en una crisis moral del Gobierno. La autoridad democr\u00e1tica debe ser firme, pero tambi\u00e9n legal, proporcional y transparente.<\/p>\n
La salida no est\u00e1 en negar la protesta. Est\u00e1 en diferenciar con precisi\u00f3n entre protesta leg\u00edtima y delito. Marchar es un derecho. Reclamar es un derecho. Organizarse es un derecho. Pero bloquear indefinidamente, impedir el paso de ambulancias, desabastecer ciudades, coaccionar bases, destruir bienes p\u00fablicos o cercar instituciones no es ejercicio democr\u00e1tico: es vulneraci\u00f3n de derechos de terceros.<\/p>\n
Bolivia necesita recuperar una idea b\u00e1sica: el derecho a protestar no incluye el derecho a tomar de reh\u00e9n al resto del pa\u00eds.<\/p>\n
La democracia boliviana est\u00e1 siendo puesta a prueba. El riesgo no es solo que caiga un gobierno o sobreviva un gobierno. El riesgo mayor es que se consolide la idea de que quien bloquea m\u00e1s, manda m\u00e1s; que quien grita m\u00e1s, tiene m\u00e1s derechos; que quien moviliza m\u00e1s cuerpos, puede neutralizar a la justicia; que quien controla sindicatos puede reemplazar al voto popular.<\/p>\n
Si Bolivia acepta eso, deja de ser una democracia y se convierte en una federaci\u00f3n de vetos corporativos.<\/p>\n
La protesta social es parte de la democracia. El chantaje no. La identidad ind\u00edgena merece respeto. La manipulaci\u00f3n racial no. El sindicato es una herramienta leg\u00edtima de organizaci\u00f3n. La coacci\u00f3n sindical no. La justicia debe ser independiente. La impunidad pol\u00edtica no.<\/p>\n
Bolivia no necesita escoger entre orden y derechos. Necesita recuperar ambos. Orden sin abuso. Derechos sin extorsi\u00f3n. Justicia sin persecuci\u00f3n. Protesta sin secuestro social.<\/p>\n
La clave est\u00e1 en entender que el verdadero pueblo no es solo el que bloquea. Tambi\u00e9n es pueblo el que necesita trabajar, circular, curarse, vender, estudiar, producir y vivir en paz. Y ese pueblo silencioso tambi\u00e9n tiene derechos.<\/p>\n
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El autor es abogado.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Bolivia vuelve a encontrarse frente a una escena conocida: caminos bloqueados, ciudades sitiadas, alimentos que no llegan, combustibles que escasean, hospitales tensionados, familias atrapadas y un Estado obligado a negociar bajo presi\u00f3n. Lo preocupante no es que existan movilizaciones. En democracia, protestar es un derecho. Lo preocupante es que, bajo el nombre de protesta social, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":400149,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-400145","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-opinion"],"acf":{"antetitulo":""},"yoast_head":"\n