La eventual aprobaci\u00f3n de la Ley Brisa podr\u00eda profundizar el incumplimiento de compromisos internacionales asumidos por Bolivia ante la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y derivar en una eventual condena internacional, seg\u00fan advierte el exdirector general de Derechos Humanos del Estado, Miguel \u00c1ngel Estrada Aspiazu, quien sostiene que el proyecto se aparta de los acuerdos alcanzados por el pa\u00eds en el marco del caso MZ vs. Bolivia y agrava los cuestionamientos sobre la aplicaci\u00f3n de la Ley 348.<\/p>\n
En un art\u00edculo de an\u00e1lisis jur\u00eddico, Estrada afirma que la iniciativa legislativa representa un riesgo para las obligaciones internacionales asumidas por el Estado boliviano y considera que su aprobaci\u00f3n podr\u00eda agravar las observaciones sobre el respeto al debido proceso y la presunci\u00f3n de inocencia. Seg\u00fan expone, el proyecto se aleja del enfoque integral que fue promovido dentro de las medidas adoptadas por Bolivia tras el acuerdo de soluci\u00f3n amistosa alcanzado ante la CIDH.<\/p>\n
\u00abEl Proyecto de Ley BRISA es m\u00e1s punitivo y se aleja del enfoque integral exigido por la CIDH en el Caso MZ. Su aprobaci\u00f3n profundiza la violaci\u00f3n de garant\u00edas y del acuerdo internacional que Bolivia ya cumpli\u00f3 y por el cual fue felicitada\u00bb, se\u00f1ala el documento.<\/p>\n
A partir de esa premisa, el exdirector de Derechos Humanos plantea que el pa\u00eds podr\u00eda pasar de ser un Estado reconocido por el cumplimiento de sus compromisos internacionales a enfrentar cuestionamientos por una eventual vulneraci\u00f3n de los acuerdos alcanzados con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.<\/p>\n
Su principal observaci\u00f3n radica en que el proyecto legislativo no puede ser analizado de manera aislada, sino dentro del contexto de los compromisos asumidos por Bolivia tras el caso MZ vs. Bolivia, proceso que dio origen a una serie de reformas institucionales y normativas destinadas a fortalecer la protecci\u00f3n de las v\u00edctimas de violencia y garantizar el acceso a la justicia.<\/p>\n
ANTECEDENTE<\/p>\n
La posici\u00f3n de Estrada se basa en el caso MZ vs. Bolivia, originado por una denuncia de violaci\u00f3n sexual presentada por una funcionaria de Naciones Unidas en Cochabamba el 2 de octubre de 1999. La denuncia posterior por presunta denegaci\u00f3n de justicia deriv\u00f3 en una petici\u00f3n ante la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).<\/p>\n
El proceso concluy\u00f3 el 11 de marzo de 2008 con un acuerdo de soluci\u00f3n amistosa, en el que el Estado boliviano reconoci\u00f3 su responsabilidad internacional y asumi\u00f3 compromisos para reparar el da\u00f1o y prevenir la repetici\u00f3n de hechos similares.<\/p>\n
Entre las medidas acordadas se incluyeron programas obligatorios de formaci\u00f3n en derechos humanos para operadores de justicia, capacitaci\u00f3n a polic\u00edas y fiscales, la creaci\u00f3n de centros interdisciplinarios de atenci\u00f3n a v\u00edctimas y la implementaci\u00f3n de c\u00e1maras Gesell para evitar la revictimizaci\u00f3n.<\/p>\n
Seg\u00fan Estrada, estos compromisos fueron implementados a lo largo de varios a\u00f1os, con la instalaci\u00f3n de centros y c\u00e1maras Gesell en los nueve departamentos, adem\u00e1s de la capacitaci\u00f3n continua a operadores de justicia y la elaboraci\u00f3n de protocolos de actuaci\u00f3n. A\u00f1ade que la CIDH valor\u00f3 estos avances y reconoci\u00f3 el cumplimiento de buena fe por parte del Estado boliviano.<\/p>\n
LEY 348<\/p>\n
Dentro de ese contexto, el autor sostiene que la Ley 348, forma parte de las medidas de no repetici\u00f3n comprometidas por el Estado boliviano ante la CIDH como consecuencia del caso MZ vs. Bolivia.<\/p>\n
Seg\u00fan explica, la norma est\u00e1 vinculada a compromisos internacionales asumidos por el pa\u00eds, por lo que cualquier modificaci\u00f3n debe considerar dichas obligaciones. En su interpretaci\u00f3n, la Ley 348 no es solo una norma interna, sino tambi\u00e9n una respuesta institucional derivada de acuerdos internacionales para fortalecer la protecci\u00f3n de las mujeres frente a la violencia.<\/p>\n
MALA APLICACI\u00d3N<\/p>\n
Sin embargo, Estrada sostiene que la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica de la ley 348 se ha alejado de los principios que motivaron su creaci\u00f3n. Asegura que actualmente existen situaciones en las que se vulneran garant\u00edas fundamentales, particularmente la presunci\u00f3n de inocencia y el debido proceso.<\/p>\n
En ese sentido, afirma que \u00aberr\u00f3neamente se presume la culpabilidad del denunciado, pervirtiendo as\u00ed el esp\u00edritu de la norma que tanto cost\u00f3 implementarlo\u00bb.<\/p>\n
El an\u00e1lisis tambi\u00e9n se\u00f1ala que se registran casos de uso indebido de la legislaci\u00f3n mediante denuncias falsas empleadas con fines de venganza o extorsi\u00f3n. A juicio del exdirector de Derechos Humanos, estas situaciones han generado consecuencias que van m\u00e1s all\u00e1 del \u00e1mbito judicial, afectando las relaciones entre hombres y mujeres y generando temor frente a posibles procesos por hechos ocurridos d\u00e9cadas atr\u00e1s.<\/p>\n
Asimismo, considera que esta situaci\u00f3n termina afectando la seguridad jur\u00eddica que precisamente buscaban fortalecer medidas como, los protocolos de actuaci\u00f3n y los programas de capacitaci\u00f3n desarrollados tras el acuerdo alcanzado ante la CIDH.<\/p>\n
Para Estrada, la soluci\u00f3n no pasa por endurecer a\u00fan m\u00e1s el marco normativo. Por el contrario, sostiene que la Ley Brisa profundizar\u00eda los problemas que actualmente identifica en la aplicaci\u00f3n de la Ley 348 y ampliar\u00eda las observaciones relacionadas con el respeto al debido proceso.<\/p>\n
PEDIDO DE ARCHIVO<\/p>\n
Como conclusi\u00f3n, el exdirector general de Derechos Humanos plantea el archivo del Proyecto de Ley Brisa y considera que cualquier modificaci\u00f3n, derogaci\u00f3n o abrogaci\u00f3n de la Ley 348 deber\u00eda contar con el aval de la CIDH para evitar un eventual incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Bolivia.<\/p>\n
Tambi\u00e9n propone reglamentar la Ley 348 bajo supervisi\u00f3n del organismo internacional para restablecer, seg\u00fan su criterio, las garant\u00edas del debido proceso, sancionar las denuncias falsas y eliminar la aplicaci\u00f3n retroactiva que cuestiona en su an\u00e1lisis.<\/p>\n
La advertencia central del art\u00edculo es que Bolivia podr\u00eda enfrentar responsabilidades internacionales si se aparta de los compromisos asumidos tras el caso MZ vs. Bolivia. Por ello, Estrada sostiene que el pa\u00eds debe evitar medidas que puedan interpretarse como una ruptura de los acuerdos alcanzados con la CIDH y alerta sobre las consecuencias que, en su criterio, podr\u00eda generar la aprobaci\u00f3n de la Ley Brisa.<\/p>\n
\u00abBolivia no puede pasar de un Estado felicitado a Estado condenado\u00bb, concluye el autor.<\/p>\n
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