Organizaciones de la sociedad civil y activistas de derechos humanos denunciaron un grave caso de violencia institucional y vulneraci\u00f3n al derecho a la salud en contra de Martha (nombre cambiado), una funcionaria de la Polic\u00eda Boliviana que sobrevivi\u00f3 a una tentativa de feminicidio el pasado 18 de abril en Cochabamba. El Hospital Obrero N\u00ba 2 de la Caja Nacional de Salud (CNS) le neg\u00f3 la cobertura m\u00e9dica argumentando que la violencia intrafamiliar constituye un \u00abriesgo extraordinario\u00bb, oblig\u00e1ndola a dejar los documentos de un veh\u00edculo como garant\u00eda para salvar su vida.<\/p>\n
El hecho ocurri\u00f3 el 18 de abril de 2026, cuando la v\u00edctima fue atacada con un arma de fuego por su pareja, tambi\u00e9n miembro de la instituci\u00f3n policial, quien le dispar\u00f3 en ambas piernas.<\/p>\n
Ante la gravedad de las heridas y el riesgo de desangramiento, familiares la trasladaron de emergencia al hospital obrero 2 de la CNS. Sin embargo, la administraci\u00f3n del centro m\u00e9dico condicion\u00f3 la atenci\u00f3n quir\u00fargica bajo el argumento de que sus reglamentos internos no cubren agresiones ocasionadas por terceros ni hechos derivados de violencia de g\u00e9nero.<\/p>\n
Actualmente, la deuda acumulada por la cirug\u00eda asciende a m\u00e1s de 17.000 bolivianos, un monto que la v\u00edctima no puede solventar. A esto se suman 14.977 bolivianos que debi\u00f3 pagar de forma externa para adquirir los materiales quir\u00fargicos (placas y tornillos), adem\u00e1s del costo obligatorio de cada consulta externa posterior.<\/p>\n
A pesar de que el pasado 28 de abril se present\u00f3 una solicitud formal de exenci\u00f3n de pago detallando la condici\u00f3n de vulnerabilidad de la afectada, la entidad aseguradora no ha emitido ninguna respuesta.<\/p>\n
\u200bIntegrantes de la Mesa Departamental contra la Violencia y la Red Contra la Violencia a las Mujeres de Cochabamba calificaron el accionar de la CNS como una flagrante revictimizaci\u00f3n.<\/p>\n
La coordinadora nacional de la Fundaci\u00f3n Voces Libres, Mercedes Cortez, se\u00f1al\u00f3 que la negativa de cobertura se ampara de forma err\u00f3nea en el art\u00edculo 62 del Reglamento \u00danico de Prestaciones (Resoluci\u00f3n ASUSS N\u00ba 64\/2018), el cual excluye la violencia familiar de las prestaciones regulares.<\/p>\n
\u200b\u00bbBajo ning\u00fan motivo un reglamento administrativo puede estar por encima de la protecci\u00f3n consagrada en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado, la Ley 348 o los tratados internacionales como la Convenci\u00f3n de Bel\u00e9m do Par\u00e1\u00bb, enfatiz\u00f3 Cortez.<\/p>\n
La activista record\u00f3 que los art\u00edculos 15, 18 y 35 de la Constituci\u00f3n garantizan de forma prioritaria el derecho a la vida y el acceso a la salud p\u00fablica integral y sin discriminaci\u00f3n para todas las personas, especialmente para las v\u00edctimas de violencia de g\u00e9nero.<\/p>\n
Representantes de las organizaciones advirtieron que esta desprotecci\u00f3n institucional genera un peligroso precedente, ya que muchas mujeres agredidas se ven obligadas a mentir sobre el origen de sus lesiones \u2014declarando que sufrieron ca\u00eddas o accidentes dom\u00e9sticos\u2014 para asegurar la atenci\u00f3n m\u00e9dica.<\/p>\n
Esto invisibiliza las agresiones, contamina los procesos penales al hacer desaparecer pruebas f\u00edsicas esenciales y fomenta la impunidad de los agresores.<\/p>\n
\u200bAnte la gravedad del caso, las plataformas en defensa de los derechos de las mujeres remitieron cartas oficiales a la Presidencia del Estado, el Ministerio de Salud, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, la Defensor\u00eda del Pueblo y la ASUSS, exigiendo una intervenci\u00f3n inmediata mediante el derecho de petici\u00f3n.<\/p>\n
\u200bLas instituciones demandan una reuni\u00f3n urgente para adecuar los reglamentos de los seguros a corto plazo al marco constitucional vigente. Asimismo, proponen modificar la normativa para que las Cajas de Salud asuman la cobertura total de las v\u00edctimas de manera inmediata y, posteriormente, sus unidades jur\u00eddicas ejecuten juicios de repetici\u00f3n para cobrar los costos m\u00e9dicos directamente a los agresores, una vez que exista una sentencia condenatoria. (Cochabamba, agencias)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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