La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz otorg\u00f3 tutela a una acci\u00f3n popular vinculada a los bloqueos registrados en el pa\u00eds, en una decisi\u00f3n que establece lineamientos tanto para los sectores movilizados como para el \u00d3rgano Ejecutivo.<\/p>\n
El exdiputado Am\u00edlcar Barral, impulsor del recurso, se\u00f1al\u00f3 que el fallo dispone el levantamiento de los bloqueos al considerarlos incompatibles con derechos fundamentales cuando afectan la circulaci\u00f3n, la salud y el abastecimiento. En su interpretaci\u00f3n, la resoluci\u00f3n tambi\u00e9n advierte que quienes mantengan estas medidas podr\u00edan ser objeto de procesos legales individualizados.<\/p>\n
La determinaci\u00f3n judicial establece, adem\u00e1s, que el derecho a la protesta no ampara el cierre de v\u00edas cuando este impide el paso de ambulancias, restringe el acceso a servicios b\u00e1sicos o afecta el normal desplazamiento de la poblaci\u00f3n. Bajo ese criterio, se fundamenta la instrucci\u00f3n de cesar las medidas de presi\u00f3n.<\/p>\n
El fallo tambi\u00e9n instruye al Gobierno a activar mecanismos para garantizar el levantamiento de los bloqueos, priorizando v\u00edas de di\u00e1logo o acciones pac\u00edficas. Asimismo, contempla la posibilidad de identificar a los responsables de las movilizaciones y eventuales financiadores, con el fin de que sean investigados conforme a ley.<\/p>\n
El recurso fue admitido por la Sala Constitucional Segunda de La Paz contra el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, el senador suplente, Nilton Condori y el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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